Los más recientes escándalos en los que vimos en video supuestas acciones ilegales en las que hay intercambios de dinero, nos hacen volver a considerar la posibilidad de eliminar una parte importante del efectivo en circulación con el fin de dificultar la posibilidad de que la corrupción siga afectando la vida pública. Desde luego, la eliminación del efectivo por sí sola, no cancela la posibilidad de que se presenten actos de corrupción. La variedad de nuevos instrumentos y productos financieros, el volumen de transacciones que se hacen diariamente, la globalización de los movimientos de dinero, la digitalización de esos servicios y la aparición de las criptomonedas, han agregado una enorme complejidad al trabajo de las oficinas antilavado en todo el mundo para controlar el blanqueo de recursos, la corrupción y el financiamiento a actividades ilegales. A pesar de eso, la eliminación o limitación del efectivo en circulación y en especial, los billetes de alta denominación, ofrece claramente la posibilidad de hacer más difíciles y reducir una parte importante de las transacciones e intercambios ilegales que se hacen en efectivo. El efectivo –hasta cierto monto– es fácil de manejar, de mover, de transportar, de ocultar y de orientar a distintos fines sin dejar huella ni registro, y sin que exista la posibilidad de control por parte del gobierno. El dinero en efectivo es el vehículo favorito de quienes realizan actividades ilegales a pequeña escala, pues a partir de ciertas cantidades, las ventajas del efectivo se empiezan a volver contraproducentes. Un billete pesa aproximadamente un gramo, por lo que unos 100 millones de pesos en billetes de 500 pesos pesarían 200 kilos. Mientras más grande sea la cantidad de dinero en intercambio, o mientras menor sea la denominación de los billetes dada cierta cantidad, más difícil será el reto de transportar, intercambiar y ocultar ese dinero.
Sabemos bien, pues se ha documentado ampliamente, que en temporadas electorales el flujo de billetes y monedas en la economía aumenta de forma significativa. De acuerdo con un estudio muy conocido de la consultoría Integralia (https://integralia.com.mx/web/wp-content/uploads/2019/08/Aumenta-Efectivo-en-Elecciones-Integralia-junio-2016.pdf), entre febrero y junio de 2012 y 2015, el flujo de dinero en efectivo en circulación aumentó 5.0 y 3.0 por ciento respectivamente, lo cual nos da una idea aproximada de la dimensión a la que ha llegado en México el financiamiento negro a campañas electorales, los gastos no registrados de los partidos y candidatos, y la compra de votos, entre otras actividades ilegales vinculadas a las elecciones.
Las recientes declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, relacionadas con los resultados preliminares de la 'Segunda Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México', acerca de considerar la eliminación de los billetes de mil y 500 pesos, deben tomarse muy en serio y creo, son una invitación a pensar en la ruta que debe emprender nuestro país, si queremos eliminar parte del dinero en efectivo como estrategia para reducir el lavado de dinero y la corrupción. Yo diría que existen dos posibles modelos a seguir en la eliminación del efectivo de la economía: Suecia e India.
En Suecia, país que de entrada no tiene un problema grave de corrupción sistémica, la desaparición del efectivo no fue una política intencional, sino que fue un efecto no esperado y colateral de la bancarización de la sociedad sueca y el desarrollo de métodos de pago electrónicos. El efectivo no fue eliminado por el gobierno, simplemente se dejó de utilizar; los ciudadanos suecos dejaron de usarlo por ser un método inconveniente de pago comparado con las tarjetas de débito, crédito y los sistemas de pago por celular. India, en cambio, fue el primer país que intentó eliminar el efectivo de manera intencional, explícitamente como estrategia de control de la corrupción. El programa Cashless India planteaba eliminar entre 85 y 90 por ciento de los billetes circulantes, en específico, los de alta denominación. Para un país de bancarización limitada, eso requirió un esfuerzo enorme para crear primero un registro poblacional con datos biométricos para sus mil 324 millones de habitantes y después una enorme campaña de bancarización. Por la dimensión del esfuerzo y los avances logrados en el registro de la población y la creación de cuentas bancarias para promover el uso de medios electrónicos de pago, el caso de la India representa sin duda un gran éxito. Pero en cuanto al combate a la corrupción, los resultados son mixtos: parte del dinero en efectivo proveniente del crimen organizado y la corrupción política se vendió con descuento a intermediarios lavadores, quienes lo reincorporaron al sistema financiero pulverizando con múltiples depósitos en cuentas abiertas ad hoc de personas de bajos ingresos o de la tercera edad. Políticos corruptos y criminales, convirtieron sus ganancias en oro, en propiedades inmobiliarias, o ya los habían depositado en cuentas off shore. A pesar de que se logró abatir la evasión fiscal, personas de la tercera edad y de bajos ingresos tuvieron dificultades para adoptar los sistemas de pago electrónicos, por lo que al final el gobierno indio tuvo que flexibilizar la circulación de billetes de baja denominación. La experiencia de India debe ser una advertencia precautoria si queremos emprender ese camino. Para prevenir los posibles impactos negativos de la desaparición del efectivo necesitamos reducir el sector informal de la economía, abatir la precariedad laboral, crear un sistema biométrico de identificación ciudadana y generalizar la bancarización. Sin eso, una política de eliminación del efectivo como medida para prevenir el lavado y la corrupción sería inviable.