¿Revolución pacífica o revolución a secas?
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¿Revolución pacífica o revolución a secas?

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¿Revolución pacífica o revolución a secas?

09/09/2020
Actualización 09/09/2020 - 14:50

El país se acerca a un momento de definición clave: revolución pacífica o revolución a secas. En medio de una crisis sin precedentes, el presidente López Obrador va derecho y no se quita. La pregunta delante del titular del Ejecutivo federal en esta coyuntura crítica es si seguirá por el camino de la revolución pacífica o si romperá los amarres con el pasado, más allá de las consecuencias que ello tenga sobre la estabilidad conocida.

Andrés Manuel López Obrador ha insistido una y otra vez en que su proyecto transformador es el de una revolución pacífica. Hasta el momento, su gobierno ha logrado introducir cambios de fondo –entre otros, en el Presupuesto, en materia impositiva, en el entramado normativo de las relaciones laborales, en el salario mínimo y en la priorización simbólica y material a los sectores más pobres– y hacerlo de forma pacífica. Han contribuido a ello diversos elementos.

La rapidez, variedad y secuenciación estratégica de los cambios introducidos han resultado clave para desarticular la resistencia eficaz por parte de los intereses afectados. Por ejemplo, con la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, el presidente López Obrador mandó a los empresarios y los inversionistas privados la señal contundente de que no les tenía miedo y de que, en pos de su proyecto de cambio, estaba dispuesto a asumir costos económicos muy importantes. Con ello, le confirió credibilidad a sus promesas y sus amenazas. Poco después, su gobierno impulsó reformas para endurecer la ley en materia de extinción de dominio, así como de prisión preventiva oficiosa, incluyéndose en estas a la defraudación fiscal. También cerró 'hoyos' diversos, en particular los relativos a las factureras. Algunos meses más tarde, el SAT procedió a apretarles las tuercas a los contribuyentes en general y, muy especialmente, a los grandes contribuyentes. En suma, una reforma fiscal de fondo que se concentró en el problema central de lo reducido de los impuestos que efectivamente ha logrado cobrar históricamente el Estado mexicano (elusión y evasión fiscal) y que salió adelante en paz y sin oposición capaz de detenerla.

Otros dos elementos que han contribuido a diluir la resistencia efectiva frente al impulso transformador del gobierno de López Obrador y, por tanto, a apuntalar su carácter pacífico son la debilidad de la oposición partidaria y no partidaria, así como el amplio apoyo popular a su mandato. Un último factor, central, que ha operado en el mismo sentido y que hoy no sabemos si habrá de mantenerse es el pacto –implícito y estratégico– con las cúpulas políticas del viejo régimen (con todo y sus amplios y profundo tentáculos). Frente a esa encrucijada se encuentra AMLO y se encuentra México: ¿sostener o dejar de sostener ese pacto?

La decisión del presidente de amenazar a la élite política del viejo régimen con el regreso del 'cantor' Lozoya y con el impulso a una consulta pública sobre si juzgar o no a los expresidentes, sugiere que López Obrador está revisando su compromiso original de un acuerdo tipo 'punto final' con las cúpulas del viejo régimen (PRI y PAN). Los primeros revires de esas cúpulas también indican que éstas no se van a quedar cruzadas de brazos, es decir, que van a pelear con todo por sus activos, sus privilegios y su libertad.

López Obrador cuenta con la fuerza legal y política para llamar a cuentas a las cúpulas políticas del viejo régimen. Tan es así, que la debilidad de buena parte de la oposición puede atribuirse al temor que les provoca la combinación entre su larga cola y la amenaza creíble de castigo por parte del gobierno en turno. Es evidente también, sin embargo, que el presidente había mostrado singular contención hasta hace muy poco con respecto a las esferas más altas del viejo régimen. Una contención fundada en la decisión de no meterse con el pasado y no amenazar con ello el carácter pacífico de su cuarta transformación.

Las decisiones recientes del presidente –Lozoya y consulta popular para juzgar expresidentes– muy probablemente tienen que ver con los riesgos para su gobierno y su proyecto vinculados a los enormes costos de la pandemia y de la crisis económica asociada con esta y su manejo por parte del gobierno. En concreto y en el contexto de una crisis mayúscula, con la necesidad de movilizar y solidificar a su base político-social-electoral; de detener la disminución progresiva en sus niveles de aprobación; y de minimizar las probabilidades de que la doble crisis y la desafección creciente frente a su gobierno logren cristalizar en una oposición capaz de amenazar su hegemonía de cara a las elecciones intermedias de 2021, así como la continuidad de la autodenominada 4T.

Cualquier cambio político, social y/o económico de fondo que aspire a ser pacífico tiene, inevitablemente, que pactar en alguna medida con las élites y los intereses del viejo orden que busca cambiar y recomponer. No es claro aún si la decisión de romper está tomada. Lo que sí es claro es que romper –sea por buenas o malas razones– implica poner en riesgo la paz.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.