Hasta el momento, la llegada al poder de López Obrador ha implicado más destrucción que construcción. Al respecto, unos cuantos casos emblemáticos. El nuevo aeropuerto, cancelado; y el propuesto, detenido. Estancias infantiles al borde del colapso y el nuevo programa de apoyo para las familias con hijos pequeños tomándose varios meses para arrancar. Especialmente importante: burocracia gubernamental cercenada por despidos, recortes presupuestales y reducciones en salarios y prestaciones a granel, y ningún plan conocido sobre cómo fortalecerla a fin de poder llevar a cabo los propios proyectos centrales del nuevo gobierno.
Para muchos analistas, ello es el resultado de la prisa, la improvisación, la terquedad y/o la incompetencia del nuevo gobierno y su líder máximo. Es posible que tengan mucha razón. Convendría no descartar, sin embargo, el que los fuertes costos (en particular para los sectores sociales medios y, en alguna medida, los altos) producidos por las decisiones del presidente López Obrador no sean pura "externalidad negativa". Básicamente, pues pudiera ser que, también, sean producto de una intención deliberada de desmontar anclas centrales del viejo régimen a fin de, primero que nada, hacer imposible su retorno. En suma, destrucción no sólo como consecuencia no deseada, sino destrucción como propósito deliberado de cancelar la posibilidad de retorno a lo de antes.
Es más sencillo tildar de incompetente, enfermo de poder, u obcecado a López Obrador que imaginar siquiera que sus decisiones pudieran estar animadas por la intención de desmontar en serio las bases de sustentación de un orden social profundamente injusto, ya no digamos intentar entender cuáles son esas bases y por qué pudiera resultar provechoso para la inmensa mayoría de los mexicanos desmontarlas. Vale la pena ampliar la mirada, con todo, pues hay muchos indicios de un líder político concentrado en destruir algunos de los engranajes institucionales y en alterar de forma perdurable la correlación de poder entre grupos sociales en los que ha descansado históricamente un orden social centrado en la reproducción de la desigualdad extrema.
Tentativamente, identifico como los focos de este posible proyecto a favor del desmontaje del viejo régimen los siguientes:
Primero, la destrucción del sustento primigenio de la corrupción entendida como el amasiato sistémico entre el poder político y el dinero por la vía de la asfixia –presupuestal, de personal y regulatoria– del aparato burocrático del gobierno federal. Vía sin duda brutal, pero muy veloz y operando sobre lo que sí puede operar un gobierno con muy bajas capacidades estatales y muy serias debilidades frente a los señores del dinero.
Segundo, cambio mayor y muy rápido en la correlación de fuerzas entre el gobierno y la iniciativa privada, cuyo propósito central pareciera ser el dejar claro quién manda y, desde ahí, negociar nuevos acuerdos. Se han empleado para ello acciones simbólicas (cancelación del aeropuerto de Texcoco, el más importante), pero también algunas contantes y sonantes. Léase: contracción brutal del gasto público, que ha dejado temblorosos a muchos grandísimos empresarios nacionales; cancelación de condonaciones fiscales en automático para los más grandes, así como mensajes fuertes de que su información fiscal será empleada de forma estratégica; y disposición por parte del nuevo gobierno a incurrir en muy considerables costos financieros a fin de hacer creíble su intención de tratar con el gran capital desde una posición de fuerza (de nuevo y centralmente, Texcoco, aunque también 'locuras' tipo renegociar con una empresa canadiense un contrato firmado hace cinco años para una obra casi terminada).
Tercero, cambios normativos (prisión preventiva oficiosa y extinción de dominio) y preparativos (Ley de Austeridad Republicana) para transformar golpes puntuales para debilitar a actores poderosos en normas legales que permitan sustentar en el tiempo (al menos de aquí a 2024) un poder gubernamental creíble frente a la IP más fuerte, sus operadores legales y sus aliados políticos.
Las acciones emprendidas por el nuevo gobierno para, en la hipótesis que aquí sostengo, desmontar el viejo régimen han tenido altos costos para segmentos distintos al gran capital, en especial para las clases medias e incluso para alguna parte de los grupos sociales más vulnerables. Ello seguramente tiene que ver con la prisa excesiva y la incompetencia, pero además quizá con restricciones estructurales muy apretadas –una economía muy abierta y vulnerable a las decisiones unilaterales de inversionistas muy móviles, y gran capital nacional fuertemente transnacionalizado–, y a un contexto en el que muchas de las instituciones capaces de actuar como contrapeso al poder presidencial (Poder Judicial y medios de comunicación, por ejemplo) están fuertemente influenciadas (si no, controladas) por el gran capital nacional en conjunto con sus socios y aliados extranjeros.
Si acaso el proceso de destrucción que estamos viviendo no es pura externalidad negativa, sino también proyecto intencional dirigido a romper los nudos que sostienen el privilegio y la exclusión, nos esperan a todos, y en particular a las élites, tiempos muy incómodos y costosos. Espero que ese proceso limpie el terreno para transitar a un orden social menos desigual e incluyente, pero, evidentemente, la moneda sobre si será así o no está en el aire.