Hace unos 50 años, sólo Estados Unidos y un puñado de países escandinavos contaban con leyes de acceso a la información. Hoy, más de 100 países en todos los continentes cuentan con algún tipo de norma para ordenar el derecho de los ciudadanos a conocer la información que generan los entes públicos. Desde la promulgación de la primera ley de acceso a la información en 1766 en Suecia, estaba establecida la relación necesaria entre el ejercicio de las libertades ciudadanas y la capacidad de conocer los motivos, razones, objetivos y recursos comprometidos con las decisiones del gobierno. En esa ley se reconocía que una plena libertad de expresión y el ejercicio de la prensa libre están condicionados al acceso libre a todos los archivos del gobierno, de las cortes y del Parlamento, para “ser copiados in loco, o bien, para obtener copias certificadas de ellos”. Esa disposición, incluida desde entonces en la Constitución sueca, mantiene un aire de modernidad y de actualidad a pesar del paso de los siglos que suele aplicar también a muchos otros derechos y garantías que no son coyunturales ni responden a momentos históricos específicos; que no son producto de una ideología en particular ni son la respuesta política a una crisis emergente. Mantiene su actualidad porque al igual que el acceso a la información, se trata de derechos básicos y fundamentales para cualquier sociedad que busca asegurar la libertad y el bienestar de sus ciudadanos.
La discusión pública actual no puede entenderse sin el derecho de acceso a la información. A diferencia de hace unos veinte o treinta años, miles de ciudadanos mexicanos pueden acceder hoy rápidamente a una enorme cantidad de información y datos oficiales sobre las finanzas públicas y aspectos diversos de la actividad de los entes públicos. La combinación de la evolución de tecnologías de comunicación y la consolidación del derecho de acceso a la información, ha permitido el desarrollo de capacidades técnicas en las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la academia, que han elevado y enriquecido la efectividad del debate público como instrumento de la sociedad para generar transformaciones y cambios positivos. Hoy, como nunca antes, los ciudadanos tenemos la posibilidad de acceder a información oficial que nos permite defender mejor nuestros derechos frente a otros ciudadanos, empresas privadas o incluso, frente al propio Estado. En ese sentido, el derecho de acceso a la información es una de las mejores garantías para que se promueva un trato justo e imparcial de parte de las instituciones públicas hacia cada ciudadano, sin distinción. Y aquí es en donde el derecho de acceso a la información juega un papel complementario con el derecho a la privacidad. Si bien a primera vista podría pensarse que son derechos antagónicos que entran en conflicto, ambos son complementarios en el fondo, pues fundamentalmente buscan la protección de los individuos frente al abuso de poder de las instancias públicas o privadas. Son dos caras de una misma moneda.
El futuro presenta retos importantes en la consolidación y defensa de ambos derechos. Por un lado, el derecho de acceso a la información, al igual que otras libertades y derechos cívicos se encuentra amenazado por el surgimiento de movimientos y gobiernos iliberales que han tratado, en muchos casos con éxito, de debilitar esos derechos. En cuanto a la protección de datos personales, es un hecho que la ampliación del rol e influencia de la internet en nuestras vidas y en las interacciones sociales, comerciales y financieras, han puesto en la arena pública un nuevo debate en el que estamos tratando de dilucidar qué aspectos de nuestra vida que están reflejados en datos y alojados en internet deben considerarse privados, y por otro lado, cómo debe manejarse esa información cuando está en manos de terceros: si debe ser resguardada legalmente, si puede ser compartida o manipulada, quién puede tener acceso a ella y en su caso, bajo qué condiciones.
El camino hacia adelante en cuanto a la protección de datos personales es aún confuso y no tenemos claro qué nuevos retos nos esperan, pero sabemos por ahora que tendremos que fortalecer la capacidad de las personas para mantener el control sobre su información, principalmente la que se encuentra en manos de ciertas aplicaciones y plataformas; los retos vinculados a los servicios en línea de los gobiernos; ver cómo vamos a proteger a las personas del espionaje, phishing y robo de identidad; el derecho al olvido en internet, entre otros.
En conjunto, el debate sobre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales puede que lleve siglos, pero eso no le resta actualidad ni tampoco urgencia. Ambos son derechos que requieren de un debate público y animado que esclarezca las complejidades y que se renueve constantemente; de una sociedad activa y organizada que sepa defenderlos; y de instituciones fuertes y profesionales que propongan soluciones a los retos del futuro.