Memorándums: la voluntad popular se independiza de la ley
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Memorándums: la voluntad popular se independiza de la ley

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Memorándums: la voluntad popular se independiza de la ley

08/05/2019

La frase “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, ya quedó inscrita en un documento oficialísimo: el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Curiosamente, con la inauguración del “gobierno vía memorándums”, el presidente López Obrador parece estarnos diciendo que su gobierno mana y emana de un poder distinto al de la ley y, por tanto, es independiente de esta.

El gobierno mediante oficios, a través de los cuales el Presidente les da instrucciones directas a secretarios de Estado y funcionarios públicos muy diversos, que incluye incumplir la Constitución y leyes variadas, o bien aplicar ordenamientos legales aún no aprobados por el Congreso, resulta, por decir lo menos, insólito. Es decir, extraordinario y muy fuera de lo común por varias razones.

Primero, por su total desatención a las formas, tan centrales en la política mexicana. En especial, por todas esas formas y malabarismos vinculados a la gestión de la distancia entre normas legales y realidades prácticas, mediante los cuales los políticos mexicanos han encarado históricamente el desafío de gobernar una sociedad tan heterogénea y desigual como la mexicana. Hacer gobernable a México con unas leyes parejas para todos y muy escasas capacidades coactivas e institucionales para aplicárselas a todos por igual, no ha sido nunca un reto menor. La solución mexicana ha consistido, una y otra vez, en fundar el ejercicio del poder político en lo que sí hay: la capacidad para decidir a quién se le aplica la ley y a quién no. Esa “solución” ha sido muy costosa. Ha permitido abusos sin fin por parte de élites políticas y económicas, y ha hecho posible la reproducción de la desigualdad y la exclusión social. Con sus memorándums, López Obrador rompe con esa “solución” histórica a nuestros problemas de gobernabilidad y pasa por encima de todos los usos y costumbres de la política mexicana. Lo hace, sin embargo, no en pos de un mundo en el que sea posible aquello de “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, sino para inaugurar una nueva dimensión para la acción política situada en un plano separado, alterno al de la ley.

Segundo y como se ha insistido mucho y con razón, el gobierno mediante memorándums no es sólo insólito, es preocupante en extremo. Lo es, pues nos revela a un gobernante movido por un voluntarismo muy acendrado y una resistencia sistemática a acatar límites de carácter institucional; es decir, límites despersonalizados y regulares. El gobierno vía edictos personales del Presidente violenta el orden normativo vigente, erosiona la (de por sí débil) división de poderes, atenta contra la predictibilidad mínima indispensable para una vida social y económica productiva, y pone en riesgo las libertades de todos. Lo más preocupante es que el Presidente pueda hacerlo, hasta el momento, con tan bajos costos.

Tercero, llama mucho la atención el que una persona, cuyo acceso al cargo de Presidente y cuyas atribuciones y facultades como tal estén basadas en la autoridad de la ley, manifieste tan baja estima por esta. El tema no es menor. Son las leyes vigentes en la materia las que determinaron quién podía votar y en qué condiciones a favor de Andrés Manuel López Obrador. Sin leyes al respecto, AMLO podría ser muchas cosas, pero no Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Los ordenamientos legales definieron, en suma, las condiciones que le hicieron posible ganar y ocupar la Presidencia, y es la aceptación colectiva de dichos ordenamientos lo que hoy le confiere la condición de titular del Ejecutivo federal.

Me parece que la clave para entender la relación de AMLO tanto con el poder como con la ley, tiene que ver justo con la baja o nula legitimidad que le concede a la legalidad en general y, en particular, como basamento de su autoridad. De lo que puede leerse en sus discursos y en sus actos, para López Obrador su autoridad como Presidente y su mandato de gobierno emanan de la voluntad del pueblo y no de la ley. Derivan y se sustentan no en ordenamientos normativos, sino en la voluntad popular, misma que, nos reitera de manera frecuente, él conoce, y sabe cómo interpretar y conducir.

No recuerdo a ningún presidente mexicano que haya llegado al poder por la vía electoral –más allá de que tan competitivas o no hayan sido las elecciones en cuestión– que haya mostrado tal desdén y desparpajo frente a la ley. La única explicación a mi alcance tiene que ver con que AMLO simple y sencillamente no le reconoce autoridad a la ley en general (por buenas y malas razones), con que está convencido de que su autoridad como Presidente tiene poco o nada que ver con lo legal, y con que está igualmente convencido de que su autoridad y poder derivan de una voluntad popular, que es independiente de la ley y mucho más poderosa que ella.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.