Los eventos que tuvieron lugar este fin de semana a lo largo del territorio de los Estados Unidos de América demuestran el clima de hartazgo y frustración que arroja la inercia de un modelo político y económico que impide una sana movilidad social.
Las ventajas evidentes del sistema económico liberal alrededor de la generación de empleo, no se traducen forzosamente en un estado cierto de bienestar para una mayor parte de la población. El modelo se agota, aún ante el hecho de que la situación y solvencia de la población inconforme, sea mejor de lo que habría sido si las políticas de desarrollo se hubieran construido sobre la base de restricciones.
El problema tiene que ver con el grave distanciamiento existente entre una clase desproporcionadamente favorecida, y otra que, sin caer en un estado grave de pobreza, acaba siendo testigo de una dolorosa desigualdad que, además, incide más negativamente en un segmento de la población que se distingue racialmente.
Resulta lamentable que el momento no se aproveche por el propio gobierno de los Estados Unidos de América para corregir las imperfecciones del modelo. Pudiéndose impulsar reformas inclusivas y protocolos que erradiquen los vicios de un sistema de justicia que criminaliza a la población de color, todo apunta a que el Presidente persistirá en hacer uso de la Guardia Nacional y el Ejército para someter a la población: una auténtica cubetada de gasolina que se arroja al fuego, ya encendido, por el asesinato de George Floyd; una bandera inmejorable para demostrar la legitimidad del reclamo social.
Resulta paradójica la coincidencia de esas violentas marchas al norte de la frontera, y aquellas que pacíficamente y con tapabocas, sobre automóviles que caminaron ordenadamente, se realizaron en distintas ciudades de la república Mexicana. Para fortuna nuestra, no revisten la misma gravedad ni obedecen a la misma causa; desafortunadamente, encuentran también un origen que, de no atenderse, provocará un terrible desenlace para el progreso de México.
Morena llegó al poder por el mismo descontento social que el fin de semana estalló en los Estados Unidos de América, agravado por la inseguridad y la corrupción del gobierno. Es fácil suponer que, si Meade o Anaya hubieran sido electos presidentes de la república, habrían estado enfrentando en estas fechas, fenómenos parecidos en el territorio del país.
En el fondo, el modelo económico aplicado en México, habiendo dejado numerosos empleos y bienestar, ha sido indolente, desde un punto de vista político-social, con una buena parte de la sociedad mexicana que no encuentra en él una vía para superar la pobreza y gozar de un mismo acceso a un ámbito de crecimiento que premie el esfuerzo y la capacidad.
El fenómeno de la movilidad social en México siempre ha sido inflexible y se ha ahondado más en agravio del segmento más autóctono de la población: su clase indígena, la más marginada. La acumulación histórica de pobreza, desde la voz de Morena, podría haber impulsado un movimiento de grave rebelión y violencia que habría reventado el estado de paz nacional y nuestro marco constitucional.
En el caso de México presenciamos dos fenómenos que acontecen exactamente al mismo tiempo, que sólo podrán resolverse si se armonizan a través de un plan de gobierno que las perciba correctamente: economía y movilidad social.
Las marchas y peticiones para que el Presidente dimita del gobierno, encabezados por el movimiento FRENAAA, no expresan una oposición a la lucha contra la inseguridad o la corrupción. Es falso, como lo asegura Andrés Manuel López Obrador, que la gente persiga la conservación de 'privilegios' –cualquiera que esos fueran.
Él llegó al poder por un voto de la mayoría de electores, que perseguía un cambio estructural, que beneficiara la erradicación de una corrupción endémica, que trastoca no solamente al gobierno, sino a todo el tejido social. Morena llegó con un mandato de privilegiar el impulso de políticas públicas que flexibilizaran ese fenómeno de inmovilidad social, que permitiera construir un 'piso parejo' para todos en el que se premie el trabajo y la capacidad.
Desde Palacio Nacional se ha confundido el mandato recibido, y se ha volcado un reclamo social al terreno de las políticas impulsadas a lo largo del tiempo para dar estabilidad a la economía. Se vienen alterando los cimientos de una democracia naciente que, en el campo de la generación de empleo, era beneficioso para todos y empezaba a rendir frutos.
Mientras que la marcha en los Estados Unidos persigue acabar con la desigualdad por virtud de un modelo político y económico que continúa siendo racista, la de México buscó solamente llamar la atención de un gobierno que, habiendo llegado al poder por la misma razón de injusticia social –que lamentablemente no ha sabido atender–, asume decisiones de política económica que amenazan con dinamitar al aparato productivo en su totalidad, en perjuicio de todos.
Alguien podría abonar mucho al nuevo proyecto de nación si le pasaran una nota al Presidente, en la que le expliquen cómo, para corregir los problemas de desigualdad nacional que atinadamente identificó en su discurso y en su campaña, debió enfocarse en la educación, en la erradicación de la corrupción, en la protección del trabajo y la correcta administración de una más sana recaudación. Díganle que le haga un favor a su partido, conservando la estructura jurídica y de gobierno que facilita la inversión y detona la generación de empleo, porque esa no está peleada con los pobres. Ningún mexicano debe perseguir limosnas.