Por más que se haya dicho que en el sector energético no vendrían modificaciones estructurales que incomodaran a una parte de los inversionistas en México, la cuarta transformación implica, inevitablemente, cambios.
El primero fue cuando a finales de marzo la Secretaría de Energía propuso modificar la separación de la CFE, una separación decretada por el peñismo a costa de un impacto evidente a sus finanzas, solo para poner "el piso parejo" a los nuevos participantes que hoy no ven la suya.
La medida cayó como balde de agua fría a las empresas participantes del mercado eléctrico en el país, quienes a partir de ese momento comenzaron a temblar.
El siguiente cambio vino de la CFE en junio, cuando decidió poner sobre la mesa los contratos por seis gasoductos con empresas nacionales e internacionales, donde se evitaron las cortes con un acuerdo donde todos cedieron, pero se ganaron enemigos.
Después, vendrían otros cambios. Me refiero a las controvertidas modificaciones al esquema de las Certificados de Energía Limpias (CEL), que promovió la Sener en octubre para que la CFE (otra vez la CFE), pudiera reclamar dichos beneficios para las plantas 'limpias' que tenía la empresa productiva del Estado antes de 2014.
Esto, advierte una parte del sector, inundará de CELs el mercado, bajando su precio y restando atractivo a los proyectos de inversión, aunque otros refieren que ' el empujón' que le daría la mercado unos 50 millones de CELs que pondría la CFE en jugo, daría un giro de 360 grados, abriendo nuevas oportunidades en el mercado.
El cuarto cambio significativo que está por realizar el gobierno de México en el sector energético será en la política de almacenamiento de combustibles, para mantener una meta de cinco días de inventario (en vez de 13) durante todo el sexenio. Esto da un respiro para los que van retrasados, principalmente Pemex, pero también resta atractivo a la inversión privada.
Esta medida, al igual que las pasadas, pasará cubierta con teflón por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y tiene como finalidad beneficiar a Pemex, quien ahora no tendrá que invertir en ese rubro que no es prioritario dentro de la estrategia integral que persigue, a como dé lugar, elevar la extracción y refinación.
Hacia adelante más cambios vendrán, sobre todo hoy que el gobierno tiene plena influencia en los órganos reguladores del sector (CRE y la CNH), y espacio para hacerlos también hay, pues se han sabido aprovechar la serie de vacíos en la implementación de las leyes secundarias de la reforma de 2013. Ni hablar.
De sanciones y gaseras
A este espacio llegó una larga lista de empresas distribuidoras de gas LP que han sido denunciadas, y en algunos casos sancionadas, por la Comisión Reguladora de Energía entre 2017 y 2019. En ella figuran célebres nombres como Sonigas, Gas Imperial, Duragas, Garza Gas Provincia, Hidro Gas de Aguaprieta, Flamagas, Gas del Pacífico e incluso Pemex Transformación Industrial, entre otras.
Un total de 37 implicados entre los que figuran también distribuidores como Héctor Ramírez Guerra SA de CV, a quien incluso se le revocó el permiso de comercialización por no estar en regla ante la Secretaría de Energía y no cumplir con sus obligaciones, entre otros puntos señalados en la Ley de Hidrocarburos.
Destaca también otra sanción que en 2017 pusieron a Sonigas por el incumplimiento de la regulación que establezca sobre precios o tarifas máximas; también otra que le impusieron a Pemex Transformación Industrial en 2018 en materia de dominio de mercado.
El resto de las sanciones aplicadas son por motivos muy parecidos a los descritos, siendo que la mayor parte de ellas se refiere a violaciones a la metodología de fijación de precios.
El del gas LP es un sector discreto pero donde se mueven grandes intereses. Atentos.
Se propaga efecto Pemex
Al parecer la situación que enfrentan proveedores de Pemex a quienes no se les ha pagado desde hace ya varios meses, poniendo en riesgo cientos de empleos en los pujantes estados petroleros del Golfo de México como Tabasco, Veracruz y Campeche, se replica en otros ámbitos de la Administración Pública Federal.
Así, el ISSSTE, que comanda José Antonio Ramírez Pineda, continúa sin cumplir su promesa de pago a sus acreedores, que suma aproximadamente 19 mil millones de pesos. Una muestra más, es que desde hace dos semanas se publicó en el portal del ISSSTE un acuerdo de pagos a los proveedores de la industria farmacéutica. Ahí se detallan los porcentajes que pagarán a cada uno de los proveedores sin explicar el procedimiento para determinar el porcentaje y tampoco se indica fecha de pago.
Ante esta situación, la industria farmacéutica, así como los derechohabientes de servicios médicos del gobierno se preguntan si se avecina otra crisis de desabasto a los derechohabientes del ISSSTE por falta de pago a sus proveedores.
Al parecer, el pago incluso ya está palomeado por Raquel Buenrostro, la poderosa oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que comanda Arturo Herrera, pero ni así.
Parece que poco sirvió la reunión que tuvieron el 13 de septiembre los representantes del ISSSTE con proveedores con adeudos menores a 700 millones de pesos, y que incluso fue ampliamente publicitada por el gobierno de México. Entonces, ¿qué falta? Ya que fluya el dinero.