La democracia es uno de los valores fundamentales que debemos defender como patrimonio de libertad. Es el instrumento estratégico que hace posible el mandato del pueblo. La expresión ciudadana, depositada en las urnas, evita que los triunfos sean eternos y las derrotas para siempre.
Hemos avanzado en el recorrido democrático nacional. No ha sido fácil la travesía, llena de obstáculos y atajos colmados de sacrificios. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral, instituciones resultado de esta lucha colectiva, son los árbitros autónomos responsables de organizar y vigilar las elecciones en México. A pesar de deficiencias e imperfecciones, de sumisiones y corruptelas, han respondido a este reclamo popular y han estado a la altura de las circunstancias.
Las encuestas acreditan un alto porcentaje de confianza y credibilidad en estas instituciones. En paz se operó la transición democrática y la alternancia del poder. Las tres fuerzas políticas nacionales (PRI, PAN y Morena) han ganado la presidencia de la República. Esta es una realidad; a pesar de los pesares el voto ha marcado el destino político del país.
El presidente no debe desgastarse en tocar estas instituciones, es una batalla perdida, sería un triunfo pírrico. Sus preocupaciones deben estar en otras prioridades y urgencias, entre otras, democratizar los partidos políticos y romper el coto de poder y su falta de transparencia democrática interna.
Las distintas iniciativas de reforma política-electoral, la del presidente y las de los partidos políticos, deben respetar aquellos organismos para garantizar legitimidad al proceso electoral de 2024. También aprovechar la oportunidad de refrescar y oxigenar la política mexicana y llevar adelante cambios en beneficio de las y los ciudadanos y de nuestra democracia. Modernizar los partidos es una asignatura pendiente y un reclamo democrático. Su reestructuración es una urgencia nacional; han abandonado sus plataformas ideológicas, le han dado la espalda a sus militantes y se han convertido en enclaves comerciales y en un nicho de rentabilidad económica.
Los partidos, salvo algunas excepciones, están secuestrados por grupos de interés que medran y desprestigian a la noble profesión de la política. La única forma de acercar estas organizaciones a los ciudadanos es transformarlas, sacudirles la polilla y quitarle a sus dirigentes el manejo a su antojo de las plurinominales.
La nueva ley electoral debe modernizarlos, democratizar su vida interna, reducir su gasto corriente y burocrático, descentralizar y fortalecer sus estructuras estatales, contemplar la segunda vuelta para la presidencia de la República, así como el voto electrónico y el voto directo para todos los puestos de elección popular, e inclusive integrar la lista de los plurinominales con los que hayan quedado en segundo lugar en la contienda electoral.
Se trata de empoderar a los ciudadanos, evitar la intermediación y legitimar los procesos electorales. En este sentido, resulta antidemocrática la propuesta del Ejecutivo de promover la elección de diputados y senadores por listas votadas en cada estado; esto es gatopardismo puro y va en contra de la democracia participativa. Voto directo a todos los puestos de elección popular es lo racional y democrático.
La llave maestra para la negociación con el Legislativo la tienen el presidente y el secretario de Gobernación. Consiste en retirar de la mesa de discusión las propuestas que impliquen vulnerar la autonomía de los órganos electorales y modifiquen la forma de nombrar a sus integrantes. De esta manera, se abrirían las posibilidades de alcanzar una buena reforma en beneficio de nuestra democracia y se allanaría el camino para una sucesión en 2024 menos accidentada.