Señala el refrán que, después de la tempestad, viene la calma; un dicho que llevado a los tristes acontecimientos ocurridos en Torreón la semana pasada, se puede traducir en el necesario advenimiento de la resiliencia y la reflexión, una fase de sanación que ha de llegar después de este episodio relativamente novedoso en las escuelas de país: el de la aparición de tiroteos masivos en los centros educativos. Un hecho terriblemente desafortunado para todos.
Inmersos en ese proceso, quizá, se ha venido compartiendo a través de las redes sociales un diagnóstico y la recomendación de un especialista en neurología pediátrica, cuyo contenido serio y profesional nos mueve a la meditación: el fenómeno de aislamiento que provoca el uso exagerado de teléfonos y juegos de video por parte de los menores, y un sedentarismo inusual en el que ha quedado inmersa esta generación de niños asediados por la violencia, en un marco de desatención, tolerancia indebida y falta de límites, y la carencia de cuidado e interés en los aspectos íntimos y personales del menor por parte de los padres, provoca deterioros graves a la salud mental de niños mexicanos.
El hecho de que un desbalance de esta naturaleza haya cobrado la vida de dos personas y la integridad de otras seis, la semana pasada, debe sacudirnos y motivarnos para buscar y encontrar ideas que ofrezcan alguna solución a un fenómeno que, de coincidir en sus orígenes con el diagnóstico comentado y que se pregona, podría generar una o más réplicas. No debe pasar inadvertido que el joven responsable de la matanza del Colegio Cervantes vestía una camiseta alusiva a un videojuego (Selección Natural), y que sus últimas palabras hicieron eco a una matanza similar ocurrida en Columbine, Colorado, Estados Unidos de América (1999), crimen que pretendió emular y del que forzosamente se debió enterar a través de noticias difundidas por la televisión o por el internet.
En el ejercicio del derecho de los niños a estar informados, fácilmente podemos advertir que las nuevas tecnologías están provocando un baño asfixiante de información que acaba por producir en mentes jóvenes un mar de confusión y estrés, al que cualquier niño no debería de estar sujeto.
Es en ese contexto en el que la conformación de nuestra sociedad debe provocar una redimensión de obligaciones concomitantes a todas las prerrogativas del niño así contenidas en Convenciones Internacionales, imputables no solamente al Estado mismo, sino al núcleo social más íntimo al que cada uno de ellos pertenece: su familia.
El derecho humano a la educación del que es titular todo menor, es correlativo a una obligación imputable a cada padre, de proveer esa educación y velar porque ésta sea de calidad, sujeta a principios de sanidad esencial, no sólo en su aspecto físico exterior, sino aún más importantemente, en el aspecto mental o interior. La formación en los valores se halla en el hogar.
Sabedores ya del alcance potencialmente nocivo que puede llegar a tener una exposición descontrolada del menor a escenarios de violencia, de cualquier tipo que ésta sea, difundidos en la televisión, en el internet y a través de juegos de video, deben tomarse medidas que responsabilicen a sus padres de lo que los hijos ven y utilizan cada vez que acceden a dichas plataformas tecnológicas de información. No hablamos de imponer al comercio la prohibición absurda de vender videojuegos violentos, sino más bien, la de restringir esa venta a personas adultas a quienes la ley encomiende el cuidado y la formación de un niño.
Del mismo modo en que una autoridad escolar es responsable de lo que ocurre en las aulas con relación a un niño, todo padre debe asumir la responsabilidad legal atinente a los hechos generadores de violencia que lo agravien mientras ese menor se encuentre bajo su custodia.
La venta de videojuegos es y debe seguir siendo libre para cualquier persona que desee adquirir alguno de ellos, porque algunos producen inclusive conexiones neuronales beneficiosas para las personas; sin embargo, dentro del universo de aquellos existentes, algunos ostentan una clasificación que es propia para adultos, que no deben quedar a la disposición libre de un niño, por su contenido y efectos inapropiados. Se debe lanzar la iniciativa que contemple el establecimiento de responsabilidad a cargo de los establecimientos que vendan esos videojuegos a menores, para impedir dicha venta, y restringir la venta al involucramiento de un adulto, quien asuma las consecuencias que puedan provenir de entregárselo al menor.
De la misma manera en que la ley prohíbe la venta de alcohol o cigarros a menores de dieciocho años, o del mismo modo en que la ley prohíbe el acceso de un menor a ciertos espectáculos o a obras cinematográficas no aptas para ellos, e impone castigos al establecimiento, podría ser el momento en que se tomen cartas para imputar responsabilidad sobre la adquisición de videojuegos no aptos para niños, en establecimientos o, inclusive, a través de compras en línea, a los familiares adultos a quienes la ley o las circunstancias atribuyan su formación y cuidado.
El Estado, por su parte, en el caso de México, tiene la obligación -hace mucho tiempo incumplida-, de recuperar los espacios públicos a los que está vinculado el bienestar físico y social de los niños mexicanos, a través de ejercicio al aire libre, una actividad que aseguraría para ellos una existencia digna, similar a la que tienen todos los niños en prácticamente todos los países desarrollados del mundo -y aún los subdesarrollados-, salvo los que están en guerra…y, obviamente, el nuestro.