Si bien, la apertura del mercado de petrolíferos al sector privado permitió que se diversificara un poco la oferta de gasolinas y diésel, trajo consigo algunos vicios que hoy mantienen en vilo su futuro.
Diversas fuentes confirman que empresas han utilizado sus permisos de importación de diésel, principalmente, para ingresar al país derivados de la refinación que hacen pasar por ese combustible, y que han distorsionado el precio, sobre todo en el norte del país.
Pequeños comercializadores, que han surgido como una especie de "intermediarios/comisionistas", entre permisionarios y los clientes finales, han aprovechado este nuevo mercado para ofrecer de dos tipos de diésel: negro, que es derecho, rastreable y por el cual dan factura; o "del gris", cuyo pago es en efectivo, y del cual no ofrecen mayor garantía, salvo que venden en 12 pesos por litro, mientras que el promedio nacional ronda los 19 pesos por litro. Incluso en redes sociales abundan quienes demandan y ofrecen estos servicios.
Lo más preocupante es la forma en que se llega a ese tan bajo precio. Una parte del combustible proviene de pipas que se internan al país a través de aduanas terrestres, de acuerdo con fuentes que conocen del tema, y por las que se paga en aduanas hasta 4 mil 500 dólares por pipa; y las otras, no pagan los aranceles correspondientes vía ferrocarril, al ser declarados como cualquier otro producto menos diésel.
El llamado 'huachicol fiscal' ha sido un verdadero dolor de cabeza para los distribuidores de combustibles, los que se andan derechos, desde que en 2016 se inició la liberalización del mercado, específicamente de las importaciones.
Se han interpuesto múltiples denuncias ante las autoridades, las cuales apenas en este gobierno comenzaron a poner orden desde el otorgamiento de los permisos, pues recordemos que uno de los motivos que la Secretaría de Energía argumentó para reducir la vigencia de los mismos en el Acuerdo publicado el 26 de diciembre de 2020, fue precisamente el robo y venta ilícita de hidrocarburos.
Incluso, Argus Media, en una nota firmada por mi estimado Sergio Meana, dio a conocer el 22 de enero una carta que Energex, uno de los grandes distribuidores en el norte del país, le envió a la ferrocarrilera KCSM, en la que le pone sobre aviso que existen importadores de diésel que están introduciendo combustible contrabandeado de Estados Unidos a través de sus vías, a lo que la estadounidense respondió desconocer, pero que con gusto cooperarán en cualquier investigación.
En fin, frenar la entrada del huachicol fiscal al país no será sencillo, aquí el Gobierno de la #4T tiene un enorme reto de coordinación a nivel federal, con el que se permita erradicar los vicios heredados de administraciones pasadas, quienes abrieron las puertas de par en par, sin pensar en un ordenamiento previo, estratégico, y creando un mercado de diésel clandestino que hace más daño al país, que la reducción en los plazos de los permisos. Atentos.