Sin datos no es posible gobernar; sin datos no hay democracia
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Sin datos no es posible gobernar; sin datos no hay democracia

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Sin datos no es posible gobernar; sin datos no hay democracia

29/01/2019
Actualización 29/01/2019 - 12:47

La base de la capacidad de gobernar descansa sobre los datos. No es posible desarrollar en el sector público capacidades de planear y diseñar políticas públicas que atiendan las demandas y los problemas de la sociedad sin datos que alimenten los diagnósticos, que permitan calcular proyecciones y que respalden objetivamente la calidad de los programas. Sin datos no es posible identificar problemas, no se puede diagnosticar, no se puede planear, no se puede prevenir, no se puede presupuestar, no se pueden identificar oportunidades para generar ahorros. En suma, sin datos no es posible gobernar.

La base del debate democrático también se construye con datos. La capacidad de la sociedad de decidir qué es lo que más le conviene depende de la producción y publicación de información verídica, oportuna y accesible. Si la sociedad no cuenta con la autoridad que genera el conocimiento de datos, se vuelve imposible valorar si el rumbo que llevan los asuntos públicos es el adecuado, se cancela la posibilidad de establecer un diálogo constructivo con la autoridad y se elimina la posibilidad de generar aprendizaje y conocimiento productivo que permita incidir positivamente sobre los temas que preocupan a los ciudadanos. En suma, sin datos no hay democracia.

La administración pública del siglo XXI se encuentra bajo una transformación profunda, influenciada por los efectos de la globalización, de la llamada nueva economía y otras fuerzas que hacen que el diseño de políticas públicas sea cada vez más complejo. Eso se suma a las complejidades y problemas específicos de cada país y las exigencias de retos que presentan las dinámicas demográficas y las tendencias vinculadas a problemas de seguridad, salud, educación, desarrollo económico, medio ambiente, ingreso y otros. Para enfrentar todos esos retos y transformaciones, y estar preparado para las que vendrán, es indispensable que quienes diseñan políticas públicas tengan permanentemente puesta la mano sobre el pulso de las tendencias y dinámicas sociales, y para ello requieren información y datos sobre el estado de las cosas y el resultado de las políticas.

Pero es suficiente que el gobierno y los servidores públicos puedan acceder a información sobre el estado de las cosas; para vivir en democracia se requiere un diálogo fluido, abierto y permanente entre sociedad y gobierno; es indispensable que expertos en la academia y en organizaciones sociales puedan analizar los resultados y propuestas de gobierno, y que los medios de comunicación puedan incorporar temas de interés general a la arena pública. Nada de eso es posible sin que existan mecanismos para acceder libremente a información relevante, oportuna y en formatos accesibles.

La reducción del presupuesto del Inegi y la cancelación de 14 encuestas para conocer el estado de las cosas en el país, entre las que están la Encuesta Nacional Agropecuaria, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y –paradójicamente– la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, significa que para algunos temas cancelamos la posibilidad de vernos a nosotros mismos, de conocernos; significa que carecemos de claves para la discusión democrática y que renunciamos a la posibilidad de crear soluciones en conjunto. Esta cancelación interrumpe la posibilidad de hacer series históricas y de vincular el resultado de esas encuestas con las políticas públicas.

El gobierno pierde capacidad de operación con la cancelación de estas encuestas. Se interrumpe la generación de conocimiento útil para diseñar políticas públicas con base en la evidencia. La democracia mexicana pierde calidad sin estas encuestas. No solamente porque la ausencia de información abre un abismo en el diálogo entre sociedad y gobierno, también se pierden contrapesos sociales para prevenir que desde el poder público se impongan decisiones de política discrecionales, puestas a capricho y sin sustento en la realidad. Evitar gastos no necesariamente es ahorrar. Esta cancelación es una muestra de que cuando se hacen recortes transversales, a raja tabla y arbitrarios, se eleva la posibilidad de que se cancelen proyectos que, como estas encuestas, generan conocimientos que valen más que el dinero invertido y que representan la materia que alimenta el debate democrático.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.