La semana pasada, Transparency International (TI) dio a conocer los resultados del Índice de Percepciones de Corrupción (IPC) 2017, que ha publicado de forma consistente desde 1995. Los resultados, como cada año, son bastante predecibles: en los primeros lugares están los países nórdicos, acompañados por Nueva Zelanda y Singapur; los países peor calificados, por regla general, son africanos y del Medio Oriente, afectados por una grave debilidad institucional, gobiernos autoritarios y conflictos armados.
México recibió este año una calificación de 29/100, un punto menos que en 2016, y su ranking en la tabla es 135/180, bajando 12 lugares respecto de la medición anterior. Pero más allá de números y posiciones, ¿qué nos dice este índice? ¿Cómo debemos leerlo? ¿Debemos asumir que una baja calificación significa que hay mucha corrupción? ¿Qué utilidad tiene el IPC?
El IPC ordena (y califica) a los países a partir de los niveles de percepción de la corrupción en el sector público, de acuerdo con opiniones de expertos y gente de negocios. El IPC integra distintas fuentes de información, por ejemplo, el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el Country Risk Service and Country Forecast del Economist Intelligence Unit y otros estudios. Como las fuentes de información miden cosas distintas, se les estandariza, esto es, se 'manzaniza' a las peras y se 'peraliza' a las manzanas, de modo que ambas puedan ser sumadas. Dado que se le da el mismo peso a cada fuente de información, el IPC no es más que la media simple de varios índices y reportes. Muchas de esas fuentes de información no califican a todos los países de la lista, o no publican mediciones anuales para todos, por lo que el IPC para cada país se calcula con base en un coctel específico compuesto de distintas fuentes de información, algunas publicadas en años distintos. El IPC usa una escala que va del cero (mucha corrupción) a 100 (poca corrupción o 'muy limpio'); incluye mediciones para una lista de 180 países, y también coloca a cada uno en un ranking que indica su posición relativa en la lista. El IPC sólo toma en cuenta la corrupción en el sector público, no nos dice nada de la corrupción en el sector privado.
Dado que los reportes y estudios que integran la calificación del IPC para cada país miden distintas cosas –unos miden la corrupción en trámites, otros miden la 'gran' corrupción política, otros miden la frecuencia de los actos de corrupción, otros miden los montos del dinero escamoteado–, al final lo que parece que TI sugiere es que la agregación de valoraciones subjetivas sobre la corrupción provenientes de fuentes heterogéneas, conducen, de manera un poco contradictoria, a una medida más o menos precisa sobre la dimensión del problema de la corrupción en cada país.
Esto es una forma de decir que el IPC es una aproximación, un intento sincero pero no exacto por medir un fenómeno político, administrativo, económico, ético, cultural y social, como la corrupción que en realidad no se puede medir. Es posible medir algunas manifestaciones de la corrupción, pero se trata de un fenómeno tan amplio y diverso que es imposible resumir en un índice toda su complejidad.
El IPC, las calificaciones y rankings pueden hacernos pensar que hay países que están libres de corrupción, los alumnos de '10', y que el resto de los países como el nuestro estamos reprobados. En realidad, la corrupción está presente en todas las sociedades y su combate no es una meta a alcanzar, sino que se trata de un trabajo constante y permanente de políticas públicas continuas y efectivas, preventivas y correctivas que buscan hacer que los actos de corrupción sean más difíciles y menos dañinos para la sociedad. El combate a la corrupción debe ser en realidad la construcción de instituciones para controlarla de forma efectiva en el tiempo.
La calificación de México en el IPC no nos dice nada que no sepamos ya de antemano: que México tiene un problema de corrupción importante y que nos encontramos más o menos en una situación similar a la de otros países con niveles equivalentes de desarrollo. La calificación histórica de México en el IPC ha estado dentro de un rango de valor muy estrecho, por lo que los cambios de calificación que ocurren año con año no pueden vincularse a hechos específicos positivos o negativos, como grandes casos de corrupción o reformas legales importantes.
Una limitante importante del IPC es que dado que se trata sólo de una calificación, no ayuda a establecer prioridades de política pública, no nos dice qué tipos de corrupción son los más frecuentes, no nos dice cuál es la población victimizada ni en qué regiones del país el problema tiene mayor prevalencia. No nos dice tampoco qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal o qué efecto han tenido políticas públicas específicas, como la consolidación del derecho de acceso a la información. En suma, el IPC no pasaría muchas pruebas académicas de consistencia y levantaría las cejas de muchos expertos en estadística.
Sin embargo, la publicación anual del IPC sigue siendo el evento internacional más trascendente en cuanto al llamado de atención de la sociedad civil a los gobiernos para colocar el combate a la corrupción en la arena pública. La importancia objetiva del IPC es que nos ayuda a simplificar un debate que de otra forma sería imposible abordar; nos da un parámetro que, con todas sus limitantes, nos recuerda año con año que es importante seguir trabajando en políticas públicas y reformas legales que nos ayuden a controlar la corrupción.