Angel García-Lascurain Valero*
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se publicó en abril del 2019. Se construyó con un objetivo estratégico central: impulsar el bienestar general de la población. Para ello planteó la necesidad, y la responsabilidad, de construir un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre los sectores sociales. Dicho modelo debería sustentarse en el fortalecimiento del Estado de derecho y el respeto irrestricto de la ley, en el fomento a un crecimiento económico elevado e inclusivo y en estrategias efectivas de combate a la inseguridad.
A tres años de distancia, la realidad es muy diferente. Los resultados muestran que la ejecución y la gestión de la estrategia gubernamental han sido inefectivas. Algunos ejemplos:
• De acuerdo con datos del INEGI, el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre de 2021 es 4.0 por ciento inferior en términos reales al del mismo trimestre de 2018. Los pronósticos de los principales analistas para el año en curso estiman un crecimiento menor al 2.0 por ciento, inferior al crecimiento promedio histórico de los últimos treinta años, que ya era insuficiente. Es una realidad que se ha debilitado la capacidad estructural de crecimiento de nuestro país. Hoy existen menos empresas, la inversión se encuentra a niveles de hace once años y la capacidad de las finanzas públicas para promover el crecimiento es muy limitada.
• La pobreza ha aumentado. De acuerdo con el Coneval, la población en situación de pobreza aumentó de 41.9 por ciento a 43.9 por ciento entre 2018 y 2020, mientras que el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria creció de 40.2 del tercer trimestre de 2018 a 40.7 por ciento en el tercer trimestre de 2021.
• El problema de la inseguridad no se ha resuelto. En diciembre de 2021, 65.8 por ciento de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad.
Estos resultados muestran que hay realidades insoslayables para cualquier modelo de desarrollo en una economía moderna y abierta y una sociedad informada como la mexicana:
• No hay combate a la desigualdad ni política pública social que sean sostenibles sin crecimiento económico. No puede repartirse lo que no se tiene.
• No hay crecimiento económico sostenido sin la participación de la inversión privada y esta requiere de condiciones de confianza y certidumbre suficientes.
• Dentro de su soberanía, una economía abierta y moderna como la mexicana debe respetar reglas internacionales a las que nos hemos comprometido. Nuestra economía está integrada al mundo y no pueden tomarse decisiones de política interna sin considerar su impacto internacional.
• La falta de transparencia y de rendición de cuentas generan suspicacias que no abonan a la confianza y al diálogo constructivo.
• Los ataques al Estado de derecho y la impunidad son ingredientes de la inestabilidad y limitan nuestra capacidad de desarrollo como nación.
Vivimos momentos muy delicados. La ausencia de resultados ha volcado el discurso gubernamental hacia la búsqueda de culpables, no de soluciones. México requiere de una conversación colectiva y con la participación de todos los sectores sobre el modelo de desarrollo inclusivo que debe llevar al país hacia mayores niveles de bienestar y justicia en el mediano y largo plazos. El acusar de traición a quien disiente cancela el diálogo y profundiza la división social. De no modificarse de manera rápida y profunda esta realidad, se están sentando todos los ingredientes para una nueva crisis sexenal, que nadie desea.
*El autor es presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex y presidente del Comité de Actualización del Plan Estratégico de la misma Confederación. Fue presidente Nacional del IMEF en 2020 y 2021.