Por Juan Manuel Lira, médico especialista y ex titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación en el país se ubicó en 4,44% a tasa anual en el mes de septiembre, con lo que suma ocho meses de desaceleración. Sin embargo, en las sombras de la inflación en México, surge un subtipo particularmente insiioso y febril que, de manera silenciosa, escala con un ritmo alarmante y desmesurado: la inflación médica. Este fenómeno, eclipsado a menudo por discusiones macroeconómicas, nos sumerge en un dilema que va más allá de los números, tocando las fibras de un elemento vital para todos: la salud.
La inflación médica se refiere al incremento en los costos de servicios hospitalarios en el ámbito privado (consultas, hospitalizaciones, cirugías, medicamentos, estudios, entre otros), la cual ha oscilado de manera constante, ostentando un ascenso anual del 17% en promedio durante los últimos años, y está proyectado que al cierre del 2023 alcance cerca del 19%.
¿La implicación? Este tipo de inflación, que supera de manera significativa la inflación general (4 a 1), no solo amenaza la estabilidad financiera de los mexicanos, sino que también introduce una disyuntiva crítica acerca del acceso a servicios médicos privados y de manera indirecta a los servicios públicos que ofrece el Estado.
El espectro de la inflación médica se agrava en un contexto donde 6 de cada 10 mexicanos optaron por servicios médicos privados en el 2022 (consultorio privado, hospital, Consultorio Adyacente a Farmacia), implicando un “gasto de bolsillo” (ENIGH 2022). Y si bien el 10% de la población mexicana disfruta de la cobertura de un seguro de gastos médicos privado, la escalada de los costos hospitalarios ejerce una presión insostenible sobre las primas de seguros, al punto de llevar a una reducción del 6.8% en el número de asegurados, según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF reporte del segundo trimestre del 2023).
La pregunta preponderante es, entonces, ¿qué fuerzas impulsan la inflación médica, son los altos costos hospitalarios, los honorarios médicos o los medicamentos?
La CNSF en su estudio sobre la “Inflación Médica y su Impacto en Gastos Médicos y Salud” nos ilumina el camino: El principal componente de la inflación médica son los elevados costos hospitalarios; los honorarios médicos (los que pagan los seguros) solo tuvieron un repunte cuando la demanda por la pandemia por COVID fue excesiva; el estudio también concluye que los medicamentos no representan un impacto significativo en el incremento de los siniestros promedio para la población asegurada.
La inflación médica en los servicios privados de salud impacta directamente la siniestralidad y por consecuencia, el aumento en el precio de los seguros de gastos médicos, lo que puede tener como consecuencia que los asegurados de bajo riesgo cancelen sus pólizas y esto represente una presión adicional sobre los ya saturados servicios de salud pública.
La fiebre silenciosa de la inflación médica no es solo un fenómeno económico. Es un síntoma de una enfermedad sistémica que demanda nuestra atención colectiva, invitándonos a replantear y, posiblemente, redefinir, el paradigma en el que el cuidado de la salud interactúa con nuestras finanzas y, más ampliamente, con el bienestar colectivo.
En este cruce de caminos, México enfrenta una elección de proporciones sin precedentes. ¿Debe el Estado intervenir para regular los costos en la atención médica privada, o bien, debemos permitir que las fuerzas del libre mercado dicten el rumbo? La esencia de este dilema es, por supuesto, una reflexión sobre el valor que atribuye tanto el Estado como la sociedad a la salud y la manera en que nuestras políticas y economía pueden proteger o erosionar este valor inestimable.