Carlos Javier Gonzalez

El Estado soy yo

Carlos Javier González indica que el memorándum de AMLO para dejar de aplicar las disposiciones de la anterior reforma educativa denota un ánimo presidencial en que converge la displicencia por la ley junto con una concepción personalizada de la justicia y, sobre todo, de la forma de interpretar la Constitución según dicha percepción personal.

Pensaba titular esta colaboración con un título un poco más provocativo. Pensé en nombrarlo algo así como "Los tompiates del Presidente" o "Por mis purititos huevos", pero pensé que era poco refinado y sobre todo, irreverente tratándose del Jefe del Estado Mexicano. Entonces pensando un poco en la nostalgia por la cultura francesa que nos conmovió a todos por la reciente tragedia en la catedral de Notre Dame de París, me imaginé algo más franco – mexicano como "La Constitución y el Arco del Triunfo", pero decidí ser un poco más serio y, para preservar la emoción francesa recordé al Rey Luis XIV y darle el título de una de sus frases más célebres y de las que sin duda alguna mayor trascendencia ha tenido para la historia. Viene a colación el contexto real y carácter autoritario de Luis XIV dado el reciente memorándum por el que el Presidente de la República pedía a sus subordinados en Gobernación, Hacienda y Educación, simplemente dejar de aplicar las disposiciones constitucionales y legales emanadas de la reforma educativa del sexenio peñanietista, toda vez que los agravios al magisterio parecen pesar más en el ánimo presidencial que el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades derivadas de su alta investidura y, sobre todo, de los postulados de los artículos 87 y 89 fracción l de la Constitución General de la República que obligan al presidente a ejecutar las leyes, lo que no es optativo para él. Al presidente se le olvida que las normas imperativas derivadas de la constitución no están sujetas al arbitrio de nadie para su aplicación, sino que por el contrario, deben de ser instrumentadas de manera directa. Si bien es cierto el memorándum de referencia sirvió como una inequívoca señal política de López Obrador hacia sus aliados de la CNTE, también lo es que denota un ánimo presidencial en que converge la displicencia por la ley junto con una concepción personalizada de la justicia y, sobre todo, de la forma de interpretar la Constitución según dicha percepción personal. Parece ser que no habrá oportunidad de aplicar la orden presidencial, ya que al momento de escribir esta columna, se había aprobado en la Cámara de Diputados la nueva reforma educativa lopezobradorista y, dado que se contó con el voto favorable del PRI, pareciera preverse que en el Senado de la República la aprobación está garantizada. Después de eso, será coser y cantar en los congresos de los estados, ya que ahí basta con convencer a los gobernadores –verdaderos jefes de los legisladores locales- para que se vuelva una realidad la reforma. Y si bien es cierto el amago presidencial de desaplicar la constitución y las leyes reglamentarias en materia de educación no se llegó a concretar, también es cierto que retrata de cuerpo entero a todo un sistema que acompaña a la 4T, ya que en el colmo del absurdo y de la abyección, diversos legisladores y reconocidos políticos justificaron la decisión presidencial de ordenar la violación constitucional. Y sin embargo, en algunos casos tal como el de Martí Batres, tuvo un razonamiento jurídico constitucional impecable, al argumentar que en nuestro país el control constitucional es a posteriori por lo que, en tanto el mentado memorándum no sea declarado como violatorio de la Constitución por quien tiene facultades para interpretar dicho texto, -el Poder Judicial de la Federación, según lo ha instituido la Suprema Corte de Justicia de la Nación- el mismo puede subsistir en el mundo jurídico. Pero lo que es preocupante es el ímpetu presidencial por imponer su visión personal por encima del texto del que deben derivar todas las acciones y decisiones de los gobernantes, lo que constituye en sí mismo uno de los derechos humanos fundamentales en los estados constitucionales modernos. Y eso es algo que debe preocupar a los mexicanos después de varias señales de tentaciones autoritarias por parte de quien encabeza el Gobierno de la República, al que ahora se le llama Gobierno de México, algo que habrá que analizar en otra colaboración por las implicaciones políticas y de equilibrio de poderes que puede llegar a tener. En todo caso, es importante que nos mantengamos vigilantes para denunciar y evitar –en caso de que esto sea posible- la violación autoritaria de nuestra carta magna. La democracia mexicana ha transitado un largo camino desde 1968 y no podemos permitir que se tomen decisiones ilegales por los purititos huevos de nadie.

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