Los tiempos que atraviesa la humanidad son controvertidos, no sólo por el desbordamiento del crecimiento demográfico y los movimientos migratorios, o por el calentamiento del planeta y sus efectos en el ámbito alimentario y de supervivencia, sino también, en buena medida, por la manera beligerante en la que se asumen las cosas y enfrentan los problemas. Vivimos en una época en la que nuestra sociedad se aleja de la conciliación y se acerca recurrentemente a la judicialización de las diferencias.
La inexistencia o la deficiencia de los mecanismos legales que faciliten una resolución amistosa de los conflictos en que los individuos nos vemos inmersos resulta lamentable porque consiguientemente nos vemos conminados a conducir nuestros conflictos hacia el camino de las resoluciones binarias, en las que una persona es absuelta y otra condenada, sin colores grises intermedios, que recomponen el tejido social.
El inicio del presente sexenio se vio indeleblemente marcado por una decisión arbitraria del Presidente de la República, que tiene y seguirá teniendo un alto impacto en la credibilidad del país como un destino de la inversión productiva, en su competitividad, en su economía, pero sobre todo, en la credibilidad de sus instituciones: la cancelación del proyecto de infraestructura que jamás había sido concebido, a mano alzada y sin miramiento de sus terribles consecuencias, el NAIM en Texcoco.
El capricho presidencial, el arrebato irracional de quien dirige al país fue tan grande y contundente, que el rompimiento inmediato del diálogo con una buena parte de la sociedad que veía en el propio proyecto una imagen de país, impulsado hacia escenarios de competitividad internacional, se ha visto gravemente dañado desde ese momento.
Ante la inexistencia de cualquier procedimiento conciliatorio que permitiera una resolución lógica y consistente, que de manera expedita restituyera el derecho social a la ejecución de un proyecto técnica y económicamente viable, se detonaron los procesos de defensa ante el Poder Judicial de la Federación por quienes, con la representación de la colectividad, identifican en éste el espacio de resguardo de nuestros derechos humanos y el contrapeso a las arbitrariedades del resto de los poderes constituidos.
Es en el seno de los diversos Juicios de Amparo que se han promovido que, con apego a la ley, se han concedido medidas suspensivas que persiguen, ante todo, conservar la materia del juicio y hacer viable la restitución de un derecho, si llegado el momento, los Tribunales descubren un acto arbitrario en contra del cual conceder la protección de la Justicia a favor del gobernado.
Resulta extraño y preocupante que existan y se impulsen ideas para dar al proyecto de Santa Lucía una cualidad especial, de interés público, con el propósito de esquivar las consecuencias de las medidas de suspensión judicial que obstaculizan su continuación, ya que pensamientos como ese nutren el universo de tesis que encuentra en este gobierno, un régimen autoritario y dictatorial. ¿Acaso es esa la verdad?
Más descabellada resulta entonces la iniciativa senatorial que propone la imposición de penas en contra de abogados que, en el ejercicio de la profesión y en el amparo, ofrezcan documentos o testigos falsos que entorpezcan o dilaten la resolución de un juicio.
La propuesta es inconducente porque los delitos en el ámbito de la impartición de justicia, ante la presentación de pruebas falaces, o por la afirmación de hechos falsos u ocultamiento de antecedentes relevantes que incidan en el juicio, para ofrecer alguna ventaja procesal a los litigantes, ya existen. La iniciativa pretendería sancionar, hasta con cárcel o con la imposición de una pena trascendente, como lo sería la de no poder ejercer libremente una profesión, a aquel abogado que mediante el ejercicio lícito de un derecho procesal reconocido por la ley, coloque al gobierno en una posición de parálisis administrativa por impericia o ignorancia de los abogados del Estado.
Las ideas de la Cuarta Transformación alrededor de la supresión de los derechos del gobernado para combatir un acto autoritario del Estado son obsoletas. Se plantean ante la desesperación y afectadas de una ceguera imperdonable. La abolición de la institución del amparo, para favorecer un propósito propio, podría tener repercusiones en el futuro de inconmensurable trascendencia, en perjuicio de toda nuestra sociedad. ¿Será que a la izquierda en el poder se le olvidó muy pronto que fue oposición, y que fatalmente deberá volver a serlo en algún momento?
Una idea que sería congruente con la plataforma ideológica que pregona conllevaría a la organización exitosa de consultas populares, para la realización de foros en los que se materialice con viveza la democracia participativa directa, legítima, que podría proyectar a México por mejores linderos.
Las herramientas para acabar y terminar con la corrupción están previstas en la ley, no hace falta modificarla. La dolencia de buenas ideas para impulsar el crecimiento, y de mucho mayor inteligencia para entender la importancia que tiene la protección de nuestras instituciones, como el Amparo, aparece como un bandazo que demuestra la incapacidad y la improvisación de algunos de nuestros legisladores.