El mundo camina hacia el almacenamiento de energía. Sería oportuno que en México se considere ingresar en ese sendero, de cara a la reforma constitucional eléctrica que está por discutirse en el Congreso. Es oportuno hacer una pausa para conocer las tendencias de este prometedor negocio.
En la edición de este año del reporte que Wood Mackenzie realiza sobre almacenamiento de energía, es la primera ocasión que le dedica un capítulo a Latinoamérica, donde revela que Chile lidera un mercado aún incipiente.
México va detrás con un solo proyecto a gran escala: una planta de almacenamiento de 100 megawatts que IEnova construirá en Mexicali, pero que conectará con el CAISO, el sistema eléctrico de California, y no con el sistema mexicano.
En Colombia, por ejemplo, en 2019 se publicaron las reglas para el almacenamiento de energía, y hoy ya manejan alrededor de 50 MW en distintos proyectos.
Pero en materia normativa México está en pañales. En toda la regulación apenas existe una mención al almacenamiento de energía, y está dentro de las Bases del Mercado Eléctrico del Cenace, me explica Paula Jara, analista sobre el tema para Wood Mackenzie.
La experta advierte que aún falta todo un marco regulatorio que determine el precio de la energía, quiénes podrán hacerlo,, y bajo qué circunstancias y características podrán conectarse a la planta de energía, etcétera.
De cara a una reforma eléctrica por parte del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la experta asegura que sería una buena oportunidad sentar las bases legales que permitan construir un mercado de almacenamiento de energía en México.
El potencial es interesante en términos económicos.
De acuerdo con reporte de Wood Mackenzie, este mercado valdrá 8 mil 900 millones de dólares en el siguiente lustro tan solo en Estados Unidos. El avance de este año sería brutal. Se estima que pase de mil 674 millones de dólares que se reportaron en el convulso 2020, este 2021 se cierre en 5 mil 477 millones de dólares.
Jara reconoce que es necesario el apoyo del gobierno, como en China donde inclusive se han dado a la tarea de conformar fondos de inversión específicos para este fin.
Duro contra el huachicol
La suspensión de cinco permisos para importar petrolíferos que le aplicaron a Trafigura en septiembre pasado no fue gratis. Junto con Impulsora de Productos Sustentables, una firma de Galem Energy (a quien en julio también le revocaron el permiso con el que le vendía turbosina a Interjet), son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por supuesto robo y contrabando de combustible.
Las acusaciones se centran en que ambas compañías utilizan documentación falsa de su origen para ingresar al país el combustible, que una vez en el país es distribuido rápidamente en pipas a gasolineras y a empresas vinculadas con Amado Yáñez y Alejandro del Valle, con precio de venta menor al establecido.
Las autoridades fiscales habrían entregado a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la información necesaria para revocar los permisos a ambas compañías.