Opinión Benito Solis

Reforma eléctrica reducirá crecimiento y el ingreso de las personas

La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propiciará un mayor estancamiento económico, menores empleos y salarios más bajos.

El autor es economista .

La ley eléctrica que está siendo discutida en el Congreso y que debería ser analizada y aprobada, modificada o rechazada en la presente semana, es probable que se apruebe como ha sido propuesta. Una de sus principales características es utilizar prioritariamente las plantas generadoras de la CFE, las cuales son más costosas que las instaladas por los particulares, lo que ocasionaría mayores costos y precios para los consumidores o más elevados subsidios del gobierno, que al final serán pagados por los particulares por medio de impuestos adicionales. Esto tendrá un fuerte impacto negativo en el corto plazo, pero sobre todo impactará en la actual estrategia económica del país en el largo plazo, basada en exportaciones de manufacturas, lo que se reflejará en un menor crecimiento del país, en empleo y en los ingresos de las personas.

Diversas instituciones y expertos han dado a conocer argumentos sólidos de manera pública por qué ocurriría esto, entre los que se incluyen la contraposición con la Constitución, así como con los acuerdos internacionales que tiene el país en materia energética, la reducción de la inversión privada en este sector, una gran cantidad de demandas legales que los inversionistas harán en tribunales nacionales e internacionales, así como por la incertidumbre que se genera no solo en esta rama, sino en todas las demás áreas de la economía.

Hay que enfatizar que los apagones que se han tenido en diversas partes del país en los pasados días se deben no a que exista inversión privada, sino a que la inversión total en el sector ha sido insuficiente, ya que el gobierno no tiene los recursos para satisfacer la creciente demanda. Para que México pueda crecer a tasas superiores a 5.0 por ciento anual, requiere de una inversión total cercana a 25 por ciento del PIB y en este momento es inferior a 20 por ciento; lo cual significa que se debería de dedicar cinco puntos adicionales anuales a la inversión en el país. La inversión total del gobierno en todos los sectores en los pasados años ha sido en promedio inferior a 3.0 por ciento del PIB y solo este sector eléctrico requiere cerca de 8.0 por ciento del PIB en la siguiente década.

La fuerte demanda de electricidad de los pasados años, debido a la creciente población, a la industrialización y al crecimiento del país, no podía ser satisfecha por falta de recursos de las empresas del Estado. Por esta razón se permitió la inversión privada en la generación de electricidad y se incrementó la importación de gas natural de Texas para su producción. Sin embargo, este estado siguió una política de autosuficiencia de energía y no está interconectado al resto de su país, lo que le impidió enfrentar el problema climático de días pasados.

Sin embargo, en lugar de fomentar aún más la inversión privada en el sector en México, así como localizar y contratar proveedores de gas en otros lados, la nueva ley busca reducir la ya insuficiente generación de electricidad de particulares. Esto agravará el actual riesgo de apagones e incrementará los precios al público. Debido a los mayores precios estimados de la electricidad, los costos de producción de toda la planta industrial del país se elevarán, lo que castigará su competitividad, reduciendo el atractivo que tiene el país para la inversión tanto nacional como extranjera.

Como resultado, las empresas tendrán que hacer sus ajustes internos para que puedan seguir colocando sus productos en los muy competidos mercados internacionales e incluso en los nacionales. Con anterioridad, cuando se tenía una economía cerrada, las fábricas en México aceptaban los mayores costos, los que transferían a los consumidores y los elevados aranceles permitían a las empresas tener un mercado cautivo que adquiría sus productos, aunque fueran más costosos e incluso de peor calidad que los producidos en el exterior. Quien terminaba pagando esto eran los consumidores. Hoy en día sucede lo contrario, ya que si el productor no es competitivo con los extranjeros, los consumidores no le comprarán y tampoco podrá exportar.

El aumento del precio de la electricidad hará que los costos de los diversos productos se eleven, pero los fabricantes no podrán transferirlos a los consumidores, lo que se agregará a los mayores precios de la gasolina dentro de México así como los impuestos más elevados. Uno de los pocos factores de la producción que es más flexible es el trabajo, por lo que será inevitable que las empresas tiendan a pagar menores sueldos o cierren sus instalaciones en el país. Esta ley propiciará un mayor estancamiento, menores empleos y salarios más bajos en los próximos años.

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