Necesitamos un mejor plan

Por Sofía Ramírez Aguilar es maestra en economía por el ITAM y directora de México, ¿cómo vamos?*

Tres elementos del Programa de Combate a la Inflación y a la Carestía (PACIC), anunciado por el gobierno federal el miércoles pasado, merecen una reacción positiva: el sentido de emergencia, el diálogo con el empresariado y el foco en la inseguridad que se vive.

El sentido de emergencia del PACIC es correcto: en México hay hambre. Alrededor de 10.8 millones de personas vivían en pobreza extrema en 2020 –lo cual indica que aún con los programas sociales existentes esas personas no tenían suficiente dinero para comprar comida— y al cierre de 2021 había 52 millones que reportaban padecer pobreza laboral –situación que indica que con el ingreso laboral del hogar no alcanza para comprar suficiente comida para todos sus integrantes-. Sin embargo, en todo el programa no se hace referencia a que los destinatarios son los hogares más pobres, y por tanto no hay una focalización de los esfuerzos. Es decir, medidas del PACIC como precios de garantía y fertilizantes para el bienestar están dirigidas a los productores de autoconsumo y de pequeña escala, pero en el campo vive el 20% de la población, mientras que 40% de la población vive en pobreza laboral, también en las ciudades. Es probable que el beneficio se diluya.

Positivo que se reanudara la comunicación entre empresariado y gobierno, puestos que ésta había se había deteriorado desde mayo 2020, cuando el gobierno publicó en el DOF un primer amago para cambiar el orden de despacho en el sector eléctrico nacional, y que acabaría con una decisión de la Corte en abril 2022, que confirmaba el cambio en el orden de despacho en beneficio de la CFE y en detrimento de la certeza jurídica para los inversionistas privados. Sin embargo, quedó pendiente la representación amplia de los micro, pequeños y medianos comercios e intermediarios, que no aparecen en el PACIC, y que son quienes menores márgenes de utilidad tienen. Por tanto, son el eslabón más débil para contener el aumento de precios de los 24 productos seleccionados y, en general, de todos los bienes de consumo popular, que componen gran parte de sus inventarios.

La inseguridad en las carreteras fue, sin duda, un reconocimiento tácito de la dimensión de la presencia del crimen organizado en el país. Sabemos por notas periodísticas y trascendidos que transitar por las carreteras representa riesgos de secuestro de camiones y saqueos, y que cada vez es más frecuente escuchar que el crimen organizado es quien determina el precio de ciertos productos de consumo popular, como refrescos, cigarros o huevo. Y si bien este gobierno se ha caracterizado por anunciar el despliegue de miles de militares para labores policiales -lo cual es una estrategia equivocada porque no cuentan con el entrenamiento para ello-, hasta ahora no recuerdo que haya reconocido que la violencia y la presencia de la delincuencia organizada es el principal problema que preocupa y ocupa a la gente.

Problemático, sin embargo, es que aún no se tengan los detalles del alcance de los apoyos en fertilizantes e incremento en el gasto social de programas como sembrando vida o producción para el bienestar, o que no tengamos información de Hacienda sobre cómo se va a financiar el paquete completo. ¿De dónde se reasignará personal de la Guardia Nacional para cubrir las carreteras y qué se dejará al descubierto? ¿Recibirán capacitación adicional para evitar enfrentamientos? ¿Cómo van a aumentar el personal de aduanas y en qué horizonte temporal?

Tampoco se sabe en qué rubros se recortará el gasto para cubrir el boquete que se abre en las finanzas públicas por el estímulo a las gasolinas -estimado en 330 mil mdp para todo año según el gobierno-, o por dejar de cobrar aranceles a la importación de alimentos e insumos, por no incrementar el cobro de carreteras ni vías ferroviarias. ¿Se descuidará el mantenimiento de éstas al no haber dinero para ello?

Saber en qué se gasta y se deja de gastar es relevante porque este gobierno no se endeuda y la recaudación no crecerá dado que la economía está estancada. Se estima que nuestra economía es apenas 0.9% mayor que el trimestre anterior, y los primeros indicadores del desempeño en abril son bastante malos. La creación de empleo registrado ante el IMSS fue preocupantemente pequeña -apenas 5,500 nuevos empleos cuando la meta es de 100,000/mes según México, ¿cómo vamos?- y la inflación continúa persistentemente alta.

Y es que en el primer trimestre Hacienda reporta que el incremento en la inversión física fue menor -que es la que incrementa la producción, crea empleo y genera crecimiento económico- que el incremento registrado en el gasto social y la inversión financiera (respecto al mismo periodo de año pasado). Si ése es el patrón para el resto del año, los ajustes para pagar el PACIC tendrán un impacto en la calidad de los servicios públicos que recibimos, y el gobierno habrá dejado pasar la oportunidad de promover el crecimiento; eso sí, implementando medidas bienintencionadas pero sin efectos de largo plazo y sin programas eficaces, focalizados, para que nadie se quedara sin hambre, sin escuela o sin salud.

*Sofía Ramírez Aguilar es maestra en economía por el ITAM; especialista en desarrollo social, mercado laboral y en materia electoral. Ha asesorado al PREP en procesos electorales locales y federales y ha participado en proyectos de investigación y emprendimiento público con diversas instituciones como el Colmex, el ITAM y el Tec de Monterrey. Fue ministra representante del CISEN en la embajada de México en Washington D.C., directora general de la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional y coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Población y Migración en SEGOB.

Sofía tiene participaciones periódicas en distintos medios de comunicación, donde realiza análisis sobre temas económicos, políticos y sociales. Desde octubre 2020 es Directora General de México, ¿cómo vamos?