Hace casi un año llegó a la Secretaría de la Función Pública, vía el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, todo un archivo que detalla las triquiñuelas de un grupo de funcionarios de Pemex y Nacional Financiera (Nafin), que entre noviembre de 2017 y el mismo mes de 2018, desaparecieron un donativo de 25 millones de pesos que dio la petrolera al Fondo para el Cambio Climático, creado en 2012 por mandato de la Ley General de Cambio Climático, y administrado por la Secretaría de Hacienda y la del Medio Ambiente, y operado por Nafin.
El expediente 39620/2019/PPC/PEMEX/DE190 da cuenta que la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social, en ese entonces a cargo de Luis Alberto Martínez Bravo, y Nidya Odete Legaspi Ortíz, en su carácter de Delegada Fiduciaria General de Nafin, no pudieron entregar cuentas sobre lo realizado con los recursos que fueron autorizados por Pemex mediante acuerdo DG/JODG/0080/2017 y ficha GRDS/DD/006/2017, cuyo propósito del donativo, según el contrato, fue apoyar la ejecución del proyecto: "Consolidación de la Selva Lacandona como región prioritaria para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático."
De acuerdo con la denuncia, en los 12 meses que estuvo vigente el contrato para hacer efectivo el donativo de Pemex, no se presentó la documentación requerida en el convenio para acreditar que las obligaciones del mismo fueran cumplidas. En varias solicitudes de información que se adjuntan en el expediente, se da cuenta que la petrolera no cuenta con la información necesaria para justificar dicha erogación al no poseer, ni siquiera, informes de resultados, de beneficios, ni cuenta bancaria al que se depositaron y desde la que se manejaron los recursos.
La denuncia apunta a otros funcionarios como Ramiro Rendón Burgos, sucesor de Martínez Bravo en la citada gerencia, así como al subgerente Julio César Medina Ruiz y a los superintendentes Ariadna Becerra Montalvo y Eduardo Miguel Calderón Alday.
El tema hoy cae en la cancha de Orlando Camarillo, nuevo gerente, de quien me cuentan que en 2019 tuvo que rehacer los 94 convenios de donaciones que firmaron incluso con los gobernadores, pues tuvieron pésimas y lamentables estructuras jurídicas y administrativas.
Apenas el 20 de marzo de este año, el Consejo de Administración de Pemex aprobó el programa de donaciones para este año que asciende a mil 441 millones de pesos en asfalto y combustibles vía el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), dándole el carácter de "prioritarias" a las donaciones para los estados de Chiapas, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Abusados.
Cuidado en Campeche
Empresas proveedoras del sector petrolero han denunciado en este espacio, que ante la cancelación del evento Shallow & Deepwater México no han recibido respuesta tras reclamar la devolución de anticipos realizados.
Me cuenta que son varias las firmas que ya buscan por cielo, mar y tierra a Jennifer Granda, responsable del proyecto, quien argumentó la pandemia para decretar la cancelación sin respetar los contratos con sus proveedores, mientras que en la mayoría de los eventos que han corrido la misma suerte, sí se ha podido cumplir con las obligaciones ante el desafortunado confinamiento.
De acuerdo con las fuentes, esta no es la primera vez que Granda se ve involucrada en asuntos de este tipo, pues mientras organizaba la PECOM 2018, en Villahermosa, Tabasco, se argumentó un supuesto incendio en sus oficinas de Houston para dejar colgadas a 17 firmas a solo un mes de llevarse a cabo la convención. Me dicen que a la fecha, cuando se encuentra a los involucrados les da la vuelta, vaya, ni el buenos días. Lamentable.
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