Apenas un par de semanas después de que entrara en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en julio de 2020, un grupo de cuatro empresas canadienses enviaron una carta a los funcionarios comerciales del gobierno de Justin Trudeau para advertir que México violaba el naciente acuerdo por sus políticas energéticas.
Palabras más, palabras menos, el grupo integrado por Canadian Solar, ATCO, Northland Power y JCM Power se quejaba contra el gobierno de México por la detención de varios de sus proyectos de energía renovable, en los que habían destinado una buena cantidad de recursos.
Se trata de inversiones por alrededor de 450 millones de dólares, refirieron previamente, en mayo de ese mismo año, en otra carta que envió la Embajada de Canadá en México a la Secretaría de Energía, en respuesta al controvertido acuerdo que el Cenace, quien por instrucción de Sener, puso en vigor limitando la conexión de plantas de energía solar y eólica al sistema eléctrico nacional, argumentando que su intermitencia causaba inestabilidad para la que la red de transmisión y distribución del país aún no está preparada.
Después de casi tres años, el trabajo diplomático de Canadá rindió frutos hasta la Cumbre de Líderes de América del Norte, cuando Justin Trudeau solicitó a López Obrador recibir a los quejosos, a quienes se sumó la firma CDPQ.
En respuesta a la pregunta que titula esta columna, trascendió que la semana pasada, tras una reunión con los quejosos, instruida por el presidente López Obrador, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, anunció sin mayores detalles que al menos con ATCO y Pattern el problema estaba resuelto, aunque no especificó términos ni exactamente qué fue lo que se les concedió.
De manera extraoficial se sabe que la intervención de Trudeau fue suficiente para que se consideraran un par de excepciones en cuanto a la aprobación de permisos, en el contexto de la política energética del gobierno de #4T, que tiene como meta conseguir la autosuficiencia.
El acuerdo conseguido por las canadienses quedará también a salvo de la nueva revisión que hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que anunció el fin de semana; es decir, no dependerá de lo que se resuelva.
De cualquier forma, y dicho por el propio gobierno de México, las reuniones que derivaron de la Cumbre de Líderes de América del Norte, no comprometerán el rigor con el que se ha aplicado de política energética, y menos en un año electoral como lo es este 2023.