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12/02/2019
Actualización 12/02/2019 - 15:03

Uno de los temas más difíciles para un gobierno es atender adecuadamente las crisis y los escándalos. Acabamos de presenciar un ejemplo de cómo no hacerlo. A finales de enero, el presidente López Obrador advirtió a su gabinete que esperaba que para fin de mes todos integraran e hicieran pública su declaración patrimonial en el sistema Declaranet, que administra la Secretaría de la Función Pública. Apenas cumplido el plazo para atender esa instrucción, el diario Reforma dio a conocer que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, omitió en su declaración que es copropietaria de un departamento en la ciudad de Houston, Texas.

La reacción del gobierno fue mala y descoordinada. Primero el presidente cuestionó las intenciones y la integridad del medio de comunicación que dio a conocer la nota. Pero aunque tuviera razón, eso no le quita veracidad a la información revelada. Después, la secretaria Sánchez Cordero sugirió que la Dirección de Responsabilidades de Función Pública, responsable de Declaranet, había “borrado” la información del departamento, lo cual es prácticamente imposible desde el punto de vista técnico. La secretaria de la Función Pública, por su parte, dijo que las reservas legales de protección de datos personales impedían la publicación en Declaranet de inmuebles en los que el servidor público es copropietario, lo cual es llanamente incorrecto. Finalmente, el vocero del presidente dijo que la omisión se debió a que el sistema Declaranet tenía fallas técnicas en algunas de sus pestañas. Pero resulta difícil creer que esas fallas hacen que se borre de las declaraciones de los miembros del gabinete, precisamente la información que podría resultar más polémica. Tres explicaciones distintas y cada una de ellas inverosímil. Guillermo de Occam diría que nos inclinemos por la explicación más sencilla, y esa sería que la secretaria Sánchez trató –sin éxito– de ocultar su patrimonio. Ese pequeño escándalo debió haber sido suficiente como para animar a los demás miembros del gabinete a hacer una revisión a sus declaraciones patrimoniales y de modificarlas en caso de que se les hubiera “olvidado” algo. Pues por increíble que parezca no fue así, hubo reincidencia. Ayer Reforma dio a conocer que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, omitió en su declaración ser administrador de una empresa que cuenta entre sus propiedades –redoble de tambores– con un departamento en Houston. (En la explicación ofrecida por el secretario Jiménez, dijo que traspasó las acciones de la empresa a su hijo justo antes de integrarse al gabinete, en lo que parece una maniobra de simulación que revela las limitaciones del sistema Declaranet).

Estos casos, en principio, no representan hechos de corrupción, pero todo indica que los servidores públicos señalados actuaron en forma deshonesta y que no declararon información y datos que son relevantes para las instancias que controlan la evolución patrimonial de los servidores públicos, que son útiles para que los ciudadanos podamos ayudar a fortalecer los mecanismos democráticos de rendición de cuentas, y que también son necesarios para atender la instrucción que el presidente les había hecho, de declarar con veracidad y transparencia.

Para los políticos, los errores son una amenaza a su identidad, construida sobre las bases de una imagen pública que habla de una trayectoria, formación, inteligencia y prestigio profesional. Les resulta doloroso reconocer que se equivocaron. A eso hay que agregar que en democracias, la opinión pública y la oposición suelen ser despiadadas con los errores. Por ello, para muchos políticos, el miedo a la pérdida de identidad, a la desaprobación y a la crítica, los lleva a negar las equivocaciones. Cuando un político comete un error, rara vez lo reconoce. Generalmente recurren a la discusión con quienes lo cuestionan, a culpar a otros, se niegan a hablar del tema, evitan rendir cuentas o, en el peor de los casos, insisten en repetir la conducta equivocada sólo por no admitir el yerro.

Pero es inevitable que se cometan errores. Los servidores públicos actúan constantemente en el margen del error. Ejecutan acciones complejas en reacción a hechos no previstos, sin mucho tiempo para considerar alternativas, en un entorno regulatorio estrecho, sin contar con toda la información y dentro de un ambiente social complejo y cambiante. Por eso un gobierno que ha construido una parte importante de su narrativa en la voluntad de combatir la corrupción y de rendir cuentas, no puede negar los errores cuando alguno de sus integrantes los comete. Negar el error, desacreditar a los denunciantes y dar explicaciones falsas sólo mandan el mensaje de que este gobierno actuará como las administraciones del pasado, protegiéndose entre sí y sirviendo unos como tapaderas de los otros.

Si hay una cosa segura es que habrá más errores y escándalos. Nadie es infalible, pero sí podemos aprender de las equivocaciones y evitar la reincidencia. En este y en otros temas, es mejor reconocer las fallas, asumir la responsabilidad y hacer públicas las acciones a tomar para que el error en cuestión no se vuelva a repetir. En el caso Houston-Houston, es recomendable que los servidores públicos involucrados admitan su error, pidan disculpas y se lleven una sanción administrativa, aunque sea menor; la Secretaría de la Función Pública debería a su vez anunciar un proceso de revisión y verificación de la información que los servidores públicos presentan en Declaranet. Esa es la única forma de fortalecer la identidad de un gobierno que dice que quiere combatir la corrupción, recuperar autoridad y legitimidad en el tema, diferenciarse de gobiernos anteriores y promover relaciones constructivas con los medios de comunicación.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.