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Intelectuales, política y debate

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Intelectuales, política y debate

22/09/2020
Actualización 22/09/2020 - 15:14

La semana pasada, unos 650 intelectuales y académicos, más las personas que se han sumado desde entonces por medios electrónicos, firmaron una carta abierta al presidente titulada 'En defensa de la libertad de expresión', aunque es verdad que la carta también denuncia otras políticas del gobierno, como su desinterés por los reclamos de grupos de mujeres, de ambientalistas, de víctimas de la violencia y el debilitamiento de los órganos autónomos, entre otras. Se trata entonces de una carta de quienes han sido críticos de las políticas del gobierno, y no solamente un reclamo sobre la libertad de expresión. Es inevitable, ante este conflicto entre intelectuales y el gobierno, retomar parte de un viejo debate que tiene que ver con el rol de los intelectuales en la sociedad y de su relación con el poder político.

“Intelectual –escribió Gabriel Zaid– es el escritor, artista o científico que opina en cosas de interés público con autoridad moral entre las elites. […] Los intelectuales construyen espejos de interés para la sociedad: para distanciarse de sí misma, desdoblarse, contemplarse, comprenderse, criticarse, fantasear. En el espejo de la página, crean experiencias especulativas, prácticas teorías, ejercicios espirituales, donde la sociedad se reconoce como pensante, crítica, imaginativa, creadora, en movimiento”. (Los intelectuales, Antología General, Océano, 2004). No hay duda de la importancia central que tienen los intelectuales para animar y darle contenido a la discusión nacional. Los intelectuales que opinan sobre lo público en medios de comunicación encabezan el debate crítico y aportan elementos que son retomados por los ciudadanos en un intercambio que es fundamental para la vida democrática. Sin embargo, también es cierto que el Estado en distintos momentos de la historia reciente, ha tratado de utilizar su poder económico y regulatorio para cooptar o controlar a intelectuales y medios. Una forma de hacer negocios de medios de comunicación que se sostiene en gran medida en la publicidad gubernamental, sumado a un entorno institucional que facilita la presión política, ya sea por la facultad del Estado de manejar concesiones públicas de forma discrecional, o bien, por la multiplicidad de regulaciones fiscales y de contribuciones a la seguridad social con las que las empresas de medios tienen que cumplir, han creado una especie de dependencia simbiótica y de subordinación de los medios con el gobierno. En su crítica a los intelectuales que firmaron la carta, y a pesar de sus hipérboles y comentarios insidiosos, el presidente tiene algo de razón al denunciar esa relación, aunque también es cierto que no ha hecho nada para sanear esa mutua dependencia y que en esta administración, a pesar de las constantes denuncias al pasado, en lo que se refiere a la relación con los medios de comunicación sólo se repiten viejos vicios con nuevos actores.

Hannah Arendt, en un artículo para la revista The New Yorker publicado en 1967 (Truth and Politics), escribía sobre la relación del poder político con la verdad, la opinión y la importancia del debate. Hay algunas claves que, en mi relectura de este artículo, nos pueden ayudar a entender mejor la naturaleza de la disputa actual entre intelectuales y el poder, y en general, sobre la relación contenciosa del gobierno con los datos que no se acomodan a sus preferencias, con quienes opinan distinto y en suma, con el debate crítico. La política, escribe Arendt, siempre ha estado en malos términos con la verdad. La verdad, es coercitiva, definitiva; escapa al acuerdo, a la disputa, a la opinión, a la persuasión, a la disuasión. La verdad, en tanto que es inamovible, limita el poder, cancela opciones, tiene una fuerza que no puede ser monopolizada. Las opiniones en cambio, pueden ser debatidas, rechazadas o aceptadas. En ese sentido, la verdad es contraria a la actividad política, pues impide el debate, y el debate, plantea Arendt, es la verdadera esencia de la vida política. Las opiniones, en cambio, están en constante flujo, son cambiantes y son representativas, pues idealmente se conforman cuando se razona un asunto determinado desde distintos puntos de vista, representando en nuestra mente las opiniones y sentimientos de los otros. La tarea de los intelectuales es hacer esa representación, es tratar de ver la realidad percibida desde distintos puntos de vista, que es precisamente el espejo del que hablaba Zaid, en el que la sociedad puede contemplarse a sí misma y pensarse mejor.

Lo que vemos hoy en México es un intento del gobierno por politizar los hechos y una renuencia a participar en el libre debate de opiniones. Si un hecho limita las opciones del gobierno, se cuestiona. Si alguien tiene una opinión que cuestiona al gobierno, con razón o no, se le desacredita. Ante esto hay que decir que, por un lado, cuestionar los hechos, como decía Hugo Grocio, es inútil: “ni siquiera Dios puede cambiar el hecho de que dos por dos son cuatro”. Por el otro creo, con Arendt, que en el centro de la vida política debe estar el debate de opiniones. Un gobierno que se ha propuesto hacer un cambio sustantivo en la forma de hacer política y transformar el rumbo futuro del país, al rechazar el debate, pierde una buena oportunidad de contrastar opiniones y convencer a más gente de su proyecto, de crear consensos en lugar de polarizar y avasallar con una mayoría que podría no sostenerse en el futuro. Los argumentos con los que este gobierno convenció a muchos electores en 2018 siguen siendo válidos (justicia social, desigualdad, integridad pública) y si se defienden bien con acciones de gobierno, generando resultados y con argumentos inteligentes, pueden convertirse en opiniones que representen cada vez a más y más ciudadanos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.