Como sabemos, el gobierno de México firmó hace dos semanas un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para que sea este organismo el encargado de licitar y gestionar las compras de medicamentos a nivel internacional, con lo cual las autoridades mexicanas esperan solucionar el desabasto de medicamentos del sector público.
La tan anunciada compra consolidada de medicamentos, que se hará mediante la UNOPS, por hasta 3 mil 643 claves, con una inversión de 6 mil 800 millones de dólares (mdd), el gobierno de México pretende lograr mejores precios, calidad, financiamiento y oportunidad en las adquisiciones de medicamentos.
Sin embargo, los servicios de la ONOPS, por cierto, no son gratuitos y podrían representar hasta 4 por ciento del monto a licitar, que significarían alrededor de 240 mdd, cerca de 5 mil 280 millones de pesos (mdp), por lo que habría que analizar a detalle si de verdad vale la pena hacer esta inversión.
La medida se concretó, finalmente, tras más de un año guerra abierta del gobierno de la 4T con la industria farmacéutica, a la cual acusa, sin dar pruebas de nada, de monopolizar el sector, de corrupción y de entregar fármacos a sobreprecio y de mala calidad, lo cual es totalmente falso, primero, porque no se puede meter en el mismo saco a distribuidores mayoristas que a los fabricantes de medicamentos.
Por otro lado, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le olvida que la parte de la calidad de los fármacos la valida el mismo gobierno que él encabeza, en este caso la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de José Alonso Novelo Baeza, que es la agencia sanitaria mexicana, cuyo papel ha sido tan destacado en la última década que ha obtenido reconocimientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros.
Rafael Gual Cosío, director ejecutivo de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), subrayó al respecto de esta iniciativa gubernamental que el sector esperaba que este nuevo proceso fuera justo y permitiera a las farmacéuticas mexicanas contender por la obtención de contratos en la compra de medicamentos, como se informó de último momento.
A la vez, el sector farmacéutico, por su parte, se prepara, junto a sus abogados, para emprender la que se prevé será una dura batalla legal, con el fin de tratar de impedir que el gobierno compre los medicamentos fuera del país, pues como hemos mencionado, pondría en riesgo no sólo a esta industria, sino la salud de los pacientes, pues ninguna institución internacional garantiza la calidad de los fármacos importados.
Es oportuno recordar que la industria farmacéutica es un sector tractor, pues representa alrededor de 1.2 por ciento del PIB nacional y 7.2 por iento del PIB manufacturero, además de que genera 100 mil empleos directos y 600 mil indirectos.
Este ramo económico, calificado como 'industria estratégica y prioritaria' al final del sexenio anterior, ha sido golpeado de manera sistemática por este gobierno, en particular por el primer mandatario, a pesar de su promesa de campaña de fortalecer el mercado interno y proteger las industrias nacionales.
El presidente no sólo los ha tachado de corruptos (cosa que no ha demostrado ni emprendido acciones al respecto), sino que les echa la culpa del desabasto de medicamentos en el sector salud, cuando es claro que no es así, sino más bien una pésima gestión de compra de medicamentos en 2019, donde sólo se logró firmar una tercera parte de las claves y se dejó desierto el resto, lo cual ha ocasionado todos los episodios de quejas de pacientes que hemos visto de manera reiterada a lo largo del año, en particular los de los niños con cáncer.
Cabe hacer mención que la farmacéutica es un sector que fabrica estrictamente bajo contratos; no puede ser de otra forma, porque los medicamentos tienen fecha de caducidad. En otras palabras, no es posible producir y almacenar para ver quién los compra o cuándo se venden, como ha expresado el jefe del Ejecutivo.
Empero, no es que este sector le esconda al gobierno los medicamentos en algún almacén secreto para presionar ni jugar a las vencidas, simple y sencillamente no se firmaron a tiempo los contratos, como se le advirtió en varias ocasiones. La industria farmacéutica necesita, al menos, de entre cuatro y cinco meses para poder cumplir con los contratos gubernamentales. Las consecuencias de esta mala gestión en la compra de medicamentos han estado a la vista de todos.
En este explosivo contexto, la paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) se convertirá en la distribuidora nacional de insumos médicos, según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, también vocero para la pandemia de Covid-19 en nuestro país.
La nueva distribuidora estatal de medicamentos está lista para arrancar operaciones, con un presupuesto de 50 mil millones de pesos. Su titular, David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil y exasesor de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, dice sentirse más que listo para esta gran responsabilidad. Una cosa es segura para este funcionario de la 4T: no la tendrá nada fácil.
Sala de Urgencias
A decir del Instituto Farmacéutico México (Inefam), que encabezan Enrique Martínez y José Carlos Ferreyra, cerca de 90 por ciento de las compras de fármacos en el primer semestre de 2020 se ha hecho mediante adjudicaciones directas, que propicia la opacidad, la cual en teoría se iba a erradicar en el presente gobierno.