Opinión Benjamin Hill

Diálogo roto

Llama la atención la dureza con la que la ASF se refiere a la SFP. Dice que “mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos".

Sin que figure en ningún reglamento o ley de forma explícita, podría argumentarse que la principal responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es permitirle al gobierno federal y en concreto, al presidente en turno, entregar buenas cuentas a la Auditoría Superior y evitar lo más posible que las auditorías generen observaciones sobre el ejercicio del gasto. Para cumplir con esa labor de 'cuidar las espaldas' del presidente, es menester que la SFP mantenga una colaboración constante, fluida, y respetuosa con la ASF.

Entre los años 1999 y 2000, durante la famosa LVII Legislatura (1997-2000), la primera en la que la Cámara de Diputados no estuvo dominada por la mayoría absoluta de un solo partido, se hicieron los cambios constitucionales y legales que sustituyeron a la antigua Contaduría Mayor de Hacienda –existente desde 1824–, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Lo recuerdo bien, pues fui asesor en una comisión legislativa en San Lázaro precisamente en esa Legislatura. Eran tiempos en los que había una gran confianza en lo que los mexicanos podíamos lograr gracias al inédito diálogo entre partidos que inauguraba una todavía incipiente democracia. Fueron años en los que se llegó a acuerdos amplios, enriquecidos por la pluralidad y que cabe calificar de históricos, pues gracias a ellos fueron creadas muchas de las instituciones democráticas que tenemos hasta el día de hoy.

Desde su nacimiento y progresivamente en virtud de reformas posteriores, la ASF ha adquirido cada vez más autonomía, capacidades y ámbito de acción. A lo largo de su relativamente corta vida institucional, la ASF ha logrado hacerse de un importante prestigio y credibilidad, algo que sólo contados organismos públicos en México han conseguido.

Hace tres días, en un evento virtual como se estila hoy, la ASF entregó a la Cámara de Diputados 871 informes individuales de fiscalización correspondientes a la Cuenta Pública 2019, en un ejercicio de revisión que comprende todas las entidades que ejercieron recursos públicos federales durante el primer año de esta administración. Como ya se sabe, la ASF encontró posibles irregularidades en el gasto por 67 mil 500 millones de pesos, de los que 28 mil 700 fueron ejercidos por las entidades federativas y municipios. Varios de los proyectos y acciones más importantes, representativas y emblemáticas de esta administración, fueron mencionados en estos informes: Errores en la compra de medicamentos, los costos derivados de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía, la rentabilidad del Tren Maya, la compra de pipas para el transporte de gasolina durante la crisis de abasto, y hasta proyectos con menor presencia mediática, como el Corredor del Istmo de Tehuantepec, todos tuvieron observaciones.

Pero lo que llama más la atención de estos informes es la dureza con la que la ASF se refiere a la SFP. Sobre la SFP se dice que "mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF". Acerca de la actitud de la SFP en su interacción con la ASF, se dice que "la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades".

Llama la atención esta dureza, pues parece un pleito entre hermanos. Puede afirmarse que la SFP es la contraparte o socio institucional de la ASF en el Poder Ejecutivo. De hecho, son socios y se sientan en la misma mesa del Sistema Nacional de Fiscalización y en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y no solamente son socios, hay una relación casi simbiótica entre ambas instituciones, pues por decirlo de alguna forma, comparten código genético, ya que muchos de los servidores públicos de una han trabajado en la otra, como sucede hoy con varios altos funcionarios de la SFP que antes colaboraron por años en la ASF.

Quienes hemos sido servidores públicos sabemos que cuando la ASF hace una auditoría a nuestra área, no es un día de campo. Los responsables de hacer las auditorías suelen ser muy rigurosos y las reuniones con ellos tienden a ser largas y farragosas. También sabemos que el diálogo con la ASF no es imposible y que existe el profesionalismo y disponibilidad suficientes en sus auditores como para hacer aclaraciones, entablar acuerdos y proponer compromisos. Mantener los canales de diálogo abiertos no siempre es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso es difícil comprender cómo se llegó a este nivel de desencuentro filial, cómo fue que se rompió el diálogo entre dos instituciones que deberían ser capaces de aclarar sus diferencias en las reuniones de trabajo, aprovechando los múltiples vasos comunicantes que existen entre ellas, pero más importante que eso, por la afinidad en la misión y el propósito de ambas, que es el mismo y puede resumirse en asegurar el buen uso de los recursos públicos y controlar la corrupción.

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