Decadencia de los contrapesos
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Decadencia de los contrapesos

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Decadencia de los contrapesos

16/07/2019

A lo largo de las últimas décadas, la posición antagónica que ha asumido la izquierda en la deliberación y ejercicio político parlamentario ha sido fundamental para permitir la consolidación de un sistema normativo que ha guardado balances y que permitido la construcción del México que aspirábamos a ser, competitivo e incluyente. La fuerza de la oposición se materializa en una sociedad cada vez más democrática.

Es verdad que falta mucho por lograr y que las lagunas legislativas han permitido la consumación de graves crímenes en contra del patrimonio del Estado, lo que se traduce en un grave lastre que obstaculiza una distribución equitativa de la riqueza. Pero nadie puede negar que nuestro país progresa.

Más allá del lamentable resultado de las malas prácticas gubernativas, el punto en el que nos enfocamos hoy es precisamente el de la posibilidad ya consolidada de que los partidos opositores al gobierno cumplan una función que resulta vital para todo Estado moderno: un contrapeso que permite evitar los atropellos y el autoritarismo por parte del partido gobernante.

La división de poderes y la defensa a la libre expresión de las ideas, a través del fuero y la autonomía de los órganos encargados de administrar los bienes de la nación destinados a la propagación de señales eléctricas que confieren a los concesionarios la autonomía real de la que depende la libertad de expresión, han sido pasos sólidamente dados que han conformado un sistema de gobierno mayoritariamente plural y democrático, bien enfilado en el rumbo de lo que debe de ser, según lo demuestra el funcionamiento de sistemas democráticos bien afianzados.

El problema de no llevar a cabo actos dirigidos hacia ese destino se traduce en una fórmula que los mexicanos ya conocimos y ya vivimos, el de la autocracia y el autoritarismo, con descalabros que cobran víctimas a través del abuso de los derechos humanos o, como es más posible, de los desatinos en la toma de decisiones políticas o administrativas vinculadas con la marcha de la economía nacional.

Las decisiones ya tomadas por parte de esta administración con relación a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México son por sí mismo polémicas, no sólo por la determinación de la conveniencia entre realizarlas o no en determinado sitio, sino más bien, por lo que implica en términos del uso de recursos públicos, tanto por lo que entraña la decisión de dilapidar casi el 40% de los recursos empleados para la construcción del aeropuerto que ya se venía llevando a cabo en Texcoco, como lo que implica el uso de más recursos para iniciar una nueva obra en Santa Lucía.

Su carácter polémico obliga a que la ciudadanía participe y opine y, por qué no, ejerza los derechos que le confiere la Constitución y promueva el Juicio de Amparo que tiene por objeto la tutela de derechos humanos vinculados, entre otros temas, con el de la vigilancia y control de obras que pueden dañar el medio ambiente.

Ha sido sorpresivo y vuelve a incidir negativamente en la percepción que la mayoría de los mexicanos e inversionistas tienen con relación al Presidente López Obrador que, al hablar del tema del Aeropuerto, éste arremeta en contra de los jueces que han concedido medidas de suspensión que impiden el avance de la obra y amenace con revelar sus nombres, como si de delincuentes se tratara. No es la trascendencia real contra el funcionamiento de la división de poderes, sino lo que su pensamiento lleva implícito y sus potenciales consecuencias.

El respeto por la independencia del Poder Judicial y la división de poderes, constituye un valor en el ejercicio de la función republicana delegada en el Titular del Ejecutivo, por el que él mismo debiera luchar, si se toma en cuenta que fue en función de dicha autonomía que él, siendo candidato a la Presidencia de la República, pudo avanzar en su propósito de alcanzar el poder.

El problema se ha tornado más grave aún, porque no solamente las acciones del Ejecutivo minan la independencia del Judicial, sino que ahora, como se ha visto a lo largo de las últimas semanas, existen amenazas ciertas y materiales en contra de quienes se dedican a la labor de informar o, como en el caso de este espacio, opinar alrededor de las acciones que lleva a cabo el gobierno.

Muchos periodistas y líderes de opinión como Pablo Hiriart, Héctor de Mauleón o Guillermo Sheridan, especialmente, han resentido una persecución que ha dejado de der virtual para convertirse en una amenaza real en contra de su seguridad e integridad personal, con el propósito cierto de silenciar sus ideas y la visión crítica con relación a los actos del gobierno.

Salvo en el caso del primero, no podríamos comprobar que se trata de dichos o acciones personales del Presidente de la República, pero son ejercicios indudables de fuerza de un movimiento que no acepta en modo alguno una visión diferente de una política que se quiere imponer, y que opaca y destruye a cualquiera que se le opone, un motor totalitario.

La eliminación potencial de los contrapesos genera desconfianza y perjudica al futuro de México. Sería una posición sabia y muy justa de una actora tan importante como la Secretaria de Gobernación, con una trayectoria destacada en la abogacía y en los tres poderes, la de intervenir para defender al Judicial y condenar oficialmente los ataques en contra de la prensa nacional. No se puede soslayar el hecho de que es la misma Secretaría a su cargo la que guarda una relación jurídica constante y oficial con los medios de comunicación, y el respeto por su independencia lo garantiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

En el interés de todos los partidos políticos se encuentra la defensa de los contrapesos del poder. Si es deseo del Presidente de la República pasar a la historia como Madero y no como Díaz, debe revisarse la historia y valorar qué está saliendo mal.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.