Una de las principales críticas que se han realizado a la suspendida reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador es la imposibilidad que tendría México para alcanzar los objetivos en materia de medioambiente comprometidos en el Acuerdo de París, pero de acuerdo con el Gobierno de la #4T es posible mediante dos vías: la eficiencia y las hidroeléctricas.
De hecho, el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2020-2034, proyecta que se modernizarán las 60 centrales hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y se reactivará la presa Chicoasén II de 240 megawatts (MW) que a la fecha se encuentra fuera de operación.
Inclusive, en su presupuesto para 2020, la CFE destinó alrededor de 116 millones de dólares para el cambio de maquinaria y rehabilitación de centrales hidroeléctricas bajo su control. Tratándose de las termoeléctricas, se evitará el retiro de centrales existentes y en cambio, se plantean también programas para rehabilitarlas, repotenciarlas y adaptarlas a fin de dar salida al gas natural, principalmente.
Sin embargo, las voces críticas apuntan que la mayoría de las instalaciones para generar electricidad fueron construidas hace más de 50 años, por lo que su actualización conlleva desafíos ambientales, técnicos y de viabilidad, además de enormes recursos económicos. Es decir, prácticamente comenzar de cero.
Modernizar y repotenciar las hidroeléctricas y darles mantenimiento a los activos eléctricos en general es una buena idea, era de hecho uno de los grandes pendientes de política pública energética, pero adicionalmente se requiere de una buena planeación hídrica de fondo que tome en cuenta factores climáticos y geográficos.
De acuerdo con el panorama planteado, la apuesta es que algunas plantas se volverán más eficientes en el uso de agua y la producción de electricidad, aunque su productividad depende del régimen pluvial, los usos finales del agua, y el estado general de azolvamiento de las instalaciones, conductos y los fondos en los embalses.
Sin embargo, existe un reto: en el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se detalla que de los 210 embalses (o presas), a marzo de 2020 sólo cinco estaban colmados, 76 poseían entre 75 y 100 por ciento de volumen, 68 se ubicaban entre 50 y 75 por ciento de almacenamiento, y 22 estaban a menos del 50 por ciento.
En este contexto, al menos cinco de los 32 estados mexicanos presentaban niveles críticos en sus embalses, ubicados sustancialmente al norte del país, por lo que quizá para estas entidades resultaría más conveniente explorar otras opciones de generación.
Es posible que todas estas medidas las llevará a cabo el Gobierno de la #4T, independientemente al estado jurídico que guarden las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, y que actualmente se encuentra suspendida por un juez, misma que seguramente llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde al igual que el acuerdo que dio origen a esta reforma eléctrica, terminará siendo desechada, abriendo paso a una forzosa iniciativa de reforma constitucional, con todo lo que ello implique.