La inversión en México ha venido cayendo en los últimos años. Se trata de una tendencia preocupante; este componente de la demanda agregada tiene una importancia fundamental pues determina la capacidad productiva de largo plazo y, por tanto, la tasa de crecimiento potencial de la economía que es uno de los principales factores que incide en los estándares de vida de la población. La inversión aumenta el acervo de capital (fábricas, maquinaria y equipo, vivienda, e infraestructura). El crecimiento per cápita de una economía solamente puede venir por aumentos en el capital o en la productividad —que significa poder hacer más con lo mismo—. La productividad en México lleva al menos dos décadas estancada siendo el aumento en capital la fuente del (poco) crecimiento per cápita que se ha tenido en los últimos veinte años. Por ello, la menor inversión es una señal de alarma.
En 2011 la inversión total (privada más pública) representó 22 por ciento del PIB. Al cierre de 2019 este indicador bajó a 19.3 por ciento. De continuar con estos bajos niveles, México puede ser un país que en el mediano plazo crezca a tasas menores a 2 por ciento. Así no se podrá erradicar la pobreza: el crecimiento económico no es condición suficiente para erradicarla, pero sí necesaria. Además, aumentar el acervo de capital se traduce en mejoras en la productividad laboral, condición necesaria para lograr aumentos sostenidos en los salarios.
La caída se ha dado tanto en la inversión privada como en la pública. En los últimos años la privada había sido superior a 17 por ciento mientras que en 2019 fue de 16.7 por ciento. Más dramática ha sido la disminución en la inversión pública que hace 10 años era de 6 por ciento del PIB y en 2019 fue de solamente 2.6. La inversión es el componente del PIB que más cae en las recesiones, por lo cual debemos esperar una importante disminución como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia.
La inversión privada ha bajado debido al mayor entorno de incertidumbre. Primero dejó de crecer con la elección de Donald Trump ante la posibilidad de una disrupción en la relación comercial entre México y Estados Unidos. Después empezó a caer en 2018 ante la incertidumbre en torno a las políticas económicas de la nueva administración y ahora se desplomó con la crisis del Covid-19. Por su parte, la inversión pública como porcentaje del PIB es la mitad de lo que era hace una década debido a que el gobierno ha perdido espacio fiscal, sobre todo por el irresponsable aumento de la deuda pública que se observó en la administración anterior. Lamentablemente, la crisis derivada de la pandemia reducirá todavía más ese espacio fiscal pues veremos una fuerte disminución en la recaudación fiscal y un aumento en el servicio de deuda debido a la depreciación cambiaria. Con estos niveles de inversión pública el país no podrá tener una infraestructura aceptable; no se podrán construir las escuelas, hospitales y carreteras que se requieren, lo que entre otros factores negativos resultará en una peor distribución del ingreso.
Es imperativo implementar políticas para aumentar la inversión en el país pues de lo contrario el ingreso per cápita permanecerá estancado por muchos años. Para hacerlo se requiere de una reforma fiscal profunda que le devuelva al gobierno el espacio fiscal para volver a invertir en infraestructura. Y para lograr que la inversión privada vuelva a crecer es necesario fortalecer el sistema de impartición de justicia, dar certidumbre de que las reglas no cambiarán a mitad del partido y crear un clima más amigable para la inversión, en particular en el sector energético. Afortunadamente, una de las fuentes de incertidumbre señaladas —la referida a la relación comercial con Estados Unidos— se ha disipado casi por completo. Es necesario reducir las demás. Si no se actúa pronto, el país estará condenado a tener tasas de crecimiento económico bajas y, por tanto, a no poder mejorar la calidad de vida de la población.