La desaparición del PES para el bien de la República

La decisión final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la permanencia del Partido Encuentro Social (PES) ha despejado una serie de dudas respecto a la intencionalidad del actual gobierno de la República sobre la imposición de sus intereses políticos y de grupo por encima de la validez del texto constitucional. En el artículo 41 de la Carta Magna, se establece de manera clara e indubitable el requisito que deberá de cumplir un partido político para poder continuar contando con el registro como tal y en consecuencia seguir gozando de las prerrogativas públicas que se les otorgan de dichos institutos políticos y, lo más importante, la posibilidad de concurrir en los procesos electorales federales. Este requisito es que se haya obtenido un mínimo de tres por ciento de la votación válida emitida para la renovación de los poderes federales que se eligen por votación directa: el Legislativo y el Ejecutivo. Si bien es cierto el texto constitucional puede ser objeto de una ley reglamentaria que explique de manera precisa la manera de instrumentar dicha norma fundamental, en el caso que nos ocupa no existe posibilidad alguna de confusión, toda vez que en las fuentes formales y los principios de interpretación constitucional apoyan la idea de que la intención del constituyente permanente era clara: No dar cabida como partidos políticos a expresiones que no reúnan un porcentaje de votación bastante que representen una fracción de la población lo suficientemente amplia como para poder tener la representación de sus ideas en la contienda política actuando como partidos. Y esto no es cosa menor, ya que dicho artículo constitucional adicionalmente establece con claridad cuál es la finalidad de los partidos políticos, a saber, promover la participación social en la vida democrática como forma de renovación del poder dentro de nuestro sistema republicano. Pero va más allá, no solamente les da el reconocimiento como entidades de interés público para este fin, sino que adicionalmente les dota de los medios financieros y de comunicación necesarios para poder lograr sus fines, y todo esto -hasta ahora- con cargo al erario público. Es por ello que despertó una serie de suspicacias entre analistas políticos y constitucionalistas el rumor de que el magistrado ponente, Felipe de la Mata Pizaña propondría mantener el registro de dicho partido político haciendo un malabar interpretativo del texto constitucional, haciendo pasar por válidos argumentos que –independientemente de su razonabilidad o no- contravienen abiertamente el espíritu de la norma constitucional. El argumento que se 'filtró' sobre esta decisión era que, independientemente de no haber alcanzando el porcentaje mínimo en las elecciones federales de 2018, habían alcanzado tantos o más puestos de elección popular en las cámara del Congreso federal que el porcentaje requerido en la votación válida emitida. Es decir, este partido cuenta con cincuenta y seis diputados federales –lo que equivale a más del diez por ciento de la representación en la Cámara- y con ocho senadores que representan un poco más del seis por ciento del número total de senadores. Sin embargo, este argumento contradice de manera abierta el texto del artículo 41 constitucional por válida que pueda ser para algunos esta interpretación. Cabe recordar que, dentro del régimen jurídico constitucional mexicano, el órgano facultado para la interpretación constitucional es –con algunos matices en la materia electoral que no quedan del todo claro– el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es en este contexto que debe celebrarse que finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya decidido aplicar a rajatabla el imperativo constitucional en vez de hacer una interpretación para la cual, a juicio de quien esto escribe, no está legitimada y, lo peor, hubiera despertado suspicacias sobre la voluntad del gobierno de la República para respetar las instituciones democrática de la república para alcanzar sus fines. Por el momento, podemos estar tranquilos de que las 'temidas tentaciones autoritarias', han encontrado un valladar. Esta, es una buena noticia para la democracia y para la república.