Competencia 2.0

Corredores públicos son perdonados por Cofece

La Cofece informó que los colegios de corredores públicos ofrecieron compromisos y medidas correctivas para restaurar el proceso de competencia y libre concurrencia.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) acaba de hacer pública su decisión de dar por terminado anticipadamente un procedimiento en el que se investigaban prácticas monopólicas de corredores públicos.

El expediente de afectaciones entre grupos de corredores por tratos discriminatorios en la afiliación a los Colegios de Corredores Públicos de la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León terminó durante la etapa de investigación, sin que hubiera la necesidad de imponer sanciones.

La Cofece informó que los colegios de corredores públicos ofrecieron compromisos y medidas correctivas para restaurar el proceso de competencia y libre concurrencia. Aunque de la resolución se desprende que estos compromisos no fueron los ideales en un inicio, la Cofece los modificó para que fueran aceptables al pleno de comisionados y con ello les otorgó la dispensa de la sanción que hubiere podido corresponderles por realizar prácticas monopólicas.

De acuerdo con la autoridad, los colegios se comprometieron a modificar sus estatutos para cumplir con la legislación de competencia para, entre otras cosas, dejar de establecer cuotas de ingreso diferenciadas entre diferentes corredores públicos. Igualmente, los colegios de estas tres importantes entidades se comprometieron a no discriminar u otorgar ventajas a unos corredores sobre otros por ningún otro medio.

De acuerdo con la investigación, por varios años los corredores establecieron cuotas de afiliación diferentes para los corredores públicos "locales" y los corredores que cambiaban de plaza, con el objetivo de desincentivar que los corredores se cambiaran de lugar de trabajo y que pudieran competirles a los incumbentes.

La Secretaría de Economía podrá asegurar ahora la eficacia de las condiciones de competencia en este mercado, toda vez que le corresponde la regulación del sector, incluyendo la habilitación de los corredores e incluso la aprobación de los estatutos de los colegios.

La solución que se le dio a este caso me parece un acierto de la Cofece para resolver problemas claros de competencia de forma eficaz y eficiente. Parecería que en muchos casos de prácticas monopólicas relativas y de concentraciones ilícitas las autoridades de competencia (y esto incluye también al Instituto Federal de Telecomunicaciones) no requieren llevar a las últimas consecuencias los casos y tardar muchos años en llegar a una conclusión o sanción. Para esto, la ley permite a las autoridades terminar de forma anticipada los procedimientos y solucionar el posible problema de competencia en beneficio de los consumidores mucho más rápido, lo que ahorra también recursos a los particulares a la autoridad de competencia y a los tribunales.

En este contexto, hace unos meses la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mencionaba en un reporte que analizamos en este espacio, que en los casos de prácticas monopólicas relativas se requiere más experiencia de casos sancionados. El estudio parecía notar que había un exceso de casos terminados por compromisos. La razón que se esgrimía ahí es que podría haber un problema de falta de "jurisprudencia" por el uso frecuente del sistema de terminación anticipada por compromisos, pocos casos que terminan en los tribunales. Si bien es interesante la postura que se plantea en este reporte de la OCDE, me parece que hay que sopesar el valor de la llamada jurisprudencia de competencia con el valor de una autoridad mucho más eficiente, además que el procedimiento de ley otorga el derecho al particular para acogerse a este beneficio expresamente y Cofece no puede negarse sin fundamento.

La experiencia de jurisdicciones avanzadas demuestra que en muchos casos, en este tipo de conductas es mejor llegar a soluciones rápidas y llegar a acuerdos con las empresas para restaurar las condiciones de competencia, donde este debería ser el objetivo número uno de la autoridad. Eso sí, se requiere una autoridad muy activa para la detección de violaciones, se requieren muchas investigaciones y que existan sanciones muy severas en los casos de reincidencia para asegurar el efecto disuasorio.

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