Carlos Javier Gonzalez

Prolegómenos de la 4T

Carlos Javier González analiza el preámbulo del gobierno de López Obrador a partir de las propuestas que realizó durante su campaña y las actuales.

Como todas las transformaciones en la historia, sus fundamentales nacen de una ideología y sustento a los que se pueden llamar preámbulos o prolegómenos. Es, digamos, la fuente de inspiración o explicación de lo que sucederá en el futuro.

Desde hace mucho tiempo, en nuestro marco legal existe una deficiencia muy grande, ya que las promesas de campaña no son de cumplimiento obligatorio. De hecho, hemos visto un gran número de gobiernos que simplemente olvidan las promesas que los llevaron al poder al encontrarse con la terca realidad una vez que asumen el poder.

Existe un Plan Nacional de Desarrollo que debe ser presentado por el gobierno entrante ante el Congreso –quien sólo tiene facultades de opinar- en que supuestamente se establecen los proyectos y políticas públicas que desarrollará la nueva administración. Sin embargo, su observancia tampoco es obligatoria para nadie, es decir, se convierte en un decálogo de buenas intenciones.

Lo que llega a ser ridículo es que ni siquiera existe una sugerencia en las leyes de planeación para que dicho Plan Nacional de Desarrollo se vincule con las promesas de campaña que llevaron al ganador a convertirse en gobierno.

De las propuestas que llevaron a Morena al poder, existe unanimidad en que, por lo menos dos, son de urgente resolución y que verdaderamente pueden lograr un cambio permanente en el país: 1) La inseguridad pública y, 2) la lucha contra la corrupción. Sin embargo, pareciera que mucha gente votó no sólo por los qués sino también por lo cómos.

A pesar de negarlo, ha quedado documentado que López Obrador se opuso terminantemente al uso de militares en la lucha contra la delincuencia, al grado de acusarlos de cometer "masacres" en contra del pueblo, y ahora, lo que propone es la militarización de la justicia federal llegando a la desmesura de proponer una reforma constitucional para que se eleve a rango de nuestra Carta Magna lo que tanto criticó en los gobiernos previos, concretamente, en la Ley de Seguridad Interior que la Corte ha declarado como inconstitucional.

Referente a la corrupción, se dice y se desdice sobre si juzgará a los corruptos de antaño o no, remitiéndose finalmente a una consulta más en la que ya se sabe cuál será el resultado. En la economía la pérdida de valor de nuestra moneda con respecto al dólar en casi diez por ciento en los últimos dos meses se vincula con las estúpidas e irresponsables declaraciones de algunos legisladores de su movimiento, con las que evidentemente el equipo económico que lidera Carlos Urzúa no ha estado de acuerdo. El riesgo es que no se sabe aún la postura del presidente electo.

Existirán muchos defensores de AMLO que dirán que estos baches financieros son responsabilidad de la administración de Peña Nieto porque aún está en el poder. Este argumento es, por decir lo menos, una ingenuidad. Parece ser que nos encaminamos a un gobierno con mayoría en el Congreso que no logra controlar las tonterías que dicen sus correligionarios y que afectan gravemente a la confianza de los inversionistas quienes, a decir de muchos, son parte de la mafia del poder. Esa misma que ahora tiene a varios de sus representantes en un Consejo Asesor que se sienta con el presidente electo y lo hará con él cuando sea presidente constitucional.

Y la verdad es que, a mis ojos, no es que el presidente electo haya dicho mentiras en campaña, sino que simplemente la realidad lo ha rebasado y se da cuenta de que no puede andar como chivo en cristalería diciendo sandeces, sino que debe actuar como un estadista. ¿Lo hará? Con toda franqueza yo creo que no. Pero habrá que esperar, tal vez deje de lado sus promesas de campaña –como han hecho todos- y se dedique a atender la realidad y los problemas verdaderos, atendiéndolos de manera responsable y con los recursos disponibles, aunque no le guste a sus aliados y partidarios.

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