Debe preocupar pero no sorprender la propuesta del presidente de eliminar la autonomía de algunos órganos reguladores y garantes de derechos, y de reubicar sus estructuras y tareas a dependencias del gobierno federal bajo su control. Desde hace años, el presidente ha criticado el gasto administrativo de dichos órganos y los ha acusado de ser cómplices de intereses contrarios a su proyecto, por lo que era de esperarse que esta propuesta se cristalizaría tarde o temprano. De todos los órganos a los que se propone retirar su carácter autónomo, es preocupante en particular la del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que incluye reubicar sus facultades y estructura a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En una suerte de fuga hacia adelante o de ofrecimiento del gobierno para compensar la cancelación de la autonomía del Inai, el presidente propuso que las solicitudes de acceso a la información se responderán en menos de 72 horas y que ya no habrá reservas de información. La propuesta de responder a solicitudes de información de forma expedita podría sonar como una idea muy innovadora, pero el hecho es que no se contradice con la ley vigente. El artículo 132 de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (LGTAIP) sólo establece tiempos máximos para la entrega de información (veinte días, más diez más si hay razones fundadas), pero no hay tiempos mínimos, por lo que el gobierno podría responder solicitudes de información tan pronto como decida hacerlo. De hecho, el gobierno federal pudo haber aplicado ese criterio de entrega expedita de información desde que inició funciones en diciembre de 2018, pero decidió no hacerlo.
Sobre la eliminación de reservas de información, el problema es que la decisión de reservar información no es arbitraria, ni depende de la voluntad del presidente. En primer lugar, el gobierno tiene en su poder información que es confidencial, como la que incluye datos personales. En segundo lugar, la LGTAIP contempla causales de reserva justificada de cierta información como la que compromete la seguridad nacional, información que pone en riesgo negociaciones internacionales o que podría afectar las finanzas públicas; hay también información que no conviene publicar por el riesgo de que obstruya auditorías fiscales o investigaciones relacionadas con la comisión de delitos y otros datos que están reservados expresamente en diversas leyes. Aquí de nuevo, es difícil estar convencidos de la sinceridad de la propuesta de eliminar las reservas, dado el comportamiento del gobierno en estos dos años, en los que ha utilizado reiteradamente el recurso de reservar información para ocultar detalles de asuntos polémicos. Un tercer problema que la propuesta debe resolver es qué hacer con los sujetos obligados en la LGTAIP que no forman parte del gobierno federal y sobre los que la SFP no tendría autoridad. El artículo 23 de la ley define como sujetos obligados a responder solicitudes de acceso a la información a los "Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipal".
Se aprecia que el camino para materializar la propuesta del presidente es difícil, pero no es imposible. La amenaza a la autonomía del mecanismo que protege el derecho de acceso a la información en México –el mejor del mundo, de acuerdo con diversas evaluaciones internacionales–, es real y debe valorarse como tal. Preocupa que los argumentos de defensa del derecho de acceso a la información que se han hecho públicos hasta ahora, se equivocan al resumir la utilidad de la transparencia en la evocación de casos y escándalos de corrupción del pasado, como si trataran de convencer al gobierno que dé marcha atrás, en virtud de una especie de agradecimiento electoral. Pero el hecho es que el gobierno no dirige la vista hacia el pasado, sino que la tiene fija en el presente y el futuro, y la transparencia representa un obstáculo material. A ningún gobierno le ha gustado ni le gustará nunca el derecho de acceso a la información, por lo que su protección no dependerá jamás de una graciosa concesión del poder. La defensa del derecho de acceso a la información no debe ser una labor de convencimiento sino de conquista y contención. Es una lucha entre quienes quieren concentrar el poder político, y quienes buscamos que los ciudadanos tengan una relación menos asimétrica con el poder. La defensa debe venir de una sociedad que se niega a ser despojada de derechos básicos, de medios de comunicación que requieren de información pública para encontrar y mostrar la verdad, de académicos que buscan entender mejor la realidad para construir un mejor futuro, de ciudadanos que requieren protección para sus datos personales, de litigantes que necesitan acceso a documentos oficiales para evitar las arbitrariedades de los poderosos y de empresarios que desean construir una relación más transparente con el gobierno. Si esa defensa fracasa, será el fin del derecho de acceso a la información en México.