Benjamin Hill

El largo y sinuoso camino de la reforma fiscal

Dejar la reforma fiscal para después de las elecciones significa que el gobierno considera que no es prudente, porque necesita el control en la Cámara de Diputados.

Se habla de la posibilidad de que el gobierno presente una propuesta de reforma fiscal. Hemos recibido señales contradictorias sobre este tema al menos desde 2018. Siendo presidente electo, el presidente rechazó la posibilidad de hacer una reforma fiscal. Después de que la Secretaría de Hacienda presentara al Congreso los paquetes económicos para 2019 y 2020, muchos analistas especularon que se preparaba el camino para una profunda reforma fiscal que nunca llegó. Poco después de renunciar en 2019, el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa declaró en entrevista a Proceso que el presidente no quería hacer una reforma fiscal, lo cual habla de un debate interno en el gobierno sobre ese tema. Hace un año, al inicio de la pandemia, el presidente declaró que no habría una reforma fiscal en lo que restaba del sexenio, para no afectar más la economía. Pero los efectos económicos adversos generados por la pandemia, trajeron de nuevo a la discusión pública especulaciones sobre la necesidad de hacer una reforma fiscal en 2021.

Durante este tiempo, a muchos nos sorprendía que no se hiciera una reforma fiscal al principio de la administración. Una reforma fiscal progresiva y redistributiva es una propuesta central para cualquier gobierno que tenga en su agenda la disminución de la desigualdad social. Una reforma fiscal que se enfoque a contrarrestar los efectos de las dinámicas económicas que generan una mayor inequidad, como las que ha descrito Piketty, puede generar condiciones para una mejor distribución del ingreso y una mayor recaudación. Con mayores ingresos, es más fácil atender aspectos pendientes de la agenda social y ofrecer mejores servicios públicos a quien más los necesita, con lo que se abaten algunos efectos de la desigualdad económica. Muchos pensamos que una reforma de este tipo, que necesariamente tiene que ser profunda y radical, tendría que hacerse al arranque del gobierno, cuando el presidente goza aún de la popularidad y margen de acción política de la llamada 'luna de miel' y es dueño de todas sus facultades políticas.

Hace apenas unos días, el secretario de Hacienda y el propio presidente confirmaron la intención de impulsar una reforma fiscal después de las elecciones de junio. Es posible que este ir y venir de rumores y declaraciones sobre la reforma fiscal en el que se iban un paso para atrás y después uno para adelante, no sea más que una rumba política diseñada de forma intencional precisamente para ir manejando las expectativas, evitar hacer compromisos que limiten la capacidad del gobierno de actuar y ubicar el tema en el momento adecuado. Parece que la intención original del presidente siempre había sido esperar hasta después de las elecciones federales de este año para impulsar una reforma fiscal integral.

Si nunca tuvimos claridad sobre cuándo se haría –si acaso– esta reforma fiscal, menos claridad aún tenemos sobre el posible contenido de la misma. Sólo podemos hacer especulaciones con base en las necesidades que es posible identificar y los mensajes que el presidente ha enviado. En eso, hay tres cosas en las que ha sido consistente desde el principio: en primer lugar, en su compromiso de que no habrá aumento de impuestos en términos reales; en segundo, que no se van a crear nuevos impuestos y, finalmente, que no subirá el precio de la gasolina. Estos tres compromisos desde luego, acotan las opciones para el diseño de una reforma fiscal.

Lo que sí está claro desde hace varios años son los motivos que han llevado a considerar a muchos expertos que una reforma fiscal es necesaria y urgente. Somos uno de los países que menos recauda en comparación con su Producto Interno, un 13 por ciento, muy bajo para un país de ingreso medio y de la población de México. Tenemos una población que envejece y una población que demanda mejores servicios públicos.

Si asumimos que una de las intenciones orientadoras de una reforma debe ser la de recaudar más, y si se mantienen los tres compromisos descritos, entonces las opciones para aumentar la recaudación tendrían que pasar por un más efectivo control y disminución de la economía informal; por el combate a la evasión y defraudación fiscal; por la organización de una Convención Nacional Hacendaria de la que salieran compromisos para que las entidades federativas utilicen sus facultades de recaudación, y por ampliar la base de contribuyentes.

Dejar la reforma fiscal para después de las elecciones significa que el gobierno considera que no es prudente hacer una reforma de este tipo, a menos de que se tenga el mayor control posible de la Cámara de Diputados. Uno de los riesgos de una reforma fiscal es que sea elaborada sin un diálogo amplio e incluyente con otros partidos, sectores de la economía y expertos, lo que pondría en tela de juicio su legitimidad democrática. Otro riesgo o reto de una reforma fiscal es que se discutirá dentro de un contexto complejo, en la que es necesario tomar en cuenta la quiebra técnica de Pemex, la posible pérdida de su grado de inversión, y el hecho de que nos encontramos en medio de la peor parte de las secuelas económicas de la pandemia. Pero aún solventados todos estos retos y riesgos y logrando generar condiciones para una mayor recaudación, el reto principal es evitar que el uso de los nuevos recursos recaudados sea utilizado de forma ineficiente y en proyectos de infraestructura que no sean productivos.

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