Un video en Youtube, notas en prensa y la cooperación entre autoridades logró que se iniciara una investigación sobre una muy importante y larga colusión en licitaciones en el sector salud. Después de cuatro años se logró confirmar el ilícito y las empresas finalmente han sido sancionadas, aunque dicha resolución todavía está sujeta al escrutinio judicial.
Nuevamente la cooperación entre instituciones del Estado mexicano ha sido la clave para descubrir, corregir y castigar un acuerdo entre empresas competidoras que, según la resolución del caso, dañó al erario en al menos mil 200 millones de pesos y que afectó el servicio que reciben los derechohabientes del sistema de seguridad social. Necesitamos muchos más casos de estos, pues el problema persiste y nos afecta a todos.
Ya se ha reportado en este medio sobre las millonarias multas que impuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en este asunto. No sólo a diversas empresas, sino también a personas físicas que coordinaron la presentación o abstención de posturas en licitaciones públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Las licitaciones se convocaban para contratar servicios de estudios de laboratorio y de banco de sangre en todo el país. Dos servicios fundamentales para los usuarios que se encuentran relacionados con la atención de todo tipo de enfermedades.
Lo que me parece más interesante de comentar en este espacio es cómo se inició el asunto en 2016 al hacerse público a través de diversos medios un video de la plataforma Youtube sobre un acuerdo colusorio entre empresas de este sector donde se repartían las licitaciones públicas del IMSS. Hoy se sabe que en esa época, el IMSS, a través de sus directores de administración y jurídico, identificaron el video de inmediato y se acercaron a la Cofece para discutir el asunto. El momento era delicado, toda vez que el IMSS se encontraba en medio de un proceso de licitaciones para esos servicios integrales. La forma en la que se hizo público el video y la situación en general parecían perseguir el objetivo de afectar esos procesos de contratación pública e influir en decisiones internas del Instituto para cancelar las licitaciones.
La Cofece recomendó en su momento seguir un análisis interno dentro del IMSS e investigar si había elementos para presentar una denuncia. El famoso video no parecía ser suficiente causa objetiva para el inicio del procedimiento y era de dudosa procedencia, pero había indicios de problemas en años anteriores. En esta investigación interna, ambas autoridades cooperaron para determinar la existencia de esas conductas colusorias y finalmente el IMSS decidió presentar formalmente una denuncia.
Eventualmente, la Cofece acreditó que las empresas investigadas establecieron un pacto de no agresión para repartirse las partidas de varias licitaciones entre 2008 y 2015. La conversación que se hizo pública en el referido video era sólo un ejemplo de muchas interacciones ilegales entre los competidores para manipular el mercado.
Dado que las multas, si bien muy relevantes, fueron menores al daño causado, la Cofece ha manifestado que se requieren otros desincentivos a este tipo de conductas para que se dé un efecto disuasivo real. Como en su momento se vio con el famoso caso de colusión en la venta de medicinas al mismo IMSS y que se logró sancionar con éxito en 2010, la capacidad económica y otras restricciones legales hacen difícil establecer sanciones suficientemente altas en casos de licitaciones. Por ello, en este caso, la Cofece ha mencionado la posibilidad de que se sancione penalmente a los individuos participantes y se castigue con inhabilitaciones para participar en la compra pública a las empresas por parte de la Secretaría de la Función Pública, pues las autoridades de competencia no pueden imponer dichas sanciones directamente. Nuevamente la Cofece tendría que cooperar con el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República para lograr estas consecuencias.
No es menor el efecto que se ha logrado desde el inicio de la investigación. Mucho se ha corregido en el mercado de los análisis de sangre con nuevos participantes y mejores procesos de contratación. Ese es el primer objetivo de las instituciones: corregir rápido y hacer funcionar el mercado. Pero el esfuerzo de cooperación entre organismos debe continuar para lograr los objetivos de desincentivar la realización de acuerdos entre competidores a futuro.
Nuevamente se resalta la urgencia de que las empresas que venden al gobierno tengan todos los cuidados necesarios para impedir que sus empleados se pongan de acuerdo con sus competidores para evitar estas consecuencias tan graves.