La seguridad pública
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La seguridad pública

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La seguridad pública

18/06/2019

Hay un tema de la agenda de políticas públicas que está por encima de todos los demás. Se trata de un tema sin el cual todos los demás asuntos de la vida pública pierden sentido. Es un asunto que impide materialmente la realización de la vida en sociedad, la búsqueda personal de la felicidad y el bien común colectivo. Ese tema es el de la seguridad pública.

Se ha vuelto un lugar común, pero no por ello menos pertinente, recordar la propuesta del sociólogo alemán Max Weber, quien decía que el monopolio de la violencia sólo puede ser ejercido por el Estado. Para Weber, sólo el Estado puede ejercer autoridad sobre la violencia legítima en un territorio y, a la vez, esa autoridad se vuelve una característica, una parte fundamental del Estado mismo, como lo son la existencia de un gobierno, una población y un territorio. Ese monopolio de la violencia se produce gracias a un proceso de legitimación que en nuestro caso se da por medio de las leyes y las elecciones. Nadie más que el gobierno electo puede hacer uso de la violencia de forma legítima, y cualquier desviación de ese principio afecta la supervivencia, la legitimidad y la existencia misma de un Estado. Cuando grupos ajenos al gobierno, como las mafias, cárteles y grupos criminales, rebasan la capacidad del gobierno de controlar la violencia no legítima que afecta a los ciudadanos, estamos presenciando la degradación, la falla del Estado para cumplir con su misión primordial.

Aunque repasar esto sea un lugar común, no solamente es pertinente recordar que la seguridad pública es la función principal del Estado, también es urgente. Es urgente porque existe una creciente percepción de que los crímenes que involucran actos de violencia contra los ciudadanos están creciendo, y de que los gobiernos en sus tres órdenes no están siendo capaces de poner en marcha una política efectiva de seguridad. Y ante esta creciente percepción, el debate público sobre seguridad pública impide más que promueve la construcción de una mejor política.

En el debate público nos estamos yendo por las ramas y perdemos de vista el bosque. Discutimos si la creciente percepción de inseguridad es producto de la difusión de eventos particulares en redes sociales, y si esa difusión crea una idea exagerada de la dimensión real del problema de seguridad. Discutimos sobre si las estadísticas que registran denuncias y carpetas de investigación son variables proxy de los delitos realmente cometidos, si nos dicen algo sobre la realidad del problema de seguridad, o si se trata de datos que no nos dicen realmente nada. Discutimos sobre si hay responsables históricos de la inseguridad, de preferencia antiguos rivales políticos, para señalarlos y condenarlos, mientras perdemos el tiempo tratando de buscar en el pasado justificaciones de los errores del presente. Discutimos sobre si la percepción de inseguridad está siendo azuzada artificialmente por los enemigos políticos del gobierno, y sobre si todo se trata de una maquinación armada por la oposición, que en contubernio con un sector de los medios de comunicación y los empresarios está tratando de minar las bases de apoyo del gobierno. Al final nada de eso importa ante la evidencia incontrovertible de que hay víctimas de la inseguridad. Todos esos debates se dan al margen y en perjuicio de lo que debería ser un esfuerzo nacional para darle viabilidad y legitimidad al Estado mexicano mediante el combate efectivo y permanente a la inseguridad pública.

Los actos particulares de violencia criminal contra habitantes de la Ciudad de México de los últimos días, algunos de ellos especialmente repulsivos, son síntomas que alimentan una creciente sensación de inseguridad que merece un tratamiento por parte del gobierno orientado a generar confianza entre los ciudadanos. No es posible generar esa confianza cuando se sugiere desde el gobierno que señalar la existencia de un problema creciente de inseguridad no es más que parte del rejuego político y que todo se resuelve cerrando filas, dando espaldarazos e ignorando las señales de violencia criminal. No podemos aceptar que el tema de seguridad pública se coloque al mismo nivel que otros asuntos que se discuten en el debate público. No podemos discutir la seguridad pública recurriendo a las mismas respuestas por parte del gobierno como si se tratara de una crisis pasajera de comunicación, o de discutir sobre la viabilidad o no de una obra de infraestructura, o de una reforma legal, que por importantes que puedan ser no se colocan al mismo nivel que tiene la seguridad de las personas. Nada está por encima de eso, ni siquiera la defensa de los proyectos políticos.

Los problemas de seguridad pública no son un asunto que deba discutirse en el contexto de las diferencias ideológicas, de la contención de ataques partidistas, de coyunturas electorales, de ajuste de cuentas con el pasado, o de interpretación de estadísticas. Se trata de sacar esa discusión de la arena política y de incluir en ella a los ciudadanos en el nivel vecinal, de asignar presupuestos, de incorporar tecnologías y de cambiar comportamientos sociales. Se trata de cuidar la vida de los ciudadanos y de la posibilidad de vivir en una sociedad, de proteger a nuestras familias y de la posibilidad de ser feliz. Se trata de la supervivencia del Estado. Y se trata también de la legitimidad del gobierno.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.