Debido a responsabilidades relacionadas con el trabajo que tuve en el servicio público antes de esta administración, me reuní en varias ocasiones con algunos de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin excepción, cada vez que veía a un titular de esa dependencia, me recibía con la misma frase, que era como un mantra de la UIF: "Nosotros sabemos TODO, pero no podemos hacer NADA; no tenemos las suficientes facultades legales". Uno de esos titulares fue más allá en su candidez y apertura, y me dijo que una de las razones por las cuales la UIF no podía actuar en contra de corruptos y delincuentes era que parte de la información que reunían era obtenida mediante mecanismos ilegales, violando la privacidad de las personas, revisando sus correos electrónicos personales y cuentas de redes sociales, por lo que estaban imposibilitados de utilizar esa información en investigaciones y denuncias formales.
La UIF fue creada en 2004 con el objetivo de prevenir y combatir los delitos relacionados con operaciones de procedencia ilícita –esto es, lavado de dinero–, en respuesta a una iniciativa impulsada por el Grupo de los Ocho –ahora G7–, que es administrada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989, y con sede en las oficinas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. A través de una lista de recomendaciones que se revisa periódicamente, el GAFI propone estándares legales y acciones de política pública para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras amenazas que pongan en riesgo la integridad del sistema financiero. El intercambio de información y la coordinación de políticas antilavado entre los países miembros del GAFI han ayudado a contener y prevenir el lavado de dinero, en especial con el control de las actividades de quienes caen en la definición de "personas políticamente expuestas", esto es, aquellos individuos a quienes se les ha confiado una responsabilidad pública relevante.
Un ejemplo de la efectividad del control de estos mecanismos de coordinación entre UIF's de los países se puede ilustrar con una anécdota: siendo aún servidor público, durante un viaje a Guatemala para hablar en una reunión de expertos en transparencia presupuestaria, intenté cambiar 60 dólares en efectivo que me habían sobrado de una vacación, a quetzales guatemaltecos, para ir a cenar, pero no pude cambiarlos porque en la casa de cambio me dijeron que yo no podía hacer operaciones en efectivo, pues me encontraba en la lista de personas políticamente expuestas. En suma, las UIF de cada país que se ha sumado a GAFI y en particular, la UIF de la Secretaría de Hacienda de México, tienen una gran capacidad técnica y operativa para monitorear y controlar las operaciones que se hacen dentro del sistema financiero, y para actuar de forma relevante en las investigaciones sobre lavado de dinero vinculado a narcotráfico, terrorismo y corrupción. El malogrado empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon estaba tan al tanto de estas capacidades, que en lugar de meter su dinero al sistema financiero depositándolo en un banco, prefirió arrumbar cientos de millones en efectivo en una habitación.
A pesar de sus amplias capacidades institucionales, y debido a la sofisticación de las redes criminales y de corrupción, se calcula que en México se lavan unos 50 mil millones de dólares al año. Como sabemos por las revelaciones hechas en la filtración de datos conocida como Panama Papers, existen despachos profesionales de abogados y contadores especializados en facilitar el lavado de dinero mediante complejos esquemas difíciles de esclarecer, lo cual impide la labor de la UIF y de organismos equivalentes en otros países.
Si queremos contar con un entramado institucional y legal capaz de hacer frente a las redes criminales y de corrupción, es fundamental que la UIF se fortalezca, que se afinen los protocolos de coordinación con otras dependencias como la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General y la Auditoría Superior, así como sus capacidades de colaboración internacionales.
En estos días se discute una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito en la que se propone que la Secretaría de Hacienda, de la cual depende la UIF, tenga la capacidad de bloquear cuentas bancarias sin la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como dice la ley vigente, y de promover la extinción de dominio sobre los recursos vinculados a actividades de lavado. El endurecimiento de las capacidades de actuación de la UIF que se plantea en esta iniciativa, en caso de ser aprobado, podría venir acompañado de un compromiso que ayude a prevenir la posibilidad de que se abuse de ese enorme poder y se utilice con propósitos partidistas o de control político para castigar a enemigos del gobierno. Uno de esos posibles compromisos podría ser el rediseño y relanzamiento del SNA, que hasta ahora ha permanecido prácticamente inmóvil ante la negativa del gobierno para dotarlo de fuerza. Una omisión grave en el diseño original del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es que dejó fuera de ese mecanismo al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la UIF. Si se incorpora a la UIF y al SAT al Sistema Nacional Anticorrupción, se podría reactivar la idea de un espacio de colaboración institucional con neutralidad política y fuerza institucional que ayude a desarmar las redes criminales y de corrupción que siguen lavando dinero en México, atendiendo a la vez una de las principales ofertas de campaña de esta administración.