Investigadores, policías y buenos abogados
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Investigadores, policías y buenos abogados

08/01/2019

El robo de gasolina constituye un crimen de relativa novedad, que cobró una importancia insospechada a lo largo del sexenio pasado. No es un problema menor y no se podía esperar sino una respuesta contundente del Estado, si se parte de la base de que la víctima del delito es la Empresa Productiva de la que depende el mayor flujo de recursos del Gobierno Federal. Esa razón motivó que se reformara la ley y se expidieran múltiples puntos de acuerdo en el Congreso General, que persiguieron la condena unánime de los partidos políticos y el agravamiento de las penas y sanciones en contra de las bandas que lo cometen, que por ello se insertan dentro de los procesos para el castigo judicial de los crímenes más graves que ameritan prisión preventiva.

Habiendo sido categórico el pronunciamiento de todos los agentes de la política y la sociedad civil en contra del huachicoleo, la respuesta de las Procuradurías y policías encargadas de perseguirlo y castigarlo ha sido errada y desorganizada. Las bandas continuaron perpetrando el robo y la violencia alrededor de la organización de la actividad delincuencial vino a cobrar víctimas mortales, que se sumaron a la letanía de actos violentos que acaparan las primeras planas y engrosan las estadísticas de muertos desde hace una quincena de años. El fenómeno se desbordó y acabó con la tranquilidad en la región centro-oriente del país.

La decisión del Presidente López Obrador, de ordenar al ejército intervenir en las refinerías más importantes con la finalidad de impedir la continuación de la actividad criminal es meritoria, como quiera que se vea, pues demuestra la convicción de actuar en su contra, sin importar cuál sea el costo que se deba pagar. Sin embargo, por patriótica o bien intencionada que pueda ser la medida, no puede soslayarse que con la misma ambición se inició la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón, y los muertos se siguen apilando. Acabar con el huachicoleo no se soluciona con cerrar la llave de los sistemas de transportación del combustible, y nueve Estados de la República ya dan cuenta de los efectos perniciosos de la idea.

Como en todos los casos, la falta de involucramiento de las autoridades ministeriales encargadas de la investigación y acusación criminal, deja a la vista la absoluta inexistencia de un auténtico Estado de Derecho en México. Si no se identifica a los sujetos que lo realizan, el modo u operación delincuencial, su comercialización o destino, y el mecanismo y modo de aprovechamiento de los recursos obtenidos, y además se recaban las pruebas para soportar una acción penal contundente contra todos los que estén involucrados en la cadena de esas acciones ilícitas, que pueda dar lugar a sentencias condenatorias que los conduzcan a pagar penas mediante la privación de su libertad, seguiremos hundidos en la misma miseria de irregularidades e incertidumbre en la que sobrevivimos todos los días. La mano fuerte del Estado está en el sistema de justicia, y ésta se encuentra sometida al vituperio de los altos salarios.

Haber involucrado al ejército en la solución del problema, de la misma manera en que sucedió hace doce años cuando se inició la guerra contra el narcotráfico, se aprecia como un error grave con distintas implicaciones negativas, para aquél y para todos los mexicanos.

Un problema lo es el hecho de que el ejército no se haya formado, ni tenga tampoco la capacitación técnica, para operar o mantener la seguridad al interior de las instalaciones de PEMEX, Empresa Productiva del Estado. Los desatinos que puedan llegar a haber en la producción o transportación de gasolina durante los próximos días, habrán de ser endosados, indebida y peligrosamente, en contra del ejército mismo. Una de nuestras más importantes instituciones acabará por pagar los platos rotos, que provendrán del hartazgo de la sociedad que no recibe el abasto de este recurso esencial para su existencia. Ya lo estamos viendo.

Otro problema lo es el hecho de que, al involucrarse al ejército, se ejecuta por la vía de los hechos una iniciativa que, en estricto sentido, todavía no se ha terminado de discutir y materializar, al conceder a la Defensa Nacional facultades de policía que, en su caso, deberán de pertenecer y se asumirán por la Guardia Nacional. Se cumple una ley que no existe, y se sujeta a una Empresa estatal a un estado de sitio, de facto, con relación al cual al Congreso no le ha sido participada en forma alguna la resolución inesperada y claramente inconstitucional del Ejecutivo.

La idea que más perturba tiene que ver con la posibilidad de que, con este ánimo fundamentado en el combate contra el huachicol, se legitime a favor de las fuerzas armadas del país la asunción armada del control de la principal fuente de ingresos del Gobierno Federal. A sabiendas de que ese no es el objetivo de la empresa, ni esa es la capacidad técnica de su nuevo operador, ¿Qué peligros se correrían para el caso de que los fondos que sea obtengan se distraigan para beneficiar a quienes ostentan el poder de control con relación al combustible que se distribuye a nivel nacional? ¿Quién y cuándo les va a dar la orden para que se retiren?

El oro negro ha sido siempre un elemento corruptor de cada administración, especialmente desde los años setenta. A ningún mexicano le conviene que el ejército y las fuerzas armadas estén sometidas a cubrir una tarea que no le compete, encargadas de vigilar un recurso económico que todo lo que toca lo descompone. Resulta imperativo, constituye una cláusula de salvaguarda para nuestra democracia, que la tarea que le ha sido encomendada al Ejército termine lo más pronto posible.

Como en el caso de la lucha contra el narcotráfico o el secuestro, o como el combate contra el crimen organizado, sería deseable escuchar noticias claras y alentadoras de impulso y consolidación de nuestro sistema de procuración de justicia. En el concierto de la protección a los Derechos Humanos, a este y a cualquier gobierno constitucional y democráticamente establecido, no le quedará otro camino para acabar con la criminalidad, que aquel establecido por la Ley. Es una buena hora de formar investigadores, policías y buenos abogados.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.