El pasado 8 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción. De forma discreta pero sin detenerse, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y su comité coordinador siguen avanzando en la puesta en marcha del primer programa verdaderamente nacional para combatir la corrupción. Esto sin duda es un paso importante en la dirección correcta. Colocar el combate a la corrupción en la agenda de acciones de política pública de los tres poderes mediante un programa amplio que incluye mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación, representa un esfuerzo que no se había hecho antes para darle a este problema la relevancia que merece.
No obstante, hay que recordar que los programas anticorrupción implementados en países en desarrollo, por regla general, han fracasado. Uno de los problemas más importantes que limitan la capacidad de éxito de estos programas es la brecha que se crea entre las expectativas planteadas en las metas y resultados esperados, y la realidad institucional y política del país. Matt Andrews, Lant Pritchett y Michael Woolcock en su importante libro Building State Capability (2017), documentan los riesgos de confiar en que la adopción de recetas, ‘mejores prácticas’ y políticas públicas que han tenido éxito en países desarrollados, van a tener éxito y ser bien implementadas en contextos de una gran debilidad institucional. El influyente centro de estudios anticorrupción U4 de Noruega, también advierte sobre el alto riesgo de fracaso de las políticas anticorrupción cuando existe esta brecha entre las expectativas de los programas y la realidad de la capacidad institucional de los países para implementar políticas anticorrupción (https://www.u4.no/publications/understanding-success-and-failure-of-anti-corruption-initiatives).
Un segundo gran riesgo que puede limitar los alcances de este programa, es la posibilidad de que sea devorado por las dinámicas burocráticas, que el núcleo de las acciones que se proponen se traduzca en un simple intercambio de papeles entre dependencias para demostrar o, en el peor de los casos, simular que se está cumpliendo con tal indicador, de la acción tal, de la estrategia tal, del objetivo tal. Este programa, sin embargo, tiene una gran ventaja sobre los programas sectoriales que derivan del plan nacional de desarrollo, y es que no depende de las fechas de inicio y fin de una administración, sino que se trata de una política del Estado mexicano elaborada por un órgano de coordinación interinstitucional en el que participan los tres poderes, órganos autónomos y la sociedad civil. El panorama que se plantea es de más largo plazo y se centra en el logro de objetivos de política pública, y no de política electoral.
La experiencia de los pocos programas anticorrupción que han tenido éxito a nivel internacional (Georgia, Singapur, entre otros), apunta a que existen dos elementos clave: la creación de servicios profesionales en las dependencias (el Programa Nacional Anticorrupción lo promueve) y la creación de órganos reguladores independientes. Los servicios de carrera en el servicio público fortalecen las capacidades técnicas y la independencia política de los servidores públicos, lo cual ayuda a remontar la dificultad de realizar investigaciones e imponer sanciones cuando se involucra a actores políticos relevantes. Los servicios profesionales también ofrecen estabilidad en el empleo, capacitación y un horizonte de desarrollo profesional para los servidores públicos que les da un sentido de misión y propósito, y motiva el fortalecimiento de las lealtades a la institución, y no a una camarilla política. Los órganos reguladores independientes por su parte, ayudan a romper la trampa de la captura de las decisiones de política pública por parte de intereses económicos y políticos.
No obstante las ventajas del Programa Nacional Anticorrupción, me hubiera gustado ver que el SNA, además de un programa ‘tradicional’ con riesgos de implementación y burocratización, hubiera también adoptado una estrategia de atención, seguimiento y remediación de casos específicos de corrupción, siguiendo el espíritu de la ‘garantía de no repetición’ que se practica en materia de derechos humanos. Una estrategia de acciones, además de un plan con objetivos programáticos, en el que el SNA pudiera utilizar sus capacidades de reunir y coordinar a varias instancias públicas y a la sociedad civil para revisar los grandes casos de corrupción recientes, generar presión institucional para que se investiguen a fondo, hacer un análisis profundo ex post de las condiciones normativas e institucionales que permitieron que se diera ese caso y finalmente, diseñar propuestas de mejora y prevención para evitar recurrencias en el futuro.