Competencia 2.0

Competencia económica en la administración Biden

Lograr que la política de competencia sea una verdadera política de Estado sería el mejor legado de cualquier administración.

Todo indica que bajo la nueva administración del presidente Biden se aplicará una política de competencia más estricta que la de la administración Trump. Los cambios específicos todavía no son tan claros, faltan nombramientos y las empresas de varios sectores están nerviosas, pero hay varias tendencias que se pueden apreciar.

La experiencia demuestra que las administraciones demócratas son más agresivas que las republicanas en la aplicación del derecho de la competencia. Sin embargo, en el caso de Trump no fue una administración republicana tradicional: intentó ser muy estricto e intervencionista con algunas empresas en particular, mientras que en otros sectores se relajó de manera importante el esfuerzo de intervención y corrección de los mercados. Existe un legado de casos que no se puede ignorar.

Como en muchas otras materias, el primer cambio importante con la política de competencia con Biden será la predictibilidad de la aplicación de la ley que será menos dependiente del vaivén político y las fobias personales. Se espera que la teoría detrás de los casos de competencia y los criterios y políticas que se apliquen sean estables y claros. Este es un cambio fundamental, especialmente en un escenario de mayor intervención estatal.

En general, se espera un mayor escrutinio de las operaciones de fusiones y adquisiciones. En específico, se espera que aquellas ventas de empresas en riesgo financiero sean analizadas con mucho cuidado y con un énfasis más importante en el beneficio real al consumidor para ser autorizadas.

Uno de los cambios más importantes de política tiene que ver con la posible prohibición de los llamados acuerdos de no competencia. Muchos demócratas han empujado por proteger más a los trabajadores a través de la política de competencia. Prohibir completamente este tipo de acuerdos para que los trabajadores no tengan restricciones en emplearse en empresas competidoras, sería un cambio mayúsculo. Más aún si la prohibición se extiende a acuerdos de no competir entre empresas en el contexto de una fusión o venta de empresas. Todavía no hay claridad sobre este tema, pero es uno de los más relevantes de la agenda Biden. Sin duda seguirá la política de perseguir penalmente acuerdos para 'no robarse' empleados entre empresas: un tema que sigue pendiente en nuestro país.

Otro gran cambio que se prevé tiene que ver con redefinir prioridades. En el ámbito de las grandes empresas tecnológicas, la administración Trump tuvo ya una agenda agresiva, aunque errática. Los nuevos funcionarios seguramente seguirán aplicando la ley con rigor en ese ámbito, en especial en casos que ya se han avanzado mucho como los de Google y Facebook. Además, el momentum político que se vive al respecto, le permitiría lanzar cambios legislativos para regular las grandes empresas tecnológicas, si encaja en su agenda.

Lo que se espera con Biden en este sentido es la ampliación de los sectores prioritarios hacia otras industrias como las de salud, agricultura, el sector financiero y energía, por mencionar algunos. Sobre estos dos últimos, lo que se haga en Estados Unidos puede tener importantes repercusiones en nuestro país. También se tendrán que balancear las políticas industrial y de comercio internacional con la política de competencia. El famoso "Buy America" que se ha establecido ya como política pública, podría hacer corto circuito con las acciones de competencia.

La nueva administración seguramente incrementará la cooperación con sus contrapartes de otros países. Este incremento en la cooperación seguramente traerá cambios en el número de casos de cárteles internacionales investigados y la mejor coordinación cuando se analizan transacciones transfronterizas para permitir fusiones o adquisiciones; se espera que Estados Unidos reasuma su liderazgo internacional en la materia.

Finalmente, se discute actualmente la idea para crear una oficina de competencia económica que dependa del presidente en la Casa Blanca. Este sería un enorme paso para darle relevancia al tema de competencia y tratar de incluir criterios de competencia en otras políticas públicas. Sin ser el cambio más espectacular, este podría ser el más profundo: lograr que la política de competencia sea una verdadera política de Estado sería el mejor legado de cualquier administración.

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