No hace falta ser profeta para saber que pronto vendrá un desastre en la distribución de medicamentos para el sector salud en México. Tan sólo hay que juntar las piezas y no queda duda alguna: todo está dispuesto para tener una 'tormenta perfecta'.
En este espacio se mencionó la semana pasada lo que consideramos una pésima decisión gubernamental, la de comprar medicamentos en el extranjero, sobre todo porque, en primer lugar, no está garantizada la calidad ni la eficacia de esos productos, con el riesgo a la salud para los pacientes; y en segundo, porque en México existe toda una industria no sólo capaz de surtir con oportunidad al sector, sino incluso de exportar a otras latitudes.
Lo peor es que después de reformar la Ley de Adquisiciones, que permitirá realizar la compra de medicamentos e insumos médicos en el exterior, con ayuda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una nueva distribuidora gubernamental de medicamentos, vacunas e insumos médicos, la cual empezará a operar a mitad de agosto y estará encabezada por David León Romero, quien hasta la semana pasada se desempeñara como coordinador nacional de Protección Civil.
Recordemos que la compra consolidada de medicamentos realizada el año pasado, que protagonizó Raquel Buenrostro, en ese entonces oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y ahora titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), no salió nada bien, dado que sólo logró adjudicar 38 por ciento de las más de 3 mil claves que se licitaron. Todo estuvo mal, porque se realizó fuera de tiempo y no se lograron los ahorros anunciados.
No está de más decir que esa mala planeación y ejecución de la compra consolidada para este año ocasionó el desabasto de medicamentos que hemos visto a lo largo y ancho del país, como en el caso de los oncológicos para niños con cáncer, que tanto drama y sufrimiento han suscitado, lo que forzó a las instituciones de salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otros, a contratar de nuevo a los mayoristas que habían sido acusadas de corrupción por el primer mandatario.
El problema de origen, si somos claros, es que no ha sido un problema de desabasto de medicamentos, como se ha denunciado de manera reiterada, sino un asunto de compras ineficientes por parte del gobierno.
En este contexto, y en este mismo mes de agosto, entrará en operación la nueva distribuidora de medicamentos gubernamental, con un presupuesto de 50 mil millones de pesos.
Ante ello, es conveniente decir que David León Romero, el responsable de la nueva distribuidora estatal de medicamentos, no tiene experiencia en la industria farmacéutica. Es comunicólogo de formación, y antes de fungir como funcionario de la 4T fue vocero del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República y asesor de Comunicación Social de Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas.
El presidente lo presentó como "uno de los mejores servidores públicos" de este gobierno, lo cual no ponemos en duda, pero ese no es el punto, sino la falta de experiencia de este funcionario en un área tan sensible, que demanda conocimiento técnico y especialización, como es la distribución de fármacos, vacunas y suministros médicos, sobre todo en lo que concierne a la cadena de frío.
Como se dijo al inicio de esta columna, las piezas en el tablero están puestas para tener un desastre en la distribución de medicamentos, y por tanto, en el acceso a estos por parte de los pacientes del sector salud, pues además de la creación de esta improvisada y monopólica distribuidora estatal, se suma la complejidad adicional de la importación de medicamentos de quién sabe dónde, cuya calidad y eficacia nadie garantiza.
Por otra parte, como hemos advertido, del lado de la industria farmacéutica instalada en el país, existe una gran incertidumbre e inconformidad por los cambios anunciados por el gobierno mexicano, sobre todo porque estamos en medio de una pandemia que ya ha dejado, hasta el momento, 50 mil muertos, lo que ubica a México como el tercer país con más fallecimientos por Covid-19.
Así, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), entre otros, han pedido por diversos medios al presidente López Obrador que sustente sus acusaciones de corrupción, investigue y aplique las sanciones correspondientes. A la vez, los industriales aclararon que no son un sector monopólico, afirmaron que compiten con todo y desde siempre, además de que en el país existen más de 250 plantas farmacéuticas y este ramo económico genera más de 600 mil puestos de trabajo, de manera directa e indirecta.
La buena noticia es que a último momento se logró incluir a los laboratorios mexicanos en las próximas licitaciones que se realizarán bajo la supervisión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS); sin embargo, los industriales farmacéuticos se preparan con sus abogados para la que se prevé será una dura batalla legal en tribunales, y de esta manera, evitar que la compra masiva de medicamentos se realice en el extranjero.
En suma, no hay una estrategia y una ruta clara que defina el cambio en el sector salud. El pretexto ha sido un supuesto combate a la corrupción, pero en el camino se ha incurrido en compras ineficientes, adjudicaciones directas (cerca de 90 por ciento, a decir del Inefam), mucha opacidad, sobreprecios, y en consecuencia de todo ello, desabasto de medicamentos, que será una constante en 2021.
Sala de urgencias
A decir del Instituto Farmacéutico México (Inefam) cerca de 90 por ciento de las compras de fármacos en el primer semestre de 2020 se ha hecho mediante adjudicaciones directas… ¿Y la transparencia tan mencionada, apá?