Gobernar un país es extremadamente difícil, más de lo que parece a primera vista y más en el caso de una nación tan compleja y grande como México. Tanto por su tamaño físico y su diversidad, como por la magnitud de la población y su elevada producción, es considerado uno de los trece países más grandes del mundo. Para tener una idea de su tamaño basta enfatizar que Europa occidental cabe en su territorio nacional y la distancia entre Tijuana y Cancún es parecida a la que existe entre Londres y Atenas.
Aquí existen todos los diversos intereses y preferencias de la población por lo que pretender que una persona o un pequeño grupo puedan controlar todo el funcionamiento de la economía es absurdo.
Por lo mismo y al igual que en las distintas naciones, el gobierno mexicano posee dos grandes instrumentos que le permiten influir en el comportamiento de la economía, que son: la política monetaria y la política fiscal, esta última en sus dos grandes componentes que son el gasto público y el aspecto impositivo.
En México, la política monetaria fue manejada por el gobierno federal durante años; pero con frecuencia el Banco Central se volvía el principal acreedor del gasto público, es decir la 'caja' que financiaba el déficit público. Esto tenía su consecuente impacto negativo en términos de una elevada inflación y en diversas y drásticas devaluaciones del peso mexicano.
Esta situación finalmente se pudo controlar cuando el Banco de México logró su autonomía a mediados de la década de los noventa. Hoy en día la inflación es de una fracción de la que predominaba en décadas pasadas. Sin embargo, en ocasiones todavía se escuchan voces que piden la eliminación de esta autonomía, pero el recuerdo de las crisis devaluatorias y de la elevada inflación impide que prospere esta idea.
Ahora la política fiscal es el principal instrumento con que cuenta el gobierno federal para influir en la economía nacional, por medio de sus diversos programas de gasto público y de los impuestos que puede imponer a la población y a las empresas, que no solo le permite obtener ingresos públicos, sino que afectan a la producción y al consumo.
De aquí la importancia del Paquete Económico 2020 que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la Unión en días pasados, para su discusión y, si procede, para su aprobación. El mismo contiene la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el próximo año, así como el documento llamado Criterios Generales de Política Económica 2020. Recomiendo a mis lectores que al menos le den un vistazo rápido a este último documento ya que presenta estadísticas de la economía internacional y nacional, así como de las finanzas públicas de años pasados. Además se presentan las razones por las que se imponen o modifican los distintos impuestos.
Una de las primeras conclusiones del Paquete 2020 son las siguientes: 1) Se sigue la línea de los pasados años, con cambios paulatinos, anunciando el equilibrio fiscal, por lo que no provocará cambios en el tipo de cambio y en las tasas de interés en el corto plazo.
2) Son crecientes los gastos públicos en los cuales el gobierno federal no tiene ninguna influencia, como son el servicio de la deuda pública, el monto del gasto debido a las pensiones de jubilados y las transferencias a las entidades estatales y municipales.
3) Existe una ligera reducción en el objetivo de superávit primario previsto, y el gasto público sigue creciendo en términos nominales con respecto al año anterior.
4) Sigue castigándose la inversión pública, lo cual reduce el crecimiento potencial de la economía mexicana. Los diversos analistas consideran optimista la meta de crecimiento que se tiene para el 2020. Por otro lado, el principal concepto que se incrementa son los diversos apoyos que se le darán a la población lo cual elevará la presión a las finanzas públicas en los siguientes años.
5) Es creciente el apoyo que se le otorga a CFE y, sobre todo, a Pemex. Esta última empresa está poniendo en riesgo a las finanzas públicas en su totalidad.