Hoy, en el Pleno del INAI cumplimos 130 días sin el quorum legal para sesionar y, con ello, no podemos resolver los casi 8 mil recursos interpuestos por la ciudadanía que buscan acceder a información pública o proteger su información personal por una posible vulneración o mal uso de ésta.
Estos medios de impugnación representan más que simples números o estadísticas, pues son historias de personas que buscan ejercer a plenitud los derechos humanos que en el INAI tutelamos y que se constituyen como prerrogativas instrumentales para el goce y ejercicio de otros derechos.
En ese marco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomará, en estos días, la discusión de la controversia constitucional 280/2023, para analizar los efectos de la sentencia del pasado 13 de julio, en la que las y los ministros del máximo tribunal constitucional del país determinaron por mayoría de ocho votos que, la Cámara de Senadores incurrió en una omisión por la falta de designación de las personas comisionadas del INAI, resolviendo que el proceso de designación no es opcional, ni indefinido, sino que constituye una obligación establecida en la Constitución. Por tanto, es menester del Senado mexicano el realizar las designaciones correspondientes para tener la integración completa del máximo órgano de dirección del INAI.
Los argumentos esgrimidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación le devuelven la esperanza a la ciudadanía de recuperar el goce de dos de sus derechos humanos. En su última sesión del Pleno, quedo patente que están del lado de la gente, sus derechos y la democracia constitucional.
Por otra parte, reconozco que el Senado de la República alberga el espíritu democrático de la nación, porque representa los intereses de la población mexicana. Por lo que confío en que actuará en correspondencia con su obligación y dará cumplimiento a lo que establece la Constitución respecto al nombramiento de los comisionados faltantes del INAI.
No se trata de defender a una institución, sino de garantizar el respeto a la democracia constitucional y a dos derechos humanos, cuya ausencia es grave, porque, por un lado, pierden no solo conocimiento y vigilancia de los asuntos públicos, sino su poder como soberanos últimos de la nación; y por otro lado, porque, al no existir quien cuide de sus datos personales, pierden su intimidad y privacidad y quedan a merced de las arbitrariedades e injusticias, tanto en el sector público como privado. De ahí el tamaño de la responsabilidad que está en sus manos.
Desde el INAI reiteramos que nos mantendremos atentos a la presentación y discusión de este nuevo proyecto de resolución a cargo de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcantará Carrancá y con la plena confianza en que el alto tribunal restaurará la normalidad constitucional en torno a la garantía de los derechos humanos que protege el INAI.
La autora es comisionada presidenta del INAI.