El combate a la corrupción requiere de imparcialidad, en eso coincide la literatura más reciente sobre ese tema. Cuando un gobierno toma decisiones que tienen una intención que va más allá del llano cumplimiento de la ley y de la búsqueda del bienestar general, esa imparcialidad se abandona. La ausencia de imparcialidad es especialmente perniciosa cuando se trata del combate a la corrupción. Nada hace más daño a los esfuerzos anticorrupción que el uso de las instituciones encargadas de asegurar la integridad pública para conseguir metas políticas. Por eso es indispensable que el caso en el que se investiga al exdirector de Pemex no se utilice como argumento para cuestionar la utilidad y legitimidad de la reforma energética.
La polarización partidista y un arreglo de incentivos influenciado por nuestro sistema presidencialista, impidieron muchos años que en México se dieran los consensos necesarios para lograr reformas importantes. A principios de este siglo, la clase gobernante recibió el sobrenombre de "la generación del no", por su incapacidad para negociar y acordar reformas legislativas útiles para el progreso del país. Las reformas estructurales fueron un mentís para quienes declararon la incapacidad del Congreso para llegar a grandes acuerdos, y en su momento la aprobación de esas reformas alcanzó un amplio consenso entre expertos y ciudadanos. La posibilidad de que legisladores hayan recibido sobornos para aprobar estas reformas, puede ser una oportunidad para que quienes se oponen a ellas por motivos ideológicos o políticos, cuestionen la legitimidad con la que fueron aprobadas y propongan su derogación.
Idealmente, cuando se descubre un caso de soborno a un funcionario del Poder Ejecutivo, el acto indebido se invalida, el daño al Tesoro público se restituye y se castiga a los involucrados de acuerdo con la ley. A diferencia de los actos administrativos, las leyes aprobadas por el Congreso no pueden ser anuladas por autoridad judicial. Una investigación que plantea la posibilidad de que se haya sobornado a legisladores para aprobar una ley, camina por una vía distinta a la de la discusión sobre la legitimidad y la utilidad de la ley aprobada; eso último en todo caso, se hace a través del proceso legislativo. Pero la sospecha sembrada, el manejo intencionado de la información del caso y el juego mediático que politiza todo, pueden fortalecer una intención contrarreformista que nos devuelva a los tiempos de la "generación del no". Cuestionar la legitimidad de la reforma es potencialmente sugerir su posible derogación sin discutir su contenido.
Hay que decir que pocas reformas como la energética han reunido un consenso general tan amplio entre los expertos en esos temas. Es un hecho también que, aparte de sectores ideológica y políticamente radicalizados en contra de la reforma, no se ha conformado un debate informado que cuestione su utilidad, ni tampoco ha aparecido una corriente de opinión calificada en contra de lo que plantea. En democracia, los cambios legales y reformas legislativas se discuten de forma abierta para que los ciudadanos puedan conocer las distintas posiciones y puedan construir una opinión más informada. Pero cuando no es posible cuestionar el contenido de la reforma, lo único que queda es poner en duda la legitimidad de su proceso de aprobación.
El caso de sobornos en Pemex aparece en un momento en el que la discusión y el debate político en México se precipitan hacia lo tóxico y en esas condiciones es difícil separar el trigo de la cizaña, pero debe hacerse. Creo que es importante conocer qué fue lo que pasó en Pemex y que se investigue a los involucrados. También es fundamental que se mantengan abiertas las puertas al debate sobre la utilidad de la reforma energética en caso de que se presenten argumentos informados y sólidos. Si acaso existe la legítima intención de derogar esas leyes porque no se está de acuerdo con ellas, pues que se inicie una discusión y que se argumente porqué es necesario eliminarlas. Pero ambas discusiones –la investigación en Pemex y la utilidad de la reforma energética– son temas distintos y deben estar separados. Debemos evitar que la ausencia de argumentos técnicos en contra de la reforma sea compensada con un debate que hoy es más político que judicial, y que se utilice el discurso anticorrupción para provocar una regresión legislativa.
La investigación sobre corrupción en Pemex representa una oportunidad para demostrar que en México las instituciones anticorrupción actúan sin obedecer pasiones políticas, con base en la ley y sin agendas ocultas. Es importante para el gobierno que no exista la percepción de que el combate a la corrupción está al servicio de fines políticos. La revelación de la verdad y la sanción a quienes hayan cometido faltas es lo que debe motivar el trabajo de las autoridades. Ante una opinión pública dividida y escéptica, lo mejor que se podría hacer es demostrar que el combate a la corrupción y el trabajo de las instituciones encargadas de esa tarea funcionan de forma imparcial.