Plurinominales y otras alternativas

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Ante la grave dimensión de la devastación que produjeron los temblores del 7 y 19 de septiembre pasado, el desafío que encuentra la administración tiene que ver con la gestión eficaz del presupuesto para lograr dos objetivos apremiantes: una pronta reconstrucción de las zonas dañadas, y la organización sexenal eficiente del proceso electoral del 2018.

Desde la semana pasada se compartió una propuesta del PRI, que busca atender la necesidad de recortar gasto para enfrentar la urgencia anterior. La idea plantea la desaparición de los diputados de representación proporcional, también llamados plurinominales, que ocupan un total de 200 curules de las 500 que en total corresponden al número de representantes populares que integran la cámara baja del Congreso de la Unión, que significaría un ahorro equivalente a 3 mil millones de pesos según cifras aparecidas en el Presupuesto de Egresos de este año.

Antes de aplaudir dicha iniciativa, que deleita a los oídos de quienes encuentran en ella un elemento basal de una retórica electoral, dirigida a una masa poco documentada sobre la importancia de la función parlamentaria, es menester calcular la afectación que tan simbólico ahorro puede llegar a tener en la conformación de nuestra República Democrática.

Aunque no se reconozca, la función encomendada a los plurinominales es vital, tanto desde un punto de vista conceptual -porque son representantes de una minoría política nacional-, como desde un punto de vista objetivo y funcional, -porque frecuentemente son depositarios de la responsabilidad superior inherente a discutir la validez científica de las leyes que expide el Congreso-.

En su calidad de representantes populares, todos los diputados tienen el deber de actuar como vehículos de entendimiento de los problemas que aquejan al país, así como generadores de ideas para concebir y discutir normas obligatorias que sirvan para resolverlos, siempre suponiendo al desarrollo de la economía y el progreso como instrumentos imprescindibles para mejorar el bienestar de la generalidad.

El proceso legislativo entraña esas tres etapas relacionadas con la creación misma de las normas jurídicas: la cercanía con la sociedad para comprender sus necesidades; la capacidad discursiva para debatir las leyes; y la experiencia y entendimiento de la profesión jurídica para proponer las mismas.

Los plurinominales están ante todo insertos en el último eslabón de la cadena, y deben ser un factor esencial para dar voz a favor de aquellas minorías cuya votación fuera insuficiente para gozar de un representante parlamentario de mayoría. Habría que incorporar candados para impedir el uso de la posición plurinominal para beneficiar a individuos impreparados o corruptos.

La urgencia que arrojan los fenómenos de la naturaleza nos ofrece una oportunidad inmejorable para hacer un ajuste estructural a los Poderes de la Unión, quizá comenzando por el Legislativo, que es el más desgastado y desprestigiado de todos. Sin embargo, éste no tiene porqué interferir con un factor primordial que en nuestra experiencia reciente se ha conquistado y resulta de absoluta importancia para nuestra convivencia pacífica: la democracia.

Propuestas hay muchas, que parten de un principio muy claro: Existe una diferencia contundente entre discutir diariamente los aspectos que conforman la agenda política nacional, en la que se ven involucrados los partidos políticos, y la función constitucional de expedir leyes. El Legislativo es muy caro, porque en función de su actividad cotidiana es muy numeroso; aunque paradójicamente, se ve colmado de trabajo cuando tiene ante sí el reto de aprobar las leyes.

Se adelantan así los que proponen la desaparición de los plurinominales, lo que nos parece descabellado y contraproducente. Alzan la mano, también, los que hablan de la conveniencia de reducir el número de legisladores en ambas cámaras, reforma que nos preocupa, por el costo que entraña un empoderamiento superior a favor de los remanentes.

Llegará el momento, muy pronto, en el que posiblemente este punto se delibere, y con la única voluntad de evidenciar la sana posibilidad de diseñar ideas, ante la necesidad de desaparecer el costo que atañe al mantenimiento de nuestra clase política, se nos ocurre lo siguiente:

Cuando el legislativo está en receso, lo sustituye una Comisión Permanente, en el que la agenda política nacional se atiende diariamente y en el que cada uno de los partidos fija su postura con relación al acontecer de México. Esa ventana de discusión debe de existir siempre.

Sin embargo, en el momento en el que un proyecto de ley se debe discutir, la Comisión Permanente convoca a los legisladores, que acuden ante la convocatoria con la finalidad exclusiva de discutir y votar el dictamen de la ley de que se trate, previamente elaborado por las comisiones.

Me pregunto, ¿Acaso no podría ser ese un sistema de trabajo permanente del Poder Legislativo de la Unión? Podrían elaborarse los dictámenes de ley en comisiones, atendidas por profesionales del derecho técnicamente seleccionados, coordinados por un grupo menor de políticos numerarios que integren la Comisión Permanente a quienes se les pagaría una justa remuneración por su servicio a la Nación. En el momento en el que el dictamen se elabore, podría convocarse a diputados y senadores eventuales, dedicados a sus propias actividades personales, a quienes no se les tendría que pagar un sueldo, que podrían acudir en el momento oportuno para discutir y votar las leyes.

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México fue un ejemplo sobre cómo, profesionistas y personas ilustres independientes, pueden dedicar honrosamente una parte de su tiempo a discutir las leyes de mayor interés del país, sin que ello suponga un costo presupuestal extraordinario, que bien podría canalizarse hacia otras actividades estructurales más importantes para nuestro desarrollo.

Es una época en que se precisa poner alternativas sobre la mesa.

Twitter: @Cuellar_Steffan
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