El concepto de movilidad es equívoco. Siendo quizá la acepción más evidente la relativa a los aspectos inherentes al tránsito y la accesibilidad al transporte, el desplazamiento de la ciudadanía y la sustentabilidad ecológica de los medios que el individuo utiliza para llevar personas o cosas de un lado a otro; su entendimiento jurídico y político es mucho más amplio. La movilidad entraña, desde una perspectiva social, la consolidación de un conjunto de condiciones de las que puede depender la capacidad de la gente para mejorar su calidad de vida y condición económica: el mejoramiento de la educación y de la ocupación, como vehículo generador de riqueza y progreso personal.
La Constitución contempla en su artículo 4º el Derecho Humano a la movilidad; pero la interpretación judicial del precepto es inexistente en este apartado, y más bien aparecería relacionada con la primera perspectiva vista en el párrafo anterior, la de la movilidad física.
El derecho al progreso de la sociedad, desde esta perspectiva humana que hoy nos interesa, más bien tendría que sustraerse de la interpretación de otras disposiciones constitucionales relevantes: los artículos 1º y 2º, que entrañan derechos de igualdad para las personas; el artículo 3º, que concede un derecho humano a la educación; el artículo 5º, en el que se contempla la libertad de trabajo; los artículos 25, 26 y 27, que contemplan los derechos sociales al desarrollo y el pleno reconocimiento del derecho a la propiedad privada; y, desde luego, el artículo 123 constitucional, base fundamental de los derechos y garantías de los trabajadores y las uniones que los representan.
El artículo 3º en el que se habla del derecho a la educación y se establecen las bases para que el Estado la garantice, deviene en un precepto esencial para el desarrollo de las personas, como también un cimiento especial sobre el cual se puede edificar la sociedad mexicana. La educación es precondicionante de otros derechos humanos sin los cuales, aquellos no tendrían razón de ser. Evidentemente, qué podría decirse del derecho al ejercicio profesional sin la preexistencia de la educación superior; cómo podría entenderse el derecho a la vida democrática de México, sin educación escolar; cómo podría hablarse del derecho a la cultura y el derecho a la información, el derecho de acceso a las plataformas tecnológicas, sin educación básica.
La educación es la piedra angular sobre la que descansa la movilidad social. Es por ello que, en nuestro sistema constitucional, cifrados ahora en el principio preeminente que obliga a toda autoridad a velar por el interés superior del menor, la elección de buenos libros de texto no constituye una bondad gubernamental; no es un privilegio anexo a cualquier programa de asistencia social; no materializa el ejercicio de facultades legislativas concedidas a la Secretaría de Educación Pública: la expedición de libros de texto de calidad constituye un derecho humano de los niños de México; una auténtica garantía a la educación y a la movilidad tutelada por el artículo 3º constitucional; y, por consiguiente, una obligación irrenunciable exigible con plenitud a los órganos del poder público competentes, encargados de velar por su redacción, impresión y oportuna distribución.
Como obras con contenido educativo tan trascendente, los libros de texto deben ilustrar información, datos y pensamiento, no solo seleccionado científicamente, sino también soportado en una realidad apreciada y calificada tanto por pedagogos como por técnicos y especialistas en cada una de las ramas del conocimiento sobre los cuales dichos libros han de ser redactados, según el grado de madurez intelectual de esos niños: matemáticas, ciencias naturales, español, ciencias sociales. Los libros de texto deben servir para educar y transmitir a los niños de México, los valores y principios nacionales a los que alude la Constitución y sobre los que tratan los programas educativos. México no se debe reinventar cada sexenio en función del pensamiento o corriente política liderada por sus gobernantes.
Resulta lamentable que haya una pretensión de sembrar, en libros de texto gratuitos que se distribuyen en las escuelas primarias de todo el país, públicas y privadas, conocimientos equivocados o, peor aún, ideologías con las que podría estar ligado un sector de nuestra población, pero que carecen de un rigor pedagógico que pueda conceder a nuestros niños una herramienta eficaz para lidiar con la competencia y retos que enfrentarán en un país más económicamente integrado, y un mundo cada día más globalizado.
No puede dejar de ser preocupante observar cómo, niños de primaria en Asia o Europa estarán estudiando conocimientos sobre el átomo, las matemáticas aplicadas y la computación, mientras en nuestro país estarán inmersos en el descubrimiento de una sexualidad precoz que no abona a la preparación y capacitación que deberán tener para enfrentar los retos que se ven en el horizonte.
Dos temas prevalecen en la preocupación de inversionistas extranjeros que ven en México el siguiente espacio en la integración de América del Norte: la seguridad y la capacitación laboral.
El primero se encuentra lejos de tener una solución de corto, mediano o largo plazo. El segundo, debiendo ser más fácil de atender, parece alejarse de las expectativas que el mundo entero tiene puestas en nuestro país.
Una vez más, en el camino que se ha emprendido para atender la obligación constitucional de imprimir y repartir libros de texto de los cuales depende el cumplimiento de los principios y derechos que consagra el artículo 3º constitucional en materia de educación, los mexicanos quedaremos sujetos, realmente, a la protección y al amparo que podrá brindarnos, únicamente, la Justicia Federal. La movilidad social de las futuras generaciones de México, está a expensas de lo que digan los jueces, y no del respeto que nuestras autoridades educativas debieran tener por la misma Constitución. El derecho fundamental, un posible monumento a las letras muertas.
El autor es abogado especialista en materia constitucional y amparo.