Trascendió esta semana que el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró estar abierto a que se hagan modificaciones a la iniciativa de reforma constitucional en materia energética que presentó al Congreso el pasado 30 de septiembre.
Los aceptará, dijo, solo si se conserva la “esencia” de la reforma, es decir, mantener a la industria eléctrica bajo el control del Estado.
La ventana de oportunidad que pareciera abrirse al enfurecido sector privado, tras lo declarado por el mandatario, es realmente una muy pequeña. Es solo una rendija donde caben muy pocos cambios, todos ellos de forma y no de fondo.
Pero entonces, ¿qué cambios podrían caber en la iniciativa, sin que se afecte de fondo el propósito planteado por el gobierno de la #4T?
Los puntos que el gobierno no está dispuesto a poner en la mesa de negociación es la cancelación inmediata de los contratos eléctricos otorgados a empresas privadas, tanto los del mercado eléctrico, como los legados y las criticadas sociedades de autoabasto.
Para expertos, esta es una de las palancas con las que Morena, vía el Poder Ejecutivo, tiene amagada la negociación, tanto con las otras facciones políticas, como con los poderes fácticos y económicos que a los que representan.
No fue coincidencia la reaparición que hicieron los expresidentes del PRI en un foro organizado por el periódico Reforma la semana pasada, ni tampoco lo ha sido el silencio incómodo que la dirigencia de ese partido ha guardado entorno al tema, ni mucho menos fue coincidencia la propia declaración vertida por el Presidente López Obrador el jueves durante su conferencia mañanera.
Sin embargo, para Miriam Grunstein, experta en el sector energético, son varios los cambios que caben por esa rendija. El primero de ellos podría ser bajarle a 50 por ciento, o menos, la participación que tendrá la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el total nacional, puesto que “54 por ciento es un número arbitrario”, señala la experta.
De mover esta proporción, los generadores podrían estar más tranquilos respecto al futuro de sus plantas en México, puesto que es un hecho que la CFE no podrá abastecer por sí sola la demanda de electricidad, y públicamente ha prometido que se las comprará.
Por otra parte, uno de los cambios importantes que podrían venir en este sentido sería la transformación de Pemex y la CFE en organismos del Estado, lo que las convertiría en verdaderos “búnkers administrativos” con nulas obligaciones en materia de transparencia.
Este es un punto medular dentro de la estrategia del gobierno, puesto que al quitarle el carácter de Empresas Productivas del Estado, con ello también se les quita el mandato de generar valor, por lo tanto, sus decisiones no tendrían que ser justificadas bajo argumentos económicos y financieros.
Un punto más que debería ponerse sobre la mesa es el de los órganos reguladores dentro de la Secretaría de Energía (Sener), será necesario definir claramente sus alcances, así como el destino de los recursos que generan por la expedición y gestión de los permisos en los diferentes subsectores de la industria energética a los que atienden.
“No están matando a los reguladores porque igual ya estaban capturados. Lo mismo con el Cenace”, reflexiona Grunstein.
En fin. Hacia adelante, la discusión de la reforma energética que propone el Poder Ejecutivo deberá centrarse en esa pequeña rendija que abrió el Presidente López Obrador. La negociación se centrará en ello y no más.