De los peores sentimientos que engendra el alma son el odio y el rencor. Ambos se retuercen y perduran, y ensombrecen la existencia hasta que encuentran escape a través de la venganza –alivio natural de un espíritu dolido y enfermo: inexplicable gozo que se busca al causar en otro el mismo dolor que se ha padecido, por el sórdido placer de ver en él reflejado el sufrimiento sombrío del mal tiempo soportado.
Elevado al terreno de lo social y lo político, la venganza, como incentivo de voluntad de quienes gobiernan, puede ser el peor de los vaticinios para un pueblo, porque el ciclo de recíproco agravio entre los agresores se torna interminable, y la reincidencia perenne de la agresión impide que cualquier proyecto duradero llegue a concretarse. La venganza sólo termina, o bien con la aniquilación del enemigo –pero puede imponer a su paso un costo terriblemente doloroso y alto de pagar, o bien, con el perdón.
No encuentro otro modo para explicar y entender la sinrazón de las políticas que emprende la administración de Morena, sino la venganza. Hacer vencer un sentimiento de rencor, muy arraigado, que por medio de la venganza encuentra alivio. Provocar dolor, miedo o temor en todos los que gobernaron durante los últimos años, al destruir, sin justificación alguna, todo lo que se construyó con conocimiento y esfuerzo, porque provino de una fuerza ideológica espuria. Obligar al olvido de todo lo hecho por los gobiernos ilegítimos que arrebataron años dorados de poder ilusoriamente ganados, que no regresarán, muy a pesar de la utilidad o la modernidad de todo lo logrado.
El Presidente no gobierna sobre bases racionales; se deja llevar por pasiones añejas que no meditan sobre las consecuencias de las políticas que se emprenden, sobre su grave impacto en la supervivencia de las clases sociales en cuyo voto se apoyó para llegar al Palacio Nacional. Economía, competencia, discriminación, educación, seguridad, todos son ámbitos de la vida política del país sobre los que habla, se pronuncia, embiste y aniquila, sin tener una propuesta específica de remplazo. 'Cuarta transformación' es el emblema con que se identifica a la perversa política que busca devastar todo lo que fue construido por las administraciones que impidieron un momento de gloria, en una época oportuna.
Es una pena, no quedan ni siquiera cenizas de la figura del reformista que otrora llamara la atención desde la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México.
Pero la venganza no constituye en estas épocas un ingrediente que mueva y del que se sirva el poder en forma exclusiva. Las últimas dos semanas hemos leído, con asombro, con dolor compartido, con impotencia y mucho temor, las letras rojas que describen el artero asesinato de un juez de Distrito y su esposa, y el atentado con igual intención, ejecutado en contra del secretario de Seguridad Pública de la CDMX. Las bandas del crimen organizado han dado muestra clara de su capacidad bélica, de su poder letal, y de su clara intención de usarlo para repeler las acciones que a lo largo del tiempo han venido sufriendo en su contra. La pregunta que se deberían de formular es, ¿y después, qué?
¿Cuál es el precio que deseamos pagar y el punto al que como sociedad deseamos llegar para combatir al crimen organizado? El problema, desde su origen, se ha enfrentado equivocadamente. La lucha contra el narcotráfico, como la política de nuestros días, tampoco nació a partir de una estrategia racional debidamente planeada en la administración de Felipe Calderón. La declaración de guerra sucedió sobre la idea de una necesidad legitimadora respectiva a su propia administración. La política peregrina de patrullaje nacional espontáneo, que hemos vivido y sufrido todos, ha provocado una expansión del fenómeno delictivo que tiene al Estado contra las cuerdas.
Antes de perseguir la aniquilación de este enemigo, es un buen momento para que se mediten las acciones. El gobierno eligió equivocadamente el arma para combatirlo, y en su lucha ha provocado un desbordamiento de la violencia que amenaza la estabilidad nacional. Es preciso que, con urgencia, se redimensione la afectación social que causa la criminalidad según el tipo de delito cometido, y se replanteen las penas. La gravedad del secuestro, la trata de personas y la extorsión es infinitamente superior y más grave, que aquella asociada al tráfico de sustancias prohibidas. El tráfico de armas y su financiamiento irregular son el virus que circula por las venas por el que se nutren todas.
Frente a lo que ha venido ocurriendo en el país en términos de seguridad, la respuesta del Estado debe de ser eficaz, pero debe de ser, ante todo, inteligente y apegada a derecho. Ha sido la manipulación de este último y la incomprensión del objetivo de interés social plasmado en la norma, lo que ha provocado un combate errado que ha favorecido el fortalecimiento del enemigo. La fuerza del Estado debe de emplearse para acabar a quienes verdaderamente atentan contra el pueblo de México y la estabilidad social, y esa fuerza, a veces letal, debe de verse precedida siempre por la cauta y eficiente investigación policial.
La búsqueda para poner un punto final al sangriento combate contra la criminalidad debe constituir un motivo igualmente oportuno para provocar una meditación sobre la validez o la necesidad del fenómeno de destrucción que mueve a esta administración. Siendo válida la lucha para acabar con los grupos de privilegio que provocaron y fortalecieron el sistema de desigualdad en que vivimos, resulta francamente irracional suponer que la destrucción de las instituciones constituirá el camino de largo plazo que permita imprimir la página de laureles, con que Morena pretende escribir la historia.
Ante la escalera interminable de violencia y dolor que nos impone la venganza, son realmente el perdón en la política y el rigor de la ley contra la criminalidad, los componentes del bálsamo que pueden sanar a México.