Esta extraña situación en la que nos ha metido la pandemia ha conseguido crear una nueva conciencia global sobre la importancia de revisar y atender dos problemas fundamentales: la desigualdad social y la protección al medio ambiente. No es que estos temas no fueran importantes antes, pero lo que ha pasado en estas semanas ha terminado por consolidar una realidad que es ineludible. El confinamiento social ha puesto de relevancia como nunca antes los alcances de la desigualdad social y todos sabemos que esta epidemia en gran medida fue provocada por nuestra falta de respeto por el medio ambiente. A pesar de que todo esto se hace cada vez más evidente, nosotros nos movemos en sentido contrario, nos desplazamos en sentido inverso al de la nueva conciencia global.
El enredo en el documento presentado hace unos días por el presidente, en donde hace una lectura invertida de una gráfica con datos históricos del índice de Gini, se suma a la propuesta del partido Morena de que el Inegi pueda fiscalizar el patrimonio físico y la información financiera de las personas como dos eventos separados, pero que giran alrededor un solo tema, el asunto que debería estar en el corazón del corazón del debate político actual... , y ese tema es el de la desigualdad social en México.
Si olvidamos por un momento la confusión en las gráficas con las que el Ejecutivo apoya sus argumentos, el hecho material es que existen múltiples estudios que incluyen ajustes y cálculos que van más allá de una lectura superficial del índice de Gini y que en efecto, apoyan el argumento de fondo del presidente acerca de que la desigualdad en México ha aumentado desde mediados de los años 80, como advierte en un tuit el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel (https://twitter.com/esquivelgerardo/status/1262439330041270273?s=20). Por otro lado, la propuesta de otorgar facultades al Inegi de fiscalización sobre el patrimonio de los mexicanos es en apariencia violatoria de la privacidad y de los datos personales de los ciudadanos, aunque el fondo se tenga la pretensión legítima de conocer mejor el extremo derecho de la distribución del ingreso, la riqueza de los que más tienen, dato importante para estimar los niveles reales de desigualdad en la sociedad.
Ambos eventos –la propuesta fiscalizadora sobre Inegi y la gráfica interpretada de forma invertida–, reunidos en el tiempo de forma arbitraria, nos hablan de la actualidad e importancia de la discusión sobre desigualdad. Es verdad que en México esa discusión no ha perdido vigencia desde hace unos 200 años, pero también es cierto que el debate sobre desigualdad se asoma hoy con mayor notoriedad por el efecto de la pandemia y el confinamiento social. En estos días también se emitió un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para impedir que operen nuevas plantas de energía renovable y limitar la operación de las centrales eólicas y solares que ya están funcionando. Es un duro golpe al medio ambiente y al futuro de las energías renovables en México, por no hablar de la pérdida de inversiones y empleos.
Sin relación con estos tres hechos que se ubican en la miscelánea política local, el pasado 15 de mayo un grupo muy amplio de economistas y académicos encabezados por Saskia Sassen, Dani Rodrik y Thomas Piketty hicieron público un llamado a los países europeos a discutir la importancia de garantizar empleo digno para todas las personas, consolidar un acuerdo verde para prevenir el calentamiento global y evitar que el empleo siga siendo considerado una especie de mercancía (https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/15/humans-resources-coronavirus-democratise-work-health-lives-market). Estos académicos advierten sobre la gran ironía que implica que quienes no han dejado de trabajar por ser empleados de sectores 'indispensables' de la economía, quienes desarrollan los trabajos más importante en estos momentos, son también en su mayoría mujeres y hombres que pertenecen a minorías discriminadas, migrantes indocumentados, o trabajadores informales que en conjunto son a fin de cuentas quienes menos ganan. Esta propuesta se inscribe en esta nueva conciencia global sobre la protección ambiental y la justicia social que busca respuestas para esos retos en el diseño de políticas innovadoras y la cooperación internacional.
No hay duda de que en el discurso y las preocupaciones expresadas en las declaraciones y documentos del gobierno existe una conciencia clara sobre la importancia de abatir la desigualdad social y moderar los privilegios y excesos generados por un sistema económico que en lugar de procurar una mayor justicia social, hizo más grande la brecha de desigualdad. Eso no se le puede regatear al actual gobierno. No obstante y de forma extraña y contradictoria, la acción gubernamental se concentra en programas sociales de transferencias directas que parecen tener una motivación electoral, permite el deterioro de la calidad de la educación pública y al mismo tiempo, desarrolla acciones que limitan las posibilidades de proteger los empleos existentes y promover inversión productiva que ponga más gente a trabajar, y todo eso tiende a profundizar, no aliviar la desigualdad. Lo mismo puede decirse de la política energética, que en los hechos no es de protección, sino de explotación indiscriminada de los recursos naturales, violatoria de compromisos multilaterales y permisiva con la contaminación. Hay una nueva conciencia global que se mueve y hace propuestas innovadoras para moderar la desigualdad y proteger el planeta. Todo indica que México no forma parte de ese movimiento.