La necesidad de un Consejo Fiscal en México en un entorno de incertidumbre
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La necesidad de un Consejo Fiscal en México en un entorno de incertidumbre

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La necesidad de un Consejo Fiscal en México en un entorno de incertidumbre

10/03/2020

El desplome del precio del petróleo y la incertidumbre adicional que se suma a la ya existente por la dispersión del Covid-19, harán necesaria la toma de un conjunto de decisiones económicas por parte del gobierno que ayuden a atravesar la inminente recesión mundial que se avecina, cuidando que se cause el menor daño posible a la economía de las familias mexicanas. Esto requiere hacer una valoración objetiva, técnica y sin prejuicios ideológicos sobre cuáles son las opciones de política que tenemos y sobre cómo esas decisiones se ajustan a una visión responsable y de largo plazo. En este entorno en el que el futuro del país está en juego, la discusión ya presente en el debate público sobre la creación de un Consejo Fiscal en México, merece una revisión cuidadosa.

Los consejos fiscales son organismos técnicos que analizan y evalúan la política de ingresos, gasto y deuda de un país. Idealmente, los Consejos Fiscales tienen independencia técnica y política, lo que les permite aportar datos, análisis e información objetivos, independientes e ideológicamente desapasionados, que ayudan a los gobiernos a tomar mejores decisiones en materia de política económica y a enriquecer el debate público mediante la publicación de sus opiniones y estudios. Dicho de otra forma, un Consejo Fiscal, aun cuando sus recomendaciones no sean vinculantes, aporta datos objetivos y técnicos al debate público de manera transparente, lo cual encarece y hace más difícil que los gobiernos comentan disparates y actúen con irresponsabilidad fiscal. La fuerza de un Consejo Fiscal depende de la solvencia técnica de quienes lo conforman, de su neutralidad política y de su robustez institucional, que incluye un adecuado financiamiento que asegure su capacidad de funcionar de forma adecuada, sin que sufra carencias limitantes o pueda caer presa de un chantaje presupuestario.

Holanda adoptó el primer Consejo Fiscal en 1945. Estados Unidos crea la Congressional Budget Office en 1974. Unos 40 países han adoptado alguna figura parecida y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional han sugerido a países de las características de México la adopción de consejos fiscales.

En nuestro país, la discusión sobre la creación de un Consejo Fiscal ha sido recurrente desde los años noventa. Cuando la Cámara de Diputados pierde por primera vez la mayoría de un partido en 1997, se acuerda la creación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, emulando al Congressional Budget Office del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, lo cierto es que el CEFP no ha cumplido con su misión: Ninguno de sus directores ha permanecido por el periodo oficial de cinco años para los que fueron electos (promedian un año en el puesto) y de hecho, el CEFP se encuentra desde hace unos meses acéfalo y sin señales de que se vaya a echar a andar el proceso de contratación del director.

Creo que la creación de un Consejo Fiscal es necesaria, con el fin de aportar datos objetivos y técnicos a la discusión sobre las decisiones de política económica, y para transparentar y aclarar ese debate, democratizarlo y prevenir en lo posible, como si fuera una suerte de contrapeso técnico, que se tomen decisiones fiscales arbitrarias, contraproducentes, irracionales y carentes de prudencia y sensatez. Un Consejo Fiscal sería una pieza fundamental para promover el crecimiento y el desarrollo (ambos), la transparencia en la toma de decisiones relevantes para todos. Lo que ha pasado en las últimas horas con el precio del petróleo y el ambiente de incertidumbre que se creado, hace que un Consejo Fiscal se vuelva además de necesario, urgente.

La triste experiencia del CEFP nos lleva a repensar cómo debe plantearse la creación de un organismo como éste. Las iniciativas que se han presentado proponen que el Consejo se construya sobre la base del CEFP, y que sea a fin de cuentas un órgano adscrito al Congreso. Me parece que si al Consejo Fiscal se le aloja en el Congreso, quedará a merced de las mayorías partidistas, con lo que su funcionamiento estaría comprometido desde su nacimiento. Por otra parte, si se propone crear un órgano autónomo constitucional, o si se propone que las recomendaciones del Consejo sean vinculantes para el Ejecutivo, la dificultad política de impulsar una propuesta como esa en el ambiente político actual, se ubicaría en el terreno de lo imposible.

Creo que los principales retos para la creación de un Consejo Fiscal son principalmente, tres: en primer lugar, cómo asegurar su independencia técnica; en segundo lugar, cómo lograr su autonomía financiera y en tercero, cómo hacer que sus recomendaciones tengan presencia y peso en el debate nacional, y que a fin de cuentas, influyan en las decisiones del gobierno. Un diseño que habría que considerar es el de un organismo altamente técnico en lo referente a quienes lo integran, pero mixto en cuanto a su mandato y financiamiento. Un Consejo Fiscal de ese tipo no sería un órgano de gobierno sino de participación mixta del sector público, privado y social, y financiado con recursos del gobierno, de la iniciativa privada y de organismos de cooperación internacional bajo reglas muy claras de participación. Un arreglo de este tipo aseguraría su independencia técnica, y la sustentabilidad financiera futura. La influencia de sus recomendaciones estaría de alguna forma asegurada mediante mecanismos de transparencia, con una presencia estratégica en medios de comunicación y por la legitimidad que ofrece el hecho de ser un organismo en el que hay participación gubernamental.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.