Las finanzas públicas registraron un importante deterioro en los pasados meses de abril y mayo, que son los últimos con que se cuenta información. Sin embargo, lo más probable es que esta situación sea parecida o peor en junio y julio del presente año. Los ingresos públicos presupuestales en aquellos meses cayeron en 19.0 y en 23.1 por ciento respectivamente en relación al mismo periodo del año anterior, una vez eliminado el efecto de la inflación. Por su parte, los ingresos obtenidos por el petróleo lo hicieron en -73.8 y en -65.3 por ciento en los mismos meses.
Se ha hecho un extraordinario esfuerzo para compensarlo al reducir el gasto corriente, así como por la disminución en los costos financieros de la deuda pública debido a las menores tasas de interés, tanto en el extranjero como dentro del país. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para compensar los mayores gastos en subsidios y transferencias, en el renglón de pensiones, así como en ayudas y otros gastos y en los apoyos a empresas y entidades del sector público. Además, se tendría que compensar la drástica caída en los ingresos presupuestarios.
Por el lado de los ingresos públicos destacan la caída en la extracción de petróleo y en la disminución de su precio. Adicional a esto está la caída en la actividad económica, que se inició a partir del segundo semestre del año pasado, derivada de la menor inversión realizada en el país. Esta situación se agravó de manera acelerada con la actual pandemia, que ha obligado al cierre temporal o incluso permanente de cientos de miles de empresas en el país.
Todo lo anterior se está reflejando en un extraordinario incremento en el balance público, es decir, en el déficit del sector público. A diferencia de lo que sucede en la gran mayoría de los países en el resto del mundo, este mayor déficit no resulta de programas de apoyo a las empresas, para que las mismas puedan cubrir sus necesidades de liquidez y puedan seguir operando, lo que evita el cierre de fuentes de trabajo. Por ejemplo, Alemania está dedicando 32 por ciento de su PIB para este tipo de apoyo a las empresas y trabajadores, el Reino Unido 19 por ciento del PIB, Estados Unidos 15, mientras que Italia 12.5, Perú 12, Colombia 8.0, mientras que México menos de 0.5 por ciento.
Lo anterior propicia una mayor pérdida de fuentes de ingresos formales e informales en México, una importante reducción en el consumo interno, mayor caída en la economía y se tendrá una recuperación más lenta de la misma. Además es posible que una mayor cantidad de empresas ya no puedan volver a operar o que queden en manos de inversionistas extranjeros.
Todo lo anterior se reflejará en menores ingresos públicos y lo que provocará es que la calidad de los servicios públicos se deteriore aún más en el futuro, como es seguridad y educación pública, agua potable y luz pública, administración de justicia y en general el funcionamiento del gobierno. En suma, habrá un deterioro en la calidad de vida de la población mexicana e incremento de la pobreza en este y los siguientes años.
Además, hay que recordar que la mayoría de las fuertes crisis económicas que han ocurrido en el país en las últimas décadas han sido antecedidas por el deterioro en las finanzas públicas. La razón es que un mayor déficit fiscal eleva la deuda pública y consecuentemente a las tasas de interés, incrementa la volatilidad del tipo de cambio y propicia aumentos en los impuestos entre otros muchos otros efectos negativos. Todo lo anterior provoca que la planta productiva del país pierda competitividad.
Este puede ser el momento en que se diseñe y se lleve a cabo una gran reforma fiscal, no sólo en el aspecto recaudatorio, sino también en el aspecto de gasto público para crear los incentivos que permitan elevar la inversión pública y privada, así como formalizar la economía informal y reducir los impuestos a la producción, como sucede en todo el mundo. Sin embargo, con excepción de algunos destacados académicos, esto no es un tema de debate público.